Productores se oponen a un proyecto de ecoturismo en el arroyo Doll

productores Doll con diputados e intendentes JxC

Productores se reunieron con diputados e intendentes de Juntos por el Cambio para oponerse al proyecto que declara “Zona de Reserva Exclusiva para la Pesca Deportiva” a la cuenca del arroyo Doll.

Dirigentes de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados provincial fueron convocados por un grupo de ruralistas, dueños de hacienda y terrenos en inmediaciones del arroyo Doll, quienes manifestaron su preocupación por el avance de un proyecto para declarar una zona de protección íctica desde la localidad de General Ramírez hasta su confluencia con el Arroyo Las Mangas.

Los vecinos de la cuenca de este curso de agua propician que sea declarada área natural protegida y convocaron a un encuentro abierto para debatir la idea. En función de esto, en el Senado avanzó un proyecto que protege el lugar de la pesca comercial. A ambas iniciativas manifestó su oposición la Comisión de Producción de la Unión Cívica Radical (UCR) que lidera la ex legisladora nacional, Hilma Re, quien tiene intereses como propietaria de un campo en el área de influencia. Ahora, se manifestaron en el mismo tenor un grupo denominado “Vecinos y Productores Protectores del Arroyo Doll”.

El encuentro se realizó en la Junta de Gobierno de Costa Grande, Departamento Diamante, a mediados de febrero, y del mismo participaron los diputados provinciales de la UCR, Gustavo Cusinato y Gracia Jaroslavsky; el intendente de Ramírez, Gustavo Vergara; el de Libertador San Martín, Raúl José Casali; los presidentes de las Juntas de Gobierno de Isletas, Lucas Eichmann; de Costa Grande, José María Trossero; de Chilcas, Rogelio Fuchs y de Rincón del Doll, Roque Torroglosa González, todos de la alianza Juntos por el Cambio, consignó el sitio Informe Litoral.

Pedido

Los ruralistas expresaron que el proyecto aprobado en el Senado a fines de diciembre fue “inconsulto, desinformado y generador de conflictos” y acusaron que los senadores por los Departamos Diamante y Victoria, Claudia Ester Gieco (PJ–Creer) y Gastón Bagnat (UCR-Juntos por el Cambio) llevaron la propuesta para ser sancionada “entre gallos y medianoche, sin ninguna consulta previa a los principales actores e involucrados, que en definitiva, serán los afectados por dicho proyecto”.

Los productores se manifestaron como “los primeros interesados en proteger y preservar el arroyo Doll”. “De hecho, lo hacemos, y lo hemos venido haciendo durante sucesivas generaciones”, plantearon y reafirmaron su “total compromiso en tal sentido”.

Entre las principales preocupaciones, apuntaron que “es un arroyo en partes con barrancas elevadas, y además, cruzar por campos privados con cultivos agrícolas y ganadería que abreva en su curso”. Asimismo, entre las inconsistencias del proyecto de Gieco y Bagnat cuestionan: “Pretender realizar pesca deportiva con devolución constituye una utopía desde lo ambiental y cultural, ya que no existen ejemplares de tamaño permitido y la hipotética devolución, es imposible de controlar”.

Justamente la falta de control sobre el lugar no ha impedido que este curso de agua se vea depredado y esta situación fue el motor para que los pobladores de la cuenca se organizaran en su defensa, aunque con una propuesta diferente a la aprobada en el Senado.

Los ruralistas afirman que la posibilidad de que el lugar sea un espacio para la recreación y ecoturismo como actividades permitidas “implica permitir el tránsito de personas por las propiedades privadas que no podrán ser controladas, generando todo tipo de posibles conflictos, desde la contaminación con basura, botellas y bolsas plásticas, residuos de comida, la depredación de la fauna, la caza de especies en extinción, entre otras”.

“A ello deben sumarse los seguros incendios accidentales o provocados, delitos que, según la nueva Ley Nacional de Manejo del Fuego, serán atribuidos al propietario del campo, sin investigar el origen de los mismos, el cual será sancionado con la inutilización de su campo por 30 a 60 años, según sea el caso”, argumentaron. “Además, no podemos desconocer el crecimiento de los delitos de abigeato y robos, y el aumento de la inseguridad en la zona rural, que implicaría la vigencia de una ley de esa naturaleza”, agregaron.

De acuerdo a la crónica de la reunión, los legisladores y responsables ejecutivos escucharon los planteos, y según informó el sitio ERA Verde, los legisladores se habrían convencido de no acompañar el proyecto en Diputados, tal como se aprobó a fines de 2020 en el Senado.

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