Luego de que circulara la versión de que las agrupaciones juveniles kirchneristas podrían sancionar a los supermercados que incumplan con el acuerdo de precios, el gobierno nacional salió a aclarar que sólo la cartera de Guillermo Moreno podrá aplicar castigos.

Dos son las sanciones contempladas por la Ley de Defensa del Consumidor reformada en 2008: por un lado, la posibilidad de aplicar multas de hasta cinco millones de pesos y, por el otro, la habilitación para clausurar establecimientos, según consigna el artículo 47 de la normativa.

Ese apartado capacita a la subsecretaria de Defensa del Consumidor (cartera que depende directamente de Moreno pero que es conducida por María Lucila "Pimpi Colombo) a aplicar "apercibimiento; multa de 100 a cinco millones de pesos, decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare".

Las agrupaciones políticas, en tanto, sólo se encargarán de controlar que se respete la canasta de 500 productos. Llegado el caso de que detectasen alguna irregularidad, deberán denunciarla a la Secretaría de Comercio para que decida los pasos a seguir, según consignó el diario Ámbito Financiero.

La canasta de productos con congelados empezará a regir en los próximos días, aunque, por el momento, sólo estarán obligados a brindarla los hiper y supermercados, hasta tanto los pequeños comercios puedan establecer un cronograma de entrega adecuado para cumplir con toda la lista.