El fiscal de Estado puntualizó en la importancia del sistema de control que instaura el nuevo decreto.
De ANÁLISIS
El vocal de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Virgilio Galanti, deberá fallar sobre un nuevo amparo presentado por la coordinadora Basta es Basta (organización que nuclea al Foro Ecologista y AGMER) a través del cual se pretende frenar la vigencia del Decreto Nº2239, firmado por el gobernador Gustavo Bordet, donde se establece un nuevo sistema de control y distancias para las fumigaciones con agrotóxicos en la provincia. Según se supo, los plazos de los magistrados vencen este sábado y hasta entonces tendrán tiempo para resolver sobre una u otra postura.
Ante la consulta, respecto a las expectativas del inminente fallo, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes se mostró confiado en que esta vez la Justicia fallará a favor de los intereses del gobierno provincial: "Tengo casi la certeza de que la Justicia va a fallar distinto. El decreto N°2239 importa un sistema de control, lo grave es que no se cumpla con este decreto, que no se constituyan las unidades centinelas, que no se constituyan las unidades de control, que no se reempadronen las máquinas, que es lo que esta dispuesto en el decreto nuevo".
El fiscal de Estado recorriendo una aplicación in situ.
En dialogo con FM Universidad, Rodríguez Signes relató su asistencia en las 37ª jornadas de buenas prácticas agrícolas con fitosanitarios ocurridas este jueves en Gualeguay: "Pude comprobar, directamente que las distancias que pusimos en el nuevo decreto son muy excesivas respecto a la realidad de cómo se comportan los plaguicidas cuando son bien aplicados. Yo vi y lo documentamos, como con aplicaciones terrestres la deriva no supera nunca los 10 metros con las condiciones meteorológicas favorables y nosotros pusimos un mínimo de 100 metros. Así que el reaseguro está garantizado porque no hay posibilidad de contacto entre el producto y el ser humano, siempre y cuando se controle y aplique como lo dispone el decreto. Si se cumple el decreto tenemos garantizada la salud y el medio ambiente".
En esa línea, volvió a expresar que "las distancias son una de las variables" pero que hay otros componentes que hacen a la cuestión: "Si las condiciones climatológicas no son las adecuadas y se hace igual la aplicación, ni con las distancias establecidas en la sentencia original (1.000 metros para método terrestre y 3.000 metros vía aérea) se garantiza el reaseguro".
"Si se hace un análisis correcto, no tiene porque ser anulado ni suspendido el decreto", afirmó. Ante la consulta respecto a un eventual fallo adverso, confirmó que irán a la Corte Suprema de Justicia nuevamente tal como ocurrió con el decreto anterior: "Nosotros interpusimos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y vamos a llevarlo al máximo órgano judicial".
No obstante, el fiscal de Estado volvió a mostrarse confiado: "Yo confío en que no va a pasar". "Yo pienso que las organizaciones ambientales, si miran bien el sistema y se compromente con el funcionamiento del mismo, deberían apoyarlo", aseguró.
Como los ambientalistas niegan que hayan sido convocados, Rodríguez Signes confirmó esta situación: "Nosotros no convocamos a ningún organismo ni organizacion que no sea oficial. Trabajamos con INTA, Conicet, con Salud Pública, con Medio Ambiente, con Educación". "No trabajamos con organizaciones en particular de ningun tipo, ni ambientalistas ni agrarias. Sí fuimos a audiencias cuando las entidades de la producción las pidieron, pero creo que el Foro Ecologista no pidió audiencias", expresó. En este último punto, ANÁLISIS consultó a los ambientalistas y desde el sector aseguran que presentaron reiteradas notas solicitando audiencia al gobernador y que nunca fueron respondidas.