El día después de la masiva protesta universitaria, el Gobierno prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades universitarias y se muestra abierto a discutir la propuesta base que ofrecerá. Sin embargo, los rectores sostienen que aún no hubo un llamado formal, pero rechazan las condiciones y reafirman la necesidad de recuperar los puntos salariales perdidos.
El planteo que elevará el Poder Ejecutivo partirá de lo contemplado por la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, que descansa en la Cámara de Diputados. “La idea es partir de la base del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto (Caputo)”, confesó un funcionario a este medio.
Los nuevos intentos por destrabar el conflicto, que derivó en una masiva convocatoria el pasado miércoles, surgen del desacato de la administración libertaria a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Finanaciamiento Universitario, a los que se suma además una reducción de $78.768 millones del presupuesto y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Luego de la ratificación de la norma sancionada y posteriormente vetada, y tras la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo readaptó el proyecto que propone una actualización salarial para el personal docente y no docente a percibirse de forma escalonada: se registrará un incremento del 4,1% trimestral del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.
Asimismo, establece una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado; y un incremento del $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios. En caso de que los desembolsos excedan las partidas fijadas, el exceso será cubierto a través de refuerzos provenientes de otras jurisdicciones presupuestarias.
Según supo Infobae de fuentes oficiales, sin fecha para tratarlo, y a sabiendas de que no cuentan con las voluntades legislativas necesarias para su sanción, en la administración libertaria aspiran a concretar un acuerdo para evitar además que la Corte Suprema se expida sobre el tema. Lo instrumentarían a través del Ministerio de Capital Humano, específicamente bajo la subsecretaría de Políticas Universitarias que comanda Alejandro Álvarez.
“Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, planteó una voz del oficialismo.
Si bien en Balcarce 50 minimizaron el impacto de la movilización que concentró más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, ven con preocupación la escalada del tema por lo que trabajan para intentar encontrar una diagonal que les permita contener al sector. Por lo bajo, varios interlocutores violetas apuntan contra el Ministerio de Economía por el blindaje de los fondos para cubrir las demandas. “Nos estamos comiendo estas piñas por Hacienda que no aceptó los números iniciales”, admitió un funcionario.
Por su parte, un importante referente del ámbito universitario negó haber recibido convocatoria formal de parte del Gobierno, alertó que los gremios deberían participar de la instancia de negociación, y anticipó que rechazará la propuesta que considera insuficiente. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Así sea en cuotas. De los 53 puntos iniciales a 12 es una verguenza. Además, solo agreden y rompen toda instancia de diálogo”, se expidió un interlocutor.
