Las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental habían presentado una denuncia por la violación de una cautelar que ampara los humedales ubicados en la zona de islas de Victoria. El pedido fue efectuado ante el mismo magistrado que resolvió la medida precautoria, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Alonso, pero la presentación fue rechazada. Las ONG insistieron en un recurso de reposición de la medida, pero que tampoco prosperó, por lo cual ahora irán en queja ante la Cámara de Apelaciones, según pudo saber ERA Verde.

Con datos precisos e indicios concretos de que en el Delta del Paraná se habían llevado acciones que lo podían vulnerar, dos entidades ambientales que bregan por la protección de los humedales, presentaron un pedido ante el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso. Se trata del mismo magistrado el pasado 1 de julio dispuso “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar” los territorios afectados por las quemas durante 2020. Lo hizo con especial atención a que se evite construir diques y terraplenes que vulneren ese sector tan sensible. Para esto, Alonso ordenó a Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Entre Ríos, preste atención ante cualquier hecho que pueda generar la violación de lo por él dispuesto. Esto es, observa el movimiento de vehículos pesados por la traza vial nacional Nº 174, que une Victoria con Rosario. Deberán “identificar debidamente a cualquier persona que desde la Ruta ingrese a la zona de humedales, como así cualquier material, maquinaria o elemento que se intente ingresar al sector y que tenga aptitud para vulnerar la prohibición de construcciones antes dispuesta”. Justamente aludiendo a este mandato, Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental presentaron ante la presunta violación de esta medida cautelar emitida, y vigente, por el mencionado magistrado. Pero pese a los elementos obrantes, el juez hizo caso omiso al pedido.

La denuncia apunta a un empresario vinculado a la industria láctea con domicilio en la ciudad de José María Gutiérrez, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Se trata de Alberto Javier García, a quien la Municipalidad de Victoria constató como responsables de movimientos reñidos con la cautelar de Alonso. Es por esto que se le labró un acta, con fecha del 4 de marzo de 2021, cuando en un paraje en cercanías de arroyo Barrancoso, hacia el Sur del enlace vial, en las coordenadas S 32º 52’ 18’’ W 60º 12’ 55’’, registró la presencia de una retro pala amarilla JCB; un arado de 40 discos; un rolo para el desmalezado, una pala de acople frontal; y un tractor marca Agco Allis. Toda estas maquinarias, según se registró en el expediente al que accedió ERA Verde, tenía como fin llevar adelante tareas de remoción de tierra y levantar endicamientos para instalar una vivienda y acondicionar un potrero para ganadería.

Todos estos elementos, fueron presentado a Alonso, que en anteriores oportunidades intervino en hechos similares, ordenando inclusive el retiro de este tipo de maquinarias.

Pero la respuesta no fue la esperada. El 28 de abril el magistrado contestó y no hizo lugar al pedido de las entidades ambientales y adujo que “en ningún momento se ha prohibido la tenencia o posesión de maquinarias en la zona de humedales”, aunque se hace evidente que las mismas llegaron de algún modo, cuando expresamente él mismo estableció estas restricciones. Es así que las ONG interpusieron un “recurso de reposición”, donde apelaron “en subsidio” ante el juez Federal dado que la resolución tomada “causa un gravamen irreparable a nuestra parte y al interés colectivo que se intenta tutelar”, se indicó en el escrito. De este modo se solicitó “se revoque la resolución impugnada por contrario imperio de la ley y en su lugar se ordene el inmediato retiro –de la zona de islas– de la retro pala, de la pala de acople frontal para tractor, del arado para el arrastre y de toda otra maquinaria con aptitud para degradar el medio ambiente”.

Alonso, volvió a desconocer el pedido y el 7 de mayo pasado, no hizo lugar a la revocatoria pedida, tras lo cual dejó como salida a Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental el tener que insistir en una instancia superior.