“Austral Construcciones S.A. deberá brindar las aclaraciones pertinentes sobre la efectiva época en que se inició su estado de cesación de pagos”, expresó la jueza tras identificar uno por uno los 99 cheques pagados por la

Fue la primera respuesta de la Justicia a la presentación del concurso de acreedores realizada el lunes pasado por Martín Báez, como presidente del directorio de Austral, justo el mismo día en que la ex presidenta Cristina Fernández era indagada por presunto delito en la obra pública vial concedida a esa firma y otras empresas de Báez padre en la provincia de Santa Cruz.

Tras mencionar casi dos docenas de irregularidades en la presentación -desde falta de documentación sobre sus accionistas hasta diferencias en sus bienes- Gigy Traynor, titular del juzgado nacional en lo Comercial 28, intimó a Austral a responder esos interrogantes el lunes próximo “bajo apercibimiento de rechazar la solicitud de concursamiento”, según la resolución judicial a la que Clarín tuvo acceso.

Un concurso de acreedores se pide cuando una empresa no puede afrontar sus deudas pero queda sujeto a la aprobación de un juez. En este caso ese paso todavía no se dio. Otro emblemático empresario del kirchnerismo, Cristóbal López, hizo la propio con Oil Combustibles, la firma que le debe 8 mil millones de pesos a la AFIP, pero en Comodoro Rivadavia. Ahora el expediente está en Buenos Aires, por decisión de la Corte Suprema.

Respecto de Austral, la magistrada señaló que “resulta incompleto” el “estado detallado del activo y el pasivo” de la firma ya que por un lado “se describe que el activo estaría formado por terrenos, campos, edificios, camiones, máquinas y equipos, autos y camionetas, muebles y útiles, maquinarias y equipos menores, equipos de computación, herramientas e instalaciones, mientras que, en detalle de los anexos que compondría tal activo sólo se detallan bienes para arrendamiento, edificios, campos y estancias, terrenos, camiones, maquinaria y equipos pesados, autos y camionetas y equipos menores, mas no los restantes bienes”.

Además, destacó que “resulta llamativa la ostensible variación en el valor de los bienes denunciados” como propios por Austral entre el 31 de diciembre del año pasado, según los estados contables del ejercicio económico cerrado en esa fecha, y el indicado al 31 de agosto, previo a la presentación del concurso.

“Nótese, por mencionar un ejemplo, que mientras que en algunos casos el valor de ciertos bienes resultó idéntico (por lo informado sobre las estancias propias) en otros supuestos el valor de los bienes aumentó un 60% o en algún caso el mismo casi se triplicó”, advirtió la jueza en base a papeles que presentó la firma.

Por ello, dispuso que Austral “deberá explicar el fundamento de tales diferencias”, como así también “acompañar los títulos de propiedad”de esos bienes e indicar dónde se ubica medio millón de dólares informado como “cuenta de inversión” pero no asentado ni como “caja” ni como “depósito bancario”.

Austral también deberá detallar las "participaciones" que posea en otras sociedades -"controladas o vinculadas", dijo la jueza- y "los créditos que contra ella tuviera". Además de aclarar "cómo se encuentra compuesto el ítem 'cuentas particulares'" y "brindar un detalle de los créditos pendientes de percepción".

"La sumatoria de los montos de todas las acreencias denunciadas difiere enormemente del pasivo denunciado en el estado de situación patrimonial" y "el estado de situación patrimonial resultante del ejercicio cerrado en el año 2014 difiere de aquel consignado en el estado de resultado correspondiente al año 2015", fueron otras de las irregularidades detectadas por el juzgado comercial 28.

En la presentación tampoco se explica cómo y cuándo se aumentó este año el capítal social de $ 500 mil a $ 9,5 millones, si sólo fue suscripto "o efectivamente integrado" y por ello se deberá indicar "en qué proporción lo hizo cada uno de sus accionantes".

Tampoco se presentó la memoria correspondiente a cada uno de los balances acompañados con la presentación del concurso, como así también "la declaración respecto de la eventual deuda laboral", que en otra parte del escrito incial entregado la semana pasada se cuantifica en unos 10 millones de pesos.

Fuente:Clarín