Desde el 1 de enero en que fue creada, la Administradora Tributaria es un ente autárquico. En un repaso de las medidas tomadas en este corto lapso, el funcionario a cargo y ex ministro de Economía, detalló: “En primer lugar, en reunión de gabinete se dispuso descontar del sueldo de los funcionarios los impuestos que estuvieran siendo adeudados y lo propio ocurrió con los proveedores y contratistas, a los que se les exige desde ahora que estén al día con los impuestos”. Y agregó que “puede que se trate de medidas que responden al sentido común, pero había que tomarlas y así se hizo”.

La firma de convenios con otras jurisdicciones, no persigue sólo el intercambiar información. “Con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizamos operativos de educación y conciencia tributaria para que los que ingresan a la provincia exijan su ticket o factura. También a partir de los acuerdos con los municipios habrá operativos conjuntos de fiscalización. De manera que permanentemente estamos haciendo inspecciones, a veces por nuestra cuenta; otras, en coordinación con otras jurisdicciones”, dijo Casaretto.

“De todos modos, ya estamos en condiciones de determinar si existe correspondencia entre lo que un contribuyente nos presentó como declaración jurada por Ingresos Brutos y lo que registró ante la AFIP o el municipio. Esa forma de evasión es parte del pasado. No sólo por la base de datos compartida, sino por los propios operativos de fiscalización conjuntos. En paralelo, con los municipios la idea es mejorar la información atesorada en las bases catastrales. Ya firmamos decenas de convenios y seguiremos a este ritmo”, apuntó a El Diario.

“En esa misma sintonía, hubo una actualización que hizo ATER de las multas por incumplimientos de los deberes formales en las declaraciones por Ingresos Brutos. Creo que esto generará buenos resultados. En la provincia era de 20 o 40 pesos, conforme se trate de personas físicas o jurídicas. Ahora será igual que en la Nación para el IVA: 200 o 400 pesos, según corresponda”, añadió.

En ese sentido, aseguró que les “falta perspectiva porque las medidas irán produciendo un impacto con el correr de los meses. De todos modos, si comparamos la recaudación provincial de enero de 2012 con lo ocurrido hace un año, vemos que hubo un aumento del 29%, porcentaje similar al de la Nación. Eso nos permite ser optimistas. A esto hay que sumarle algunas actualizaciones producidas recientemente”.

Rodados

“Ya están en vigencia los nuevos aforos, del 2012, que se reflejará en las liquidaciones del impuesto. La actualización responde a criterios en los que confluyen el precio de mercado de los vehículos y la amortización por los años de uso”, marcó.

Por otro lado, detalló que “el avalúo del Impuesto Inmobiliario Urbano también fue actualizado. Se aplicó allí una pauta que tiende a la progresividad, que generó un impacto que osciló entre el 25 y el 40 por ciento aunque para las construcciones modestas la evolución fue absolutamente menor”.

En esa línea, ejemplificó que “el universo está ordenado en seis categorías. La más baja es la 6 y le corresponde un aumento de 97 centavos al mes. Una categoría media, 9 pesos por mes de impacto final. Las categorías más altas, en cambio, sufrirán una suba del orden de los 100 pesos por mes. Ahí ve claramente el efecto que se procura”.

“Quiero aclarar que con las actualizaciones en Inmobiliario Urbano venimos muy desde atrás y en todos los casos ha sido menor que lo que arrojó el estudio de Catastro”, recalcó.

Al futuro sobre ruedas

Por autos de alta gama, “hubo dos acciones. Primero pedimos el listado de vehículos por encima de cierto valor que debían determinada cantidad de impuestos. Nos trajeron un listado con 7.359 rodados en esas condiciones y, entonces, salieron 7.359 intimaciones. Con la propia difusión de la noticia hubo muchas consultas para ver cómo saldar la deuda, tal como quedó reflejado en una reunión que hubo la semana pasada con los 71 responsables de las oficinas nuestras. Hay contribuyentes con autos con un avalúo de 550.000 pesos ó 650.000 pesos que deben pagar por ello”.

Asimismo, indicó que “paralelamente, hay otros autos de residentes entrerrianos que fueron radicados sobre todo en Corrientes. Ya estamos en condiciones de cruzar información del Registro Nacional Automotor, la AFIP y el padrón electoral, para detectar qué personas físicas o jurídicas, que tienen domicilio acá, han registrado los rodados en otra jurisdicción. Si en el lugar donde tienen patentados los autos y camionetas no tienen por lo menos un local, les haremos sumarios para intimarlos, uno por uno, a que paguen los impuestos de los últimos cinco años”.

“Hay una anécdota que sirve: un intendente de una ciudad del norte, fue a una reunión de vecinos donde le reclamaban que asfalte una calle. Pero luego de una consulta resulta que al menos 11 de los 13 que protestaban y se quejaban tenían los vehículos radicados en otra provincia. El 60 por ciento del Impuesto Automotor va a los municipios. ¿Se entiende? Eso no puede pasar: no es razonable que los mismos que le exigen con razón al Estado, busquen permanentemente cómo evadir o pagar lo menos posible. Hay un cambio cultural que necesitamos producir”, concluyó.