El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos hizo lugar a una nueva prórroga de la pericia contable en la causa de los supuestos contratos truchos de la Legislatura.

El trabajo, que está a cargo de una perito contadora del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con la intervención de peritos de la defensa de los imputados, comenzó en noviembre de 2019 y hasta el día de la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál es el monto del presunto perjuicio a la Legislatura o cuántos contratos son irregulares.

El lunes, la fiscal Patricia Yedro, que está a cargo de la investigación junto a Ignacio Aramberry, aprobó una nueva prórroga de la pericia.

El pedido lo formuló la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente del STJ, y por el perito Cristian Dume, perito de la defensa de Sergio Cardoso, titular del Servicio Administrativo Contable de Diputados.

En la solicitud, a la que accedió Entre Ríos Ahora, ambos plantearon la necesidad de más tiempo “en razón de la complejidad de la labor a realizar y el gran volumen de la documental a procesar”.

Esos argumentos fueron considerados por la fiscal “en un todo razonables y atendibles”, por lo que dispuso la prórroga de la pericia por 60 días. Es decir, dos meses más de trabajo.

No es la primera vez que Battisti y Dume solicitan más tiempo para analizar los documentos. Ya se les ha dado una prórroga el 13 de mayo, por 30 días; el 1º de junio, por 60 días; y en agosto hasta este mes de septiembre. Ahora los peritos contadores seguirán revisando la documentación disponible hasta noviembre y no se descarta que entonces se dicte una nueva extensión de la pericia.

La Fiscalía, a través de un trabajo del contador Héctor Enrique, asegura en su tesis acusatoria que a través de contratos apócrifos se habrían sustraído de la Legislatura $ 2 mil millones entre 2008 y 2018.

Sin embargo, ese monto fue puesto en duda por los abogados de los acusados, quienes solicitaron una pericia independiente del órgano acusador. El 6 de septiembre de 2019, la vocal de juicio María Carolina Castagno hizo lugar a esa pretensión y, a la vez, abarató los embargos por $3.000 millones que trabó la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Entonces, la magistrada redujo la suma a $ 190 mil.

Tras esa resolución, el 1º de noviembre de ese año, el presidente de la Sala Civil y Comercial del STJ, Martín Carbonell, designó a la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial, como perito contador “para actuar en las presentes actuaciones, a los fines de que ejecute las operaciones periciales dispuestas oportunamente, en forma conjunta con los peritos de parte propuestos, previa aceptación del cargo”

Entre los imputados se encuentra Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-; el cuñado de Aguilera y empleado legislativo, Alejandro Almada; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y su esposa, Verónica Caíno; el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; Alfredo Bilbao; Jorge De Breuil; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados; más los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; y los denominados “recaudadores” Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

La acusación dice que Beckman, Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.

La tesis de Fiscalía afirma que “esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

Los defensores sostienen lo contrario: que no existió una organización que operó en el armado y cobro de contratos apócrifos; que no se está ante un delito penal, sino ante una causa con una fuerte “connotación política” que busca perjudicar al partido de gobierno; y que los contratos son regulares ya que fueron aprobados en los Presupuesto Generales y que, en todo caso, se estaría ante una irregularidad que debe resolverse en el ámbito administrativo.