Muntes: “Hay desazón y mucha bronca en los trabajadores del Estado”

Oscar Muntes ATE

“La salida es netamente política, discutiendo con todos los sectores", afirmó Muntes.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, se refirió a los planteos contra la Ley de Emergencia Solidaria y las incidencias en los empleados estatales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Muntes confirmó que el frente gremial formado por AGMER, ATE, UDA, y AMET solicitaron “que se declare la inconstitucionalidad” y que “urgentemente se dicte una cautelar para que quede sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo”. “Lo planteamos con muchos argumentos, y decimos que nuevamente los trabajadores y trabajadoras somos los que pagamos el ajuste, fundamentalmente cuando se plantea el déficit de la Caja de Jubilaciones porque no somos nosotros los que lo generamos”.

Recordó que por la ley “los trabajadores activos y jubilados estaríamos poniendo un 64%, un porcentaje menor, de entre el 10 y el 12% le correspondería al agente financiero, otro porcentaje menor estarían aportando las droguerías y las propiedades rurales de más de 1.000 hectáreas, lo cual es un porcentaje mucho menor que el que ponemos los trabajadores”.

Sostuvo al respecto que “la salida es netamente política, discutiendo con todos los sectores, por eso reclamamos a lo largo y ancho de la provincia una discusión mucho más franca y sincera para buscar los elementos necesarios para salir de la situación de emergencia que dicen que tiene la provincia de Entre Ríos”.

Argumentó que “entendiendo que la situación es compleja como dice el Ministerio de Economía, se plantea que tiene que ser por otro lado y además en ningún momento se dio el debate. Estamos convencidos que eso no se dio porque no podían argumentar ni sostener semejante ajuste. La mayoría de los legisladores que votaron la ley habían dicho que nunca más un ajuste sobre los trabajadores después de la era Macri, pero lo volvieron a hacer”.

Agregó que “en ningún momento se bancaron una discusión cara a cara con los trabajadores y las distintas organizaciones para construir esta ley y buscar una alternativa diferente, y en ningún momento trabajaron en comisiones para buscar alternativas como la que había presentado desde la Multisectorial, que tenían que ver con las regalías de Salto Grande, con la extracción minera, con el agente financiero, con que tributen los que más ganan; una propuesta que era muy consistente y que con mucha claridad decía por dónde tenían que buscar las alternativas para cambiar la situación de la provincia”.

“Esto no sucedió, fue una ley exprés y mientras nosotros esperábamos que nos convoquen a paritarias, nos llamaron para anunciarnos que ingresaban una ley de ajuste para los trabajadores”, cuestionó.

Ante ello, Muntes explicó que “se recurre a la justicia como una alternativa ante el momento que estamos viviendo, porque sabemos que en la normalidad esto hubiera sido diferente. Nos duele que aprovechen el momento, cuando estamos limitados para hacer acciones, más allá de lo que se planteó con distanciamiento en Casa de Gobierno”.

“Es muy difícil el momento que estamos atravesando, y por eso pedimos que el Poder Judicial, en el Superior Tribunal, defina lo que con mucha claridad estamos argumentando. Esperamos que la Justicia este a la altura de las circunstancias y si falla a favor será una buena justicia. Queremos que se analice y se discuta”, sentenció.

Respecto de la situación salarial de los estatales provinciales, el dirigente planteó que “hay desazón, angustia y mucha bronca” y si bien “hicimos todo lo que había que hacer, pedimos la apertura de paritarias a todas las autoridades como corresponde no hemos tenido respuestas”.

Afirmó que “la pérdida del poder adquisitivo de más de 15 puntos este semestre es mucho, más el ajuste por la ley de emergencia solidaria y hay mucha bronca. El salario mínimo de contrato de obra es de 21.000 pesos que con los descuentos se cobran 17.500 pesos en mano cuando el trabajador del Estado en la normalidad tiene el mínimo garantizado del salario de bolsillo en 26.000 pesos y lo que el INDEC plantea para no ser pobre es de 63.0000 pesos con lo cual estamos muy lejos”.

Aseveró que “se ve en los diferentes municipios, que están mucho peor, por eso la bronca ante la emergencia cuando ajusta de nuevo a los trabajadores y esperando las paritarias nos contestan con una emergencia solidaria”.

De todos modos, sostuvo que “se espera que lo más pronto posible vuelva la normalidad para plantear las situaciones como venimos haciendo” y advirtió que “si bien los gremios no amenazamos y somos muy correcto, decimos que un día la pandemia va a terminar y los trabajadores vamos a estar en la calle defendiendo nuestros derechos”.  

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