El fin de semana pasado comenzó la temporada de caza menor en Entre Ríos, luego de que el Gobierno la habilitara del 8 de mayo al 23 de agosto. Y recrudeció la disputa entre quienes usufructúan esta actividad comercial y las organizaciones ambientalistas y proteccionistas que denuncian las matanzas de aves, particularmente de patos.
El rol del Estado en este conflicto ha sido la convocatoria a una audiencia pública que se realizó el 20 de abril en Victoria y luego se tomó la decisión de habilitar la temporada de caza. Según testigos de ese encuentro realizado en la Reserva de Usos Múltiples El Potrero, la reunión estuvo copada por empresarios y los empleados juntadores de patos que movilizaron desde distintos puntos de la provincia.
Una de las pocas voces disidentes fue la del referente del Centro para el estudio y defensa de las aves silvestres (CEYDAS), Gabriel Bonomi, quien en diálogo con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), dijo que la resolución oficial “básicamente autoriza la matanza de cinco especies de aves autóctonas (sirirí pampa, pato cutirí, pato de collar, pato picazo e inambú) y de la liebre, que es una especie exótica. Esta matanza, autorizada por tres meses, busca favorecer el turismo de caza gestionado por cotos o empresas que traen cazadores extranjeros a Entre Ríos para matar animales autóctonos. Resulta una medida insensata e irresponsable por parte del gobierno de Rogelio Frigerio, ya que atenta contra el patrimonio natural y cultural de los entrerrianos.
—¿Eso es algo nuevo, hay alguna diferencia con años atrás, o es una realidad que ustedes vienen observando ya de arrastre en los últimos tiempos?
—Es un problema de arrastre que viene del gobierno anterior de (Gustavo) Bordet, donde se autorizaba sin control e incluso hubo fallos judiciales históricos que detuvieron las temporadas de caza. La diferencia es que el gobierno actual de Frigerio la promueve activamente, incluyendo a estos cotos de caza en el RINI (Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones). En lugar de incentivar la industria o la producción, se incentiva un negocio de muerte que conlleva un rechazo generalizado de la gente por su crueldad y anacronismo.
—¿Hubo instancias previas a esta autorización? ¿Ustedes observaron algún tipo de inconsistencias o irregularidades en la fundamentación de esta medida, o quizás algún direccionamiento?
—Hubo muchísimas irregularidades. Según el Acuerdo de Escazú, se exige la participación ciudadana, pero a las organizaciones socioambientales no se nos invitó inicialmente a la audiencia en Victoria; tuvimos que exigir nuestra participación por carta. El año pasado directamente nos dejaron afuera e invitaron solo a las empresas. Además, realizaron la audiencia en Victoria porque es una zona rodeada de empresas de turismo cinegético, haciéndolas "jugar de local" en lugar de elegir un punto central de la provincia, mostrando un claro favoritismo hacia un negocio millonario para pocos poderosos.
—¿De quiénes son estas empresas?
—Hay empresas locales y otras de afuera. Operan principalmente en departamentos como La Paz, Hernandarias, Santa Elena, Rincón del Doll, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú y Uruguay. Lo que hacen es arrendar campos que tienen lagunas o arroceras, que es donde se concentran las poblaciones de patos que los extranjeros vienen a matar, todo esto sin ningún tipo de control provincial.
—¿Qué control se podría establecer en zonas tan inhóspitas? ¿Cómo se controlaría esa actividad?
—Ninguna provincia del país tiene hoy la capacidad para fiscalizar la caza. Entre Ríos cuenta con recursos mínimos (apenas un par de camionetas y una lancha para todas las actividades de fiscalización), por lo que el control es nulo. Esto genera una impunidad enorme donde se encuentran montañas de patos muertos de cualquier especie, incluidas las protegidas o en peligro de extinción. Los extranjeros vienen a hacer lo que en sus países está prohibido, en un entorno de "turismo de muerte" que también contamina con plomo.
—¿Qué consecuencias tiene para el ecosistema de cada región esta habilitación y la matanza de patos?
—Las consecuencias son enormes; en el norte de Entre Ríos ya vemos extinciones locales de especies de patos que no se ven desde hace 20 o 25 años porque se los mata masivamente en los cotos. Se habla de matanzas de cientos de miles de ejemplares que luego son enterrados o quemados. La actividad es muy cruel: "ceban" las lagunas con semillas para que los patos bajen y, al ser especies gregarias que andan en grupos, los masacran con facilidad usando escopetas. El armamento se lo suministran los propios cotos. Es un negocio para gente de alto poder adquisitivo, donde cada excursión cuesta entre 3,000 y 4,000 dólares; no es para turismo nacional, sino para gente que viene de Estados Unidos, Europa o Asia. El impacto ecológico es grave porque los patos son dispersores fundamentales de huevos de peces y semillas de plantas autóctonas a lo largo de sus rutas migratorias, que llegan hasta Brasil, Bolivia o la Patagonia. Es un rol ecológico que el gobierno claramente no está teniendo en cuenta.
“Ellos manejan todo”
Esta cuestión del control y fiscalización es una utopía: personas que han trabajado en cotos de caza, contaron a Cuestión de Fondos que “nadie entra a los cotos de caza”, y que “ellos manejan todo”. Por ejemplo, en uno muy conocido en la zona de Las Cuevas, quienes están en las islas escuchan los disparos de los escopetazos por la mañana temprano, lo cual demuestra que cazan en cualquier momento del año.
Una de las condiciones es el uso de cartuchos de acero para no contaminar con plomo, lo cual quienes hay trabajado de cerca en este rubro ponen en serias dudas que lo cumplan, debido a que es muy caro y que nadie los controla.
Los paquetes de caza que venden son completos: pato, paloma y perdices. Se habla de un costo de entre 3.000 y 4.000 dólares por persona la excursión, con todos los lujos, para una clientela fundamentalmente extranjera. En el caso de Los Ombúes cuentan incluso con pista de aterrizaje, que es lo que sostiene Leonardo Airaldi en el juicio por narcotráfico para decir que las avionetas que le endilgan a él, en realidad son del campo vecino que es este coto de caza.
Hace tres años, en la provincia se conformó la ACETRA (Asociación para la Conservación y Uso Sustentable del Ecosistema Entrerriano), cuyo referente es Carlos Ignacio Pradal, de Gualeguay, quien ha sido convocado por la Legislatura provincial al momento de tratar la conservación de especies, al tiempo que fue cuestionado también por ONG’s que sostienen que en esta entidad los empresarios que explotan la caza se presentan como conservacionistas.
Hay demandas judiciales en curso, medidas cautelares vigentes y acciones de las organizaciones que se oponen a este negocio, que anticipan la continuidad de este conflicto, aunque el negocio no parece encontrar un freno.
