El Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, enviaron un comunicado este jueves por la noche validando el concurso para la elección de la jueza de Paz de Cerrito, que juró este jueves.

El parte de prensa viene a colación de la nota publicada en la última edición de la revista ANÁLISIS, donde se denuncian una serie de irregularidades en el concurso llevado adelante por el Concejo Deliberante de esa localidad.  

Para las entidades que nuclean abogados y funcionarios judiciales, el concurso que comenzó en noviembre del año pasado y concluyó este año, contó con “todas las garantías para los y las postulantes al cargo del Juzgado de Paz de esa localidad”. Asimismo, destacaron “el trabajo en conjunto entre ambas instituciones en pos de un mejor servicio de justicia”.

“Ambas entidades, recodaron que dicho concurso, el primero que se celebra con estas características en la provincia, se logró tras un convenio que se firmó con la Municipalidad de Cerrito, en el mes de octubre de 2018. En ese acto, el Colegio de Abogados de Entre Ríos, con el entonces presidente Enrique Martínez y la Asociación de la Magistratura, que estuvo representada por la presidenta Gabriela López Arango y el presidente del Concejo Deliberante de Cerrito, José Palacios, firmaron un convenio por el cual se comprometieron a colaborar, asesorar y proporcionar jurados para el concurso público para desinar las ternas de candidatos para el Juzgado de Paz”, manifestaron.

Agregaron que “tras la firma de ese acuerdo, se llevó a cabo el proceso del concurso que finalizó hoy con la toma de juramento a Carolina Silvestre, por parte del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Castrillón”.

“La Asociación de la Magistratura como el Colegio de Abogados de Entre Ríos, celebraron el acto y reiteraron que durante el proceso del concurso se brindaron todas las garantías, tal como se realiza en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, para asegurar la transparencia, porque (indicaron)cualquier abogado o abogada sea integrante de la profesión liberal o del funcionariado tuvo la posibilidad de acceder a la posibilidad de una terna para ser juez o jueza de Paz, situación que no se da en la designación de la terna por el presidente Municipal”.

Posteriormente, las entidades “instaron a los otros municipios entrerrianos a que celebren este tipo de convenios para que la selección recaiga en la persona más idónea y capaz para ocupar un cargo de la magistratura”.

“Tal como estaba reflejado en el convenio, el proceso del concurso se auditó por especialistas e indicaron que se realizó tal como se efectúa en la selección para el Consejo de la Magistratura, donde los exámenes se realizan a sobre cerrado, sin saber quién es el que se corrige, con todas las garantías del anonimato”, aseguraron. Asimismo, reiteraron que en Cerrito “se cumplimentaron las dos etapas: inscripción de los interesados, evaluación de los antecedentes y luego el examen correspondiente. La última etapa fue la entrevista de los postulantes frente al Concejo Deliberante en pleno”.

“Fue el primer convenio de este tipo que se firmó entre las instituciones y que tuvo su finalización con la toma de juramento de Silvestre, quien obtuvo la mejor calificación en el examen de oposición y quedó primera en el orden de mérito”, completaron.

Lo que no respondieron las entidades que validan el concurso y la designación de la nueva jueza de Paz es sobre el vínculo de parentesco que existe entre la persona que resultó elegida y un concejal que participó de todo el proceso evaluador, uno de los puntos que se denuncian en ANÁLISIS.

Aluden que los exámenes son anónimos, algo que se aclara en la nota publicada en la revista, y eso sería suficiente para las autoridades para no reconocer que eligieron una resolución mal hecha, porque la sentencia pronunciada en el examen de oposición que quedó primero en orden de mérito es nula.