Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

No comenzó bien 2014 para las esferas gubernamentales entrerrianas. Aún no disipados los nubarrones generados en diciembre por el desacato policial y cuya anunciada salida –con fotografía de rostros satisfechos- no se ocultó, fue considerada un punto a favor del gobernador, al final desembocó en borrón. Los levantiscos fueron detenidos y la justicia empezó a caerles con todo el rigor de la ley.

Pero en el andar del nuevo año, sucedió algo que cayó como balde de agua fría sobre los contribuyentes, cuando se sancionó y promulgó el Presupuesto Provincial, conocido como Ley de Leyes. En realidad, además de lo traumático de su contenido –donde el lápiz rojo se manejó con un criterio de escasa sensibilidad y realismo-, su elaboración y aprobación en las bancas en tiempo récord y eludiéndose el debate que semejante norma exige, constituyó un acto de autoritarismo, tan tentador para las mayorías legislativas dominantes.

Ello motivó un rechazo generalizado, no sólo por el desvarío exhibido a la hora del irracional reajuste, sino porque además se derogaron exenciones que antes nadie se había atrevido a tocar. Solamente restaba que empiecen a aparecer las nuevas boletas para acentuar la indignación de los contribuyentes, porque advierten que este cachetazo se estampó sin anestesia contra bolsillos que ya se venían secando por obra de otro impuesto inícuo que se llama inflación. Incluso –en el caso de los agentes públicos-, agudizado porque el propio gobierno se ha vuelto autista a la hora de recomponer el poder de compra de los salarios.

Poco le importó ello al gobierno provincial y popular, porque la prioridad es tratar de morigerar los zafarranchos financieros que han llevado las cifras del Estado a límites que los sofismas oficiales no pueden disimular.

La diputada provincial María Emma Bargagna (FAP-Paraná), quien en la soledad de su banca minoritaria –los radicales no estuvieron porque no quisieron convalidar una farsa- fue testigo del mayor impuestazo de la historia descargado a mansalva sobre los comprovincianos, no demoró en impugnar la norma a la que le atribuyó serios vicios, en especial el modo irregular con que fue tratada en atropello de la Legislatura, citando al efecto preceptos constitucionales.

Por ello la legisladora solicitó la derogación de la ley 10.270 (“fruto de la más peligrosa improvisación”, dice), argumentando “su falla congénita, el vaciamiento y apartamiento de fines –tanto de aquellos enunciados en la exposición de motivos como de los que puso de manifiesto el gobierno- y por los efectos antipopulares que acarreará; es irregular, inmotivada y contraria a los intereses del pueblo de la provincia”. Nada pudo hacer ella en la sesión, porque además el oficialismo mayoritario la hubiese maltratado. El urribarrismo, que convoca a defender los precios cuidados, se embarcó en imponer un presupuesto descontrolado. Lo que más le molesta a Bargagna, es que la cuestionada ley “incrementa todas las alícuotas y extiende a un universo mayor de contribuyentes la obligación de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, abarcando actividades que antes estaban exentas e inclusive otras que desaparecieron o están prohibidas”.

Sonó ciertamente burda e irrespetuosa la defensa que hizo de este tsunami impositivo, un senador del Frente para la Victoria, al explicar que este sopapo fiscal respondía a la necesidad de contar con recursos para los eventuales incrementos salariales que se otorgarían a los empleados provinciales. Significa entonces que los agentes de todos los escalafones, al absorber los nuevos tributos -principalmente en los rubros Inmobiliario y Automotor- terminarán financiándole al Estado el reajuste de sus propios sueldos. Ergo: el patrón les saca plata a sus trabajadores para aumentarles sus haberes. ¡Aguante Ripley!

Desde la Unión Cívica Radical se acusó al gobierno de “tratar inútilmente de equilibrar sus maltrechos fondos deteriorados” y advirtió que “la fiesta se terminó”. Y al respecto mencionó que “hoy tenemos una provincia con una deuda cercana a los 7.000 millones de pesos, una deuda flotante de 2.000 millones y las arcas del Estado vacías”. Y como dato revelador del impuestazo, se apeló a casos testigos donde boletas del pago por las viviendas están arribando a los hogares con subas que hasta superan el 400 por ciento.

Puede afirmarse asimismo que en el rubro automotor el lápiz rojo de la ATER no tuvo piedad alguna, llegando en algunos casos a superar el 150 y hasta el 190 por ciento de incremento, habiéndose aplicado pagos adicionales. Con relación a las finanzas de la provincia, el Frente Renovador de Entre Ríos sostuvo que transita horas críticas, con una trepada del déficit de las rentas generales. Este espacio político, liderado por Jorge Busti, de quién muchos actuales funcionarios aprendieron el propedéutico de la política, alude al mayor endeudamiento y la mayor presión impositiva de la historia provincial. En este caso se habla de una deuda, al 2013, de unos 6.000 millones de pesos.

