Por Antonio Tardelli (*)

Desde hace años se advierte en Entre Ríos un notable emparejamiento entre empleo público y empleo privado. Hay un agente público por cada asalariado del sector privado. No parece una relación sostenible y cada tanto se discute si esa ecuación es causa o consecuencia del estancamiento.

Otra dimensión del problema es la comparación entre las remuneraciones que liquida el Estado y las que abona el sector privado. Aunque el gobierno presenta una enorme disparidad en sus salarios, se puede pensar perfectamente que en muchas ciudades de Entre Ríos el horizonte más promisorio es un cargo en las estructuras oficiales.

Un informe elaborado recientemente, y que tuvo como disparador un pedido de informes formulado por legisladores de izquierda, revela que los empleados del Estado Nacional (lo que por supuesto incluye a los agentes del Poder Judicial) ganan mucho más que las personas que se desempeñan en relación de dependencia en la actividad privada.

Hay diferencias, desde ya, entre actividades y categorías. Pero en promedio se pudo establecer que quien trabaja en el sector público gana el 27 por ciento más que el que trabaja en el sector privado.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las remuneraciones brutas totales del conjunto del sector público nacional alcanzaban en marzo un promedio de 108 mil pesos (en números redondos) mientras que en el sector privado registrado el haber medio apenas si orillaba los 85 mil pesos.

¿Dónde trabajan los mejor retribuidos en el gobierno? En el Poder Judicial, en el Congreso, en los bancos y en las empresas públicas. En la Justicia el sueldo promedio es de 247 mil pesos; en los bancos públicos, de 243 mil pesos; en las empresas estatales, de 128 mil pesos.

¿Dónde están en el sector privado quienes más ganan?

Se hallan en sectores como la pesca, la explotación de minas y canteras, el suministro de electricidad, gas y agua, el transporte y la intermediación financiera. En las compañías mineras el salario promedio es de 250 mil pesos. En las proveedoras de servicios públicos, de 190 mil pesos.

¿A quién mal paga la Argentina? ¿A quién manda al fondo en materia salarial?

La decisión no luce justa ni inteligente: a los docentes. Los haberes de los educadores, que en promedio ascienden a 47 mil pesos, se ubican entre los más modestos de la economía.

Estancada y pobre, la Argentina exhibe además enormes brechas de desigualdad. Las inequidades afloran por doquier, incluso entre quienes, se desempeñen en el Estado o en la esfera privada, permanecen dentro del sistema. Ejemplo de brecha es la que separa a un docente de 45 mil pesos con un magistrado de 800 mil.

Pero hay también diferencias no tan amplias, no tan groseras, que han nacido de privilegios instalados o de conquistas que, justas, colocan a otros trabajadores en situación de desventaja. Hay un sinfín de disparidades que convierten al Estado en un pagador muy desordenado, carente de criterio.

Es evidente que deben ser discutidas las actuales proporciones de empleo público y privado. Todo debe ser repensado. Incluso, si sucediera, para llegar a la conclusión de que los guarismos actuales expresan lo único posible. Mientras tanto, los malos gobiernos se vuelven expertos en crear empleo público y no trabajo privado. En el peor de los casos, incluso, lo que hacen con el empleo privado es destruirlo.

Las remuneraciones expresan inequidades que generan irritación y fastidio. El cuadro general, en el sector público y en la actividad privada, parece el resultado de sucesivas distorsiones, una arriba de la otra, que paulatinamente fueron poniendo todo patas para arriba de modo de terminar configurando un cuadro de ingresos que luce inadecuado e irracional.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS