El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó la clausura definitiva de la residencia para adultos mayores “Parque De Los Abuelos”, ubicada en calle España N° 480 de Paraná. El establecimiento fue cerrado por la cartera sanitaria el 5 de diciembre de 2022 cuando detectó diversas irregularidades que constituían un riesgo para los residentes.

Ahora se conoció el decreto Nº 516, fechado el 16 de marzo de este año, mediante al cual se dispuso rechazar un recurso de apelación jerárquico que presentó Rosana María Alejandra Cuevas, quien solicitó la suspensión de la clausura. Además, el decreto instruyó al ministerio de Salud que evalúe si el caso amerita o no la instrucción de una investigación penal por abandono de persona, a raíz del fallecimiento de un hombre y el deterioro de la salud de una mujer. Ambos estuvieron en el lugar, informó Entre Ríos Ahora.

El caso del hombre fallecido fue denunciado por la hija del hombre, quien informó en la policía que el 13 de marzo de 2022 ingresó a su padre en buenas condiciones de salud y que tiempo después fue derivado al hospital San Martín con un “cuadro de desnutrición y deshidratación”. El 7 de julio, el anciano falleció. También destaca el caso de una mujer que fue trasladada al nosocomio para su atención médica debido a que presentaba lesiones en la piel y un cuadro de deshidratación.

La representante de la residencia intentó revertir la clausura con un planteo en el que sostenía que “denunciando que no se le corrió vista del acta de constatación previa a la clausura del establecimiento ni de la auditoría efectuada en fecha 15 de marzo de 2022”. También sostuvo que eran falsos los puntos observados por la auditoría, que mencionó que en la residencia había “falta de higiene, falta de cuidadoras, camas deterioradas y falta de ventilación de las instalaciones”.

Por el contrario, sostuvo que la institución se encontraba “en óptimas condiciones para albergar pacientes y que se han efectuado distintas mejoras para garantizar el bienestar de los residentes”.

El recurso fue contestado mediante un informe elaborado por el equipo interdisciplinario de la Unidad de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores del Ministerio de Salud. Según ese organismo, en la residencia se efectuaron tres auditorias previas a su clausura definitiva: el 24 de junio de 2021, el 15 de marzo de 2022 y el 30 de noviembre de 2022.

Los procedimientos se enmarcaron en la Ley Provincial N° 10.932 que establece un régimen aplicable a las Prestaciones de Residencias Gerontológicas de Larga Estadía (RGLE) en Entre Ríos. Se trata de una herramienta que regula las prestaciones de las RGLE.

La norma define a las RGLE como espacios institucionales colectivos que ofrecen una prestación integral y un hábitat adecuado y permanente a personas mayores en el marco de las estrategias de cuidados progresivos; políticas de cuidado y atención integral.

En la primer auditoría el ente regulador constató una extensa lista de irregularidades, a saber: “I) la institución gerontológica superaba el número de camas para el cual estaba habilitada y consecuentemente albergaba un número de residentes mayor al de 15 pacientes permitido por la correspondiente autorización municipal; II) se verificó que las camas no contaban con luces de cabecera ni timbres de emergencia, existiendo un exceso de camas por habitación lo que no permitía una adecuada circulación por el espacio y dificultaba el ingreso y egreso de las habitaciones; III) se observó la existencia de espejos rotos en las habitaciones que representaban un potencial riesgo de lesiones de los residentes; IV) se comprobó que la mayoría de las habitaciones no poseían ventanas hacia el exterior, lo que no permitía una adecuada ventilación e iluminación de las instalaciones; V) los caños de agua se encontraban expuestos en las paredes evidenciándose manchas de humedad y moho lo que sumado a la falta de ventilación provocaba un aire sumamente viciado; VI) los sanitarios no contaban con la adaptación requeridas para el cuidado de personas añosas (adaptación/elevación del inodoro y bidet), ni con duchas de mano, con caños expuestos y falta de higiene; VII) respecto de la cocina se observó que no contaba con iluminación ni ventilación natural y que había falta de mantenimiento y de higiene; VIII) el office de enfermería no cumplía con su función dado que se utilizaba de depósito de medicamentos, elementos de limpieza y comida y; IX) no se contaba con un registro ordenado de pacientes y profesionales”.

En la segunda auditoría detectaron que las condiciones insalubres de prestación del servicio geriátrico seguían siendo las mismas que en la anterior auditoria, y que en algunos puntos se agravaron. Subrayaron que “I) la cuidadora presente se encontraba en situación de precariedad e irregularidad laboral y II) que una sola persona realizaba las tareas de cuidado, higiene, alimentación y mantenimiento de los 22 residentes”.

Finalmente, se indicó que en la última auditoría previa a la clausura se constataron que, entre otras irregularidades, “los 22 residentes se encontraban en condiciones insalubres, estando algunos adelgazados y otros deshidratados, con lesiones en la piel por trastornos tróficos y por falta de hidratación local, dejándose constancia asimismo de la situación de la Sra. Dora V., quien fue trasladada a una clínica para su atención médica, atento su cuadro de deshidratación con escaras y lesión por apoyo en talón derecho”.

Así las cosas, el ministerio de Salud, con la firma de la ministra Sonia Velázquez, consideró que los planteos expuesto por la representante de la residencia no eran suficientes para revertir la clausura.

“De las constancias obrantes en autos surge acreditado de manera incontrastable que desde la residencia gerontológica se han infringido las normas que rigen la prestación del servicio en la Provincia, todo lo cual ha sido debidamente verificado a través del trabajo mancomunado de ambas jurisdicciones, provincial y municipal, en la fiscalización sanitaria y edilicia de las instalaciones del mencionado efector, sin que la recurrente haya presentado documentación alguna tendiente a revertir las graves irregularidades constatadas a través de sendas actas de inspección N° 4242/21 y 5061/22, lo que sumado a la situación específica de los residentes Sr. L. y Sra. V. – respecto de quienes se advierte un absoluto desamparo por parte de la Dirección de la institución, la que atento al servicio gerontológico que desarrollaba, tenía el deber de cumplir con su obligación de cuidado y asistencia de sus residentes”, concluyó la cartera sanitaria.