En 2004, la Legislatura había sancionado la Ley Nº 9.603 por la cual se arrendaron las islas mediante un mecanismo de licitación pública: los contratos se establecieron con una duración de tres años, y el pago de un precio del arriendo atado al valor del kilo vivo de novillo fijado por el Mercado de Liniers por hectárea y por año: en el departamento Victoria, de 2,17 pesos el kilo de carne por hectárea; en Gualeguay, 2,57 pesos.

Pero entonces aparecieron los primeros tropiezos. La mayoría de los lotes arrendados no pudieron entregarse porque ya estaban usurpados, y los que estaban no quisieron irse. Encima, fue bajísimo el nivel de pago de los arrendamientos por parte de los ganaderos que ocuparon los lotes.

En mayo, y sobre la base de un dictamen de la Fiscalía de Estado que tildó aquellos arrendamientos como “inconstitucionales”, el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 1.186, a través del cual se dio por finalizados “la totalidad de los convenios de arrendamientos” celebrados en el marco de la Ley Nº 9.603.

La medida se apoyó en el argumento de que, “más allá de las intenciones expresadas por el legislador” al momento de dictar esa norma, en los hechos los predios de las islas del Delta “no podían ser objeto de contratos de arrendamiento”.

Pero además puso de relieve las irregularidades que se produjeron: los incendios forestales en el Delta le generaron a la provincia una demanda por parte de la Municipalidad de Rosario, que se tramita ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El único relevamiento que hay hasta ahora –el delta es una geografía casi inaccesible, con escasa presencia del Estado– es el que realizó la Dirección de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción, que detectó que en el departamento Gualeguay, de las 44.852 hectáreas que posee el Estado, 30.329 están usurpadas por particulares; mientras, en el departamento Victoria hay 128.682 las hectáreas de dominio público, de las que 86.330 hectáreas se entregaron a particulares a cambio del pago de un canon anual; 15.241 han sido cedidas en forma gratuita; y 20.365 hectáreas están usurpadas.

En ese contexto, en abril de 2009 el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, había señalado que los arrendamientos no podían seguir ni menos aún renovarse –la ley da esa posibilidad– al dictaminar que las islas constituían bienes “imprescriptibles” sobre los cuales “no es posible fundar ninguna posesión de parte de los particulares”. Los bienes de dominio público, subrayó entonces, “no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto de los bienes privados del Estado”. Y que por eso mismo están “fuera del comercio”.

La disputa legal quedó instalada, aunque recién este año el gobierno dispuso el fin de los arrendamientos. Pero al fin de ese sistema no le siguió otro, y el status quo provocó lo que tenía que provocar: el intendente de Victoria, César Garcilazo, reclamó al Gobierno por la indefinición, y logró que el 26 de agosto se dictara el decreto Nº 2.868, que dispuso que hasta que se reglamente el uso productivo de las islas fiscales, “corresponde otorgar permisos de uso de inmuebles de dominio público a los efectos de su explotación productiva”.

Precisamente, ahora el Poder Ejecutivo, a través de una tarea conjunta de la Secretaría de la Producción, la Escribanía Mayor de Gobierno y la Fiscalía de Estado, está elaborando un nuevo esquema de permisos de ocupación de lotes en las islas. “Es un decreto regulatorio que nos permitirá salir del esquema de los permisos provisorios, y pasar a las licitaciones. Van a ser contratos más firmes”, contó a El Diario uno de los funcionarios que está trabajando en el tema.

A ese respecto, planteó que la Ley de Arrendamientos “es inaplicable, porque dio en arrendamientos algo que no se podía arrendar. Ahora, no hablamos de arrendamientos, sino de concesiones de uso, con condiciones claras a cumplir por parte de quienes tomen la concesión”. Y completó: “Habrá un contrato para cumplir. Todas las islas del Delta que están bajo dominio público se pondrán bajo ese sistema”.

Claro que un informe elaborado por la Subsecretaría de Producción Animal de la Secretaría de Producción, titulado Proyecto Estratégico Islas Entrerrianas Cuenca del Río Paraná, alertó sobre algunas “debilidades” que existen en torno al manejo de las tierras del Delta.

El Delta es una extensión de 1.000.000 de hectáreas, lo que equivale al 12 por ciento de la superficie de Entre Ríos, de las cuales la Provincia cuenta con un superficie total de 200.000 hectáreas, la mitad ocupadas por particulares de modo irregular.
El informe rescata la “decisión política de incorporar las islas fiscales al patrimonio provincial”, y el “reconocimiento y ponderación de un área estrategia para la producción sustentable con resguardo de la flora y fauna del humedal”, pero a la vez anota que “falta una estrategia de largo plazo”, que la “información y caracterización productiva (de la región) es incompleta”; que hay una “mínima cantidad de personal para la atención del área”; que no hay infraestructura ni logística, no hay cartografía homogénea y, más aún, falta presupuesto para todo eso.

Destaca que se trata “de un área ecológica con ventajas comparativas para la producción orgánica” y que es un “espacio ganadero en crecimiento”, con su probable habilitación para la producción de carne de exportación, pero que “falta infraestructura para la atención a las producciones agropecuarias y fiscalizaciones”, que el movimientos de animales en las islas cuenta con un “insuficiente control sanitario y documental”, y que además la flota de barcos para el traslado de animales es ínfimo lo cual podría complicar seriamente el arrío de ganado frente a crecidas excepcionales.

La controversia por la explotación de las islas del Delta por parte de los privados tiene un caso emblemático: la holandesa Bema Agri BV, que ocupó 10 mil hectáreas de tierra en la isla Irupé, frente a la ciudad santafesina de Villa Constitución, en el ejido de Victoria, para el cultivo de soja.

Para llevar adelante el emprendimiento, construyó un terraplén de 20 kilómetros, que despertó las críticas de las organizaciones ambientalistas, y una acción judicial por parte de dos concejales justicialistas de Victoria, José Molla y Rodrigo Juárez, que finalmente resultó adversa para los ediles: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictaminó que el amparo, la vía escogida, no era el camino adecuado. En medio, intervino el Consejo Regulador de Usos y Fuentes de Agua (Corufa) que, luego de recabar informes de distintos organismos técnicos del Estado provincial, habría dictaminado que el endicamiento hecho por los holandeses para sembrar soja en las islas no tendría ningún impacto ambiental negativo.

Eso es lo que dice el abogado Diego Rodríguez director de la fundación ecologista M’ Biguá. “Aparentemente, según los dictámenes técnicos, no habría impacto ambiental. Pero hasta ahora no se ha dado a conocer la resolución de Corufa que diga que eso es así. Para nosotros, hay corte de cauces naturales de agua, y hay represamiento. Pero el gran problema es que en las islas no puede haber agricultura con uso de agroquímicos, que es lo que está haciendo esta empresa”, señaló.

(Foto: El Diario)