La emisión de series de letras en pesos y dólares ya es permanente, procedimiento que el gobernador piensa seguir aplicando a juzgar por sus propias palabras y que sólo inflará más el endeudamiento. Estas observaciones hasta ahora no hallaron desmentidas ni aclaraciones del Poder Ejecutivo. El silencio ha sido una mala respuesta, a pesar de que el 14º de la Carta provincial apunta a “garantizar la vigencia del principio republicano de los actos de gobierno y el derecho a la información pública (…) por los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad” (?). Por su lado el art. 47º ordena publicar periódicamente los actos oficiales relacionados con la percepción e inversión de la renta. El reciente mensaje de Urribarri ante la Legislatura fue en este sentido bastante reticente. Sin embargo, fuentes de la oposición revelaron que la deuda pública creció de $ 4.981,1 millones en 2012 a $ 7. 239,2 en 2013 (45,1 %).

Pero existe otra cuestión muy irritante y es que la criticada ley elude coparticipar a los intendentes los montos derivados de la recaudación por los impuestos reajustados. Los jefes comunales se quejan de la periodicidad y el porcentual con que se distribuyen los recursos que deben transferirse diaria y automáticamente y denuncian que tal remisión se viene realizando en
forma bimestral. En una ciudad se ha llegado a urgir al intendente a que plantee judicialmente la inconstitucionalidad de la ley referida que les poda fondos legítimamente propios. Renunciar a esta demanda sería muy peligroso por lo que tendría de claudicación y sometimiento.

Por eso es que debe revisarse, auque someramente, qué grado de sometimiento exhibe el gobierno provincial frente a los preceptos de un estatuto social cuya ansiada reforma ya cumplió un lustro. Lo hacemos a modo de cuestionario y cada cual podrá realizar su propio análisis y reflexiones sobre su real y efectivo cumplimiento.

Por ejemplo: el artículo 6º prohíbe a las autoridades provinciales suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni la efectividad de las garantías y derechos establecidos en ambas. El artículo 8º garantiza la defensa del Estado Federal, manda a las autoridades de la provincial garantizar los derechos y garantías y obliga a los magistrados a imponer sin demoras su efectivo cumplimiento. No se podrá celebrar ningún tratado en el que se declinen derechos a percibir impuestos que son privativos. El robo sistemático de recursos que le hace a la provincia el centralismo voraz, es mansamente consentido, resignando fondos que solucionarían graves problemas. El art. 24º asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, sin embargo donde los salarios se achican e inmovilizan ese derecho no aparece con fuerza operativa.

Mientras el ministro de Trabajo nacional aclaraba que los aumentos a la docencia debían ser discutidos y resueltos por las provincias, en Entre Ríos se aguardaba lo que decidiera la nación.

Sigamos. El art. 62º busca evitar la indolencia en reglamentarse normas por parte del Poder Ejecutivo, señalando que “si esta Constitución, una ley o una ordenanza dictadas en su consecuencia, otorgasen algún derecho que dependiera para su concreción de una ulterior reglamentación y no se dictara dentro del año de la sanción de la norma que la impone, el interesado podrá demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la condena de la autoridad renuente a dictar la norma omitida”. Art. 74º: “El Estado creará un Banco de la provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productores y canalizar el ahorro público y privado po medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la provincia…”. La ex diputada provincial Ana D’Angelo, en una oportunidad propuso que se dé trámite a este mandato pero sin ninguna suerte.

Hay más aún. Art. 75º: “El Estado promoverá el federalismo de concertación con el Estado nacional…”. En ninguna parte señala que se debe someter a los designios y caprichos de la presidencia de la nación en detrimento de los recursos genuinos de la provincia. No respetar este precepto es indigno de quienes se sienten enrolados en el ideario ramiriano y artiguista y practican el anti federalismo. Art. 82º, inc. d): El salario mínimo para los obreros del Estado, el que se fijará conforme al costo de vida, no será inferior al vital y móvil”. La dura pelea de los gremios estatales para acceder a haberes dignos, frente la escuálida oferta salarial del gobierno, eximen de todo comentario.

Esta es una realidad insoslayable, absolutamente inconciliable con el relato oficial. El mandatario entrerriano, quizás se haga un espacio para revisar con sus asesores los olvidos en que se ha incurrido a la hora de responder al imperio constitucional. Lo ordena la sana política y el ineludible mandato surgido del juramento de asunción. Lo manda la indeclinable autonomía.

Los caudillos “querían la existencia de una absoluta igualdad de los gobiernos de las provincias y del respeto a sus autonomías. De ahí la intensa lucha contra los llamados mandones porteños” (Gabriel Fagnilli Fuentes, “Prácticas de historia argentina”, Edic. Estrada, 1977)).