Cae sobre los especialistas el delito de adulteración dolosa de registros e informar falsamente al ente recaudador. Habían detallado compras en esa ciudad pero la vicepresidenta nunca las realizó.
Un proceso de compra de pañales dejó afuera a proveedores históricos, adjudicó a una empresa no inscripta y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.