El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez se reanudará mañana y entrará en su tercer año de proceso. Lo hará con certezas y expectativas ante un año que tendrá el voltaje de ser electoral.

El Tribunal Oral Federal 2 reiniciará mañana a las 9.30 por videoconferencia las audiencias. Está prevista la declaración de dos testigos del área de auditoria de Vialidad Nacional. Son dos de los 100 que restan que den su testimonio. Con ese panorama las fuentes consultadas por Infobae coincidieron que este año no habrá veredicto. Más allá que muchos de esos testigos se puedan desistir, como ocurrió el año pasado, la parte final del juicio con los alegatos será extensa. Una certeza: todos aseguran que en 2021 el juicio no terminará.

Sobre los testigos también están puestas las expectativas. Entre los que faltan hay empresarios de la obra pública -algunos son arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción-, los peritos de la Corte Suprema de Justicia que concluyeron que en las obras hubo corrupción y también algunos políticos relevantes. El más importante es el presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de Cristina Kirchner.

“En lo inmediato no va a ser citado. Pero no se puede descartar que sea este año”, le dijo a Infobae una fuente que conoce cómo el tribunal oral piensa su agenda sobre el momento en el que puede declarar el jefe de Estado. Todo dependerá de cómo se desarrolle el juicio que como todo proceso oral tiene su dinámica y sus imponderables, por lo que es es difícil fijarle un calendario de largo plazo. Por ejemplo, un testigo que debía declarar el lunes informó el viernes que tiene coronavirus y no podrá asistir.

A eso se le suma el calendario de las elecciones legislativas, un contexto que a los jueces federales no se les pasa por alto. Y la agenda 2021 del propio tribunal oral que tras la finalización de la feria judicial comenzó a organizarla con los otros juicios que tiene. Uno de ellos es al falso abogado Marcelo D´Alessio por el caso de extorsión conocido como “Traficante”. El inicio de ese proceso no se puede demorar mucho más porque el acusado está detenido y se vence su prisión preventiva. En esa revisión de la agenda -en la que el 90 por ciento de los jueces de los tribunales orales federales integra dos-, por ahora las audiencias de la obra pública están fijadas para los lunes y los martes.

Fernández defendió públicamente a Cristina Kirchner por este juicio. “Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?”, dijo en junio de 2019, un mes después del comienzo del juicio y cuando ya era candidato. Julián Ercolini es el juez federal que procesó y envió a juicio a la vicepresidente en este caso.

Sobre la declaración del Presidente hay otra expectativa: ¿lo hará personalmente ante los jueces para contestar las preguntas de todas las partes o por escrito, tal como el Código Procesal Penal de la Nación se lo permite por su cargo? En Comodoro Py empezaron los análisis políticos y las especulaciones con los pro y los contra de ambos escenarios.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el ex funcionario de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y otros siete imputados -ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz- están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Se juzgan las presuntas irregularidades –sobreprecios, rutas no terminas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.

El juicio que está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso –el fiscal es Diego Luciani-, que aceptaron la declaración de 184 testigos, de los que ya declararon 41 y otros 36 fueron desistidos durante el transcurso del juicio porque las partes entendieron que ya no eran necesarios. Quedan 98. Y hay otros nueve que están siendo investigados por el mismo hecho y resta esperar a que se defina su situación para saber si pueden declarar como testigos.

Desde que los testigos comenzaron a declarar -fue en diciembre de 2019- el tribunal dispuso que se hagan por bloques de temas. Así ya pasaron los denunciantes, como los ex diputados opositores Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Mariana Zuvic; ex funcionarios y diputados que trabajaron en la elaboración y aprobación de los presupuestos de las obras públicas; empleados del Ministerio de Planificación; y del área de auditoria de Vialidad Nacional.

Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Los jefes de Gabinete fueron citados porque son los encargados de la ejecución de los presupuestos y de las reasignaciones de las partidas para las obras públicas. Y esas medidas se tomaron para las obras de Báez. Cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio, el 2 de diciembre de 2019 a una semana de asumir, lo nombró a Alberto Fernández. “En el año 1994 se introduce la figura del jefe de Gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de Gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el Presidente o Presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al Presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008”, dijo la vicepresidenta.

Cuando Alberto Fernández fue aceptado como testigo -el 3 de septiembre de 2018- no había sido proclamado todavía como candidato a presidente del Frente de Todos –siquiera era una especulación- ni CFK como vice. Con su triunfo en las elecciones de 2019 el juicio recibió como protagonistas al Presidente y a la Vicepresidenta.

El Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 250 que “no estarán obligados a comparecer” al juicio como testigos “el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales”, entre otros. Pero si quieren ir al tribunal pueden hacerlo. Esas personas pueden declarar por escrito -el tribunal les envía las preguntas- o “en su residencia oficial”, hasta donde irán los jueces. Esa disposición alcanza a Alberto Fernández, al gobernador de Chaco Capitanich y a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, quiénes deberán informar su decisión cuando sean citados.

El segundo bloque es el de los empresarios. Hay muchos nombres de relieve. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak y Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Wagner fue uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. El tercer bloque es de los peritos de la Corte Suprema que realizaron el informe que concluyó que en las obras hubo sobreprecios. Para las defensas de los acusados tienen un especial interés en su testimonio. Objetan fuertemente su trabajo porque, entre otros aspectos, solo analizaron cinco de los 51 obras. Eso fue por decisión del tribunal que estableció que peritar todas llevaría demasiado tiempo y que unos ejemplos abarcaban el universo.

Desde agosto del año pasado el juicio se hace por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. Los jueces y los testigos en una sala de Comodoro Py y la Fiscalía y las defensas por la plataforma Zoom. Los abogados pidieron y el tribunal aceptó que aquellos testigos que consideran más importantes se los deje para cuando termine la crisis sanitaria y pueden estar todos en tribunales. Así se postergó la declaración de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el macrismo que presentó en 2016 la denuncia que dio inicio a la causa, o Rafael Llorens, uno de los funcionarios de Planificación más cercanos a De Vido.

Sobre el juicio sobrevuela la figura de la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene desde 2018 planteos de Cristina Kirchner para que el juicio se cierre y que, según lo que resuelva, y si lo hace, podría afectar el futuro del proceso a pesar que ya lleva tres años. La defensa de la vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi, objeta que la causa ya se investigó en Santa Cruz y se desestimó cualquier acusación, que el peritaje fue parcial sobre solo cinco obras, que no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió y de la actuación de un perito, entre otros puntos.

Por lo pronto el juicio se reanuda mañana con la declaración de Leonardo Durante y Jésica Caballero, de la auditoria de Vialidad Nacional. No es el único juicio oral contra Cristina Kirchner. La vicepresidenta tiene otros cuatro: “Hotesur” y “Los Sauces”, la firma del memorándum con Irán, dólar futuro y cuadernos de la corrupción. Ninguno empezó ni tiene fecha para hacerlo. Hay alguna expectativa de que este año se fije el inicio de alguno de ellos.