Por Federico Delgado (*)

El martes que viene los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 darán a conocer su decisión en la causa denominada “Vialidad”. Ese día los ciudadanos sabremos si los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola convencieron o no a los jueces acerca de la existencia de una asociación ilícita, liderada por la actual vicepresidenta que, entre otros delitos, direccionó contratos de obra pública en favor de las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

Resuelvan lo que resuelvan, los magistrados tienen un enorme desafío. De acuerdo con la apuesta democrática los ciudadanos renunciamos a resolver los problemas por mano propia. Cedemos esa facultad al Estado que los dirime de acuerdo con las leyes. En clave republicana, se trata de reemplazar el gobierno de los hombres por el de las leyes. El desafío judicial es presentar una sentencia creíble, pero la palabra del sistema judicial argentino está sospechada. Aunque hay muy buenos jueces y fiscales, en su conjunto, las sentencias judiciales aparecen envueltas en sospechas. Aquí yace el desafío.

El secreto de la eficacia del servicio público de justicia pasa por la aceptación social de sus decisiones. El tema no es nuevo. Esquilo, en la “Orestíada”, que se representó en el 458 ac, demostró las tensiones que sufren las sociedades que empezaban a organizarse bajo las leyes y dejaban atrás las supersticiones, pero enfatizó el rol clave que en ese proceso cumple la aplicación creíble de la ley por tribunales imparciales.

El significado social y político de la causa “Vialidad”, entonces, es una oportunidad magnifica para que el aparato judicial elabore una sentencia que sea aceptada por los ciudadanos. Entre otros factores, deberá resolver el problema del lenguaje, porque normalmente el poder judicial utiliza una jerga que es expulsiva. Al problema del lenguaje se suma el de la extensión. Las sentencias suelen ser artefactos inasibles, reiterativos, voluminosos y con problemas de coherencia y cohesión. Las bases morales del propio tribunal son frágiles luego del escándalo del equipo de fútbol “Liverpool”. No obstante, las características del caso no dejan de ser una gran chance de recomponer una relación muy dañada entre la justicia y la sociedad.

Pero más allá de los problemas del dispositivo judicial, las élites políticas y económicas tienen una responsabilidad como actores de los juicios. Obviamente que tienen de su lado las protecciones de la Constitución Nacional que son sagradas. Pero deben hacerlas valer dentro de la propia lógica de la constitución. La carta magna tolera y fomenta las críticas, las querellas entre argumentos diversos y alienta posiciones firmes sobre el significado de la ley. Lo que la constitución no admite son las descalificaciones. Cuando los imputados, como en este caso la vicepresidenta, tienen dudas sobre el comportamiento de los jueces y de los fiscales, la constitución marca senderos de acción. Pero la ley fundamental no tolera la descalificación porque ello se da de bruces con la gramática del Estado que es el derecho. La oración “pelotón de fusilamiento”, entonces, no se inscribe en la lógica constitucional y quienes han sido honrados con cargos públicos deben actuar en los juicios dentro de los límites que marca la constitución.

En el Critón, Platón narró como a Sócrates ya condenado le ofrecieron huir de Atenas. Y narró una suerte de diálogo entre Sócrates y las leyes (si es que estas pudieran hablar). Dice Platón que Sócrates escogió enfrentar la sentencia injusta porque no hacerlo sería obrar en contra de las leyes y las leyes constituyen los cimientos de las sociedades. La metáfora viene a cuento, porque nuestras élites políticas se apropian de las decisiones que dictan nuestras alicaídas instituciones judiciales, ya sea para defenderlas o para denostarlas. Ese hábito corroe la legitimidad de la ley, vulnera las bases de la constitución y banaliza la república democrática.

(*) Fiscal Federal, publicado en DiarioAr