La cúpula de la Iglesia de los Testigos de Jehová de Santa Elena, optó por el silencio y el secreto en el juicio que se le sigue a Matías Vargas y Luciano Vito Panza, dos miembros de esa congregación religiosa, acusados de abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de dos jóvenes.

La causa se abrió en 2017, cuando una joven de 18 años escrachó en Facebook a Vargas y Panza. En el posteo los acusó de abusadores de menores.

En la segunda jornada de juicio contra los miembros de la congregación, que se desarrolla en La Paz, declararon ante el tribunal que integran los jueces Carolina Castagno, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón, siete personas, entre fieles y autoridades del Salón del Reino de Santa Elena. La jornada comenzó a las 9 y culminó cerca del mediodía, ya que la defensa desistió de algunos testigos.

En la jornada se destacó la postura de tres Ancianos, autoridades máximas locales de los Testigos, quienes evitaron dar información y se ampararon en el artículo Nº 289 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla que puedan abstenerse de declarar sobre hechos “secretos” que hubieran conocido los “ministros de un culto admitido”. Según supo Entre Ríos Ahora, las autoridades que eligieron el silencio son Lucas Pedernera, Pablo Paunera y Aldo Córdoba.

El artículo al que aludieron, dice textualmente que “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo sanción de nulidad, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.

Burkhard: “La postura fue peor de la que tuvieron en la investigación”

La abogada Valeria Burkhard, que representa a Belén Sánchez, una de las víctimas, lamentó la postura que tomó la cúpula de los Testigos de Jehová de la localidad del norte entrerriano. “La postura fue peor de la que tuvieron en la investigación preliminar, se mostraron más renuentes y desde el principio dejaron en claro que lo que era confidencial no lo podían declarar”, señaló.

“Trataron de esquivar lo más posible las preguntas en forma directa. Cuando tenían que responder por sí o por no, enseguida salían con el tema de la confidencialidad. Ellos pueden hacer muchos artículos sobre el abuso, pero en la práctica no colaboran con un caso puntual. Deja mucho que desear sus palabras y lo que realmente hacen”, dijo la abogada.

Antes del inicio del juicio, la congregación comenzó a difundir artículos en su sitio Web sobre cómo abordar los casos de abuso. Consultada al respecto, Burkhard dijo que tomó esas publicaciones como “un cambio de postura” y con expectativa de que “colaboren de alguna manera”. “Esperaba que ellos tuvieran otro tipo de colaboración para el caso, pero al parecer fue una pantalla”, consideró.

En cuanto al caso de Matías Vargas, uno de los imputados que unas semanas después de la denuncia .en 2017- fue expulsado, la abogada querellante señaló que los Ancianos confirmaron esa expulsión, pero evitaron dar los motivos. “Admiten, pero nunca dicen el motivo. Seguramente lo conocen porque si no, no lo hubieran expulsado. Entiendo que los conocen pero no lo quieren decir”, cerró.

“Son cómplices”

Natalia Cabrera, abogada e integrante de Militancia Verde de La Paz, también lamentó que la congregación haya sido reticente a colaborar con la Justicia. “Hemos tomado conocimiento que se creía que los Anciano iban a colaborar con la causa, principalmente luego de haber expulsado a Vargas de la congregación, pero lamentablemente no accedieron. Se ampararon en el secreto que los avala por ser miembros de alto rango de una Iglesia. Se negaron a dar los motivos por los que fue expulsado Vargas. Y a exponer los antecedentes que pudieron recabar, porque sabemos que hay otras víctimas que no se animaron a hacer la denuncia. En la Iglesia los conocían a través de esta denuncia que hace Belén”, señaló.

“Belén está realmente destruida. Es la Iglesia en la que su madre todavía confía. A la que ella fue siempre. Salió muy consternada. Los Testigos de Jehová labraron un escrito en los que se negaron a divulgar quién los ayudó a armar esta acta en la que se amparan para no testificar. Fue en vano sus testimonios. Si bien sostienen que mantienen una postura neutral, ante una injusticia mantener una postura neutral no es otra cosa que ser cómplices”.

“Definitivamente podrían haberle dado un giro diferente y haberle hecho sentir a Belén un apoyo de la congregación en la que tanto confió en los primeros años. Ellos tendrían que haber intentado que la investigación se resuelva y no poner obstáculos en el camino para que se pueda saber qué fue lo que pasó, cuándo y cómo”, finalizó.

Alegatos de clausura

Este viernes se realizarán los alegatos de clausura del juicio. En esta instancia, el fiscal Facundo Barbosa pedirá una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. En tanto, la abogada querellante Valeria Burkhard, que representa a Belén, solicitará 20 años de prisión para ambos imputados.

Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alsina, quien pide la absolución por cuanto considera que los delitos están prescriptos por el paso del tiempo.