En declaraciones realizadas al programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) Ariza señaló que “desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial estamos siguiendo el tema con mucha atención, sobre todo a partir de la labor que de manera directa ha desarrollado el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe, ya que los hechos ocurridos son muy serios, casi inéditos”.

Al respecto, advirtió que “se ha generado toda una serie de sucesos tendientes a amedrentar y generar un clima de condicionamiento en magistrados que han intervenido en causas resonantes”.

Recordó que ante esto “el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe realizó una inusual conferencia de prensa a la que asistió prácticamente la totalidad del arco institucional de la provincia, donde en líneas general se expresó la solidaridad con los afectados, haciéndole llegar a las personas que fueron objeto de estas intimidaciones la expresión de acompañamiento de todos los jueces de la República Argentina y de Ciudad Autónoma y además solicitando que se adopten medidas eficaces y sobre todo que se esclarezca quienes han sido los autores responsables de estos sucesos”.

Respecto de la situación, sostuvo que “el reclamo que hizo el máximo tribunal de la provincia de Santa Fe denota que estamos ante una situación inédita, y desde este punto de vista siguiendo el reclamo de la Federación y del Colegio de Magistrados nos parece que a una situación inédita corresponden también respuestas eficaces y diferentes de parte de los encargados de garantizar la seguridad de quienes tienen que investigar”.

Si bien aclaró que “los jueces no nos sentimos en una situación diferente a los problemas que tiene cualquier ciudadano en materia de seguridad pública”, opinó que “lo que configura una diferencia sustancial es que cuando un poder del Estado decide desplegar medidas investigativas y de juzgamiento de situaciones de criminalidad fuera de lo común, lo que se está queriendo hacer es evitar el accionar de un poder del Estado y condenar la posibilidad de existencia de un Estado de derecho”.

Analizó que “muchas veces los procesos penales a lo largo de los últimos años han generado fallos de quienes son responsables de investigar que afectan intereses de bandas organizadas y de sectores distintos de la sociedad lo que genera algun tipo de consecuencia negativa, pero se los ha considerado episodios aislados, cada tanto, recurrentes, pero nunca se había llegado a lo que está pasando en este momento, tomando como foco la ciudad de Rosario”.

En este caso, alertó que “se ve un accionar sistemático, con alguna planificación respecto de ex domicilios de los magistrados, con un seguimiento hacia familiares, personal policial que ha intervenido de manera decisiva en las investigaciones con lo cual nos da toda la impresión de que estamos frente a una situación inédita de accionar delictivo que busca una intimidación”.

Ante ello, advirtió que “no se pueden comparar estos episodios con situaciones anteriores” y por eso “estamos reclamando una actuación conjunta de las fuerzas de seguridad para dar una respuesta rápida, que los protocolos de seguridad en este punto de vista no tengan fisuras y para evitar hacia el futuro que estos hechos se reiteren”.

Finalmente, Ariza consideró que “se tomó dimensión del problema, aunque a lo mejor tardíamente se tomó dimensión de algo que ya se venía insinuando y se observaba que los magistrados de la provincia de Santa Fe venían padeciendo situaciones de incertidumbre”. En tal sentido, dijo que “cuando hubo aspectos previos y se realizó un acto público respecto de las amenazas que padeció un juez y algunos de los fiscales, se quiso pensar que a lo mejor no prosperarían este tipo de acciones intimidatorias pero lamentablemente los hechos vinieron a desmentir esa posible interpretación y nos encontramos ahora con que la totalidad del arco institucional se encuentra afectada, preocupada, y abocada a la búsqueda de soluciones”.