Los gobernadores están expectantes a la dinámica del proyecto de ley enviado al Congreso por Alberto Fernández para hacerse de más atribuciones para gestionar la pandemia del coronaviurs. Varios mandatarios admiten que una salida “elegante” para los visos de inconstitucionalidad que tiene el texto, es que se contemple que las provincias deban adherir a la norma. Es un esquema igual al que se usó con el Consenso Fiscal, al que no se sumaron La Pampa y San Luis.

Los mandatarios peronistas prefieren, por ahora, no hacer declaraciones públicas. Los más cercanos a la Casa Rosada –que vienen adhiriendo a los decretos presidenciales por la pandemia- sostienen que el Presidente necesita de una herramienta como la que propone y que hoy defienden en el Congreso Carla Vizzotti y Vilma Ibarra.

Sus referentes eligen el ejemplo de Angela Merkel en Alemania; son dichos similares a los que apeló la administración de Axel Kicillof y los propios funcionarios nacionales. Se abstienen de mencionar que el sistema de control parlamentario alemán no tiene punto de comparación con el argentino.

Dentro del mismo peronismo, hay miradas diferentes como ya se transparentaron cuando varios mandatarios no adhirieron a los últimos decretos con restricciones. En Córdoba –uno de los distritos de las que no se sumó- son cuatro los diputados nacionales que responden a Juan Schiaretti; aunque todavía no definieron cómo votarán, aseguran que no está claro para qué se necesita una ley como la que pide Fernández.

“¿Cuál es el sentido de decir al Presidente y a los gobernadores qué facultades tienen cuando eso ya lo dispone la Constitución nacional y las provinciales –indica uno de los legisladores a La Nación-. El punto es que dicen lo que tenemos que hacer y, sino cumplimos, penalizan. Otra historia sería establecer criterios comunes sobre datos científicos, algo que también hacen los consejos federales de Salud y Educación”.

El jujeño Gerardo Morales sostiene que sus diputados harán lo que resuelva Juntos por el Cambio. Dijo que la semana que viene tendrá una reunión con los gobernadores. De todos modos, el bloque ya adelantó que votará en contra. Insiste en que, en virtud del fallo de la Corte Suprema por la presentación de Horacio Rodríguez Larreta, la “única manera” de que la ley funcione es “incluir un artículo que establezca que se invita a las provincias a adherir”.

“Si la norma incluye cuestiones como las que dirimió el fallo de la Corte que implican un avasallamiento a las autonomías de las provincias no es constitucional; claro que puede haber temas de atribución nacional”, agrega el gobernador jujeño.

Su colega mendocino, Rodolfo Suárez también se manifestó abiertamente en contra del proyecto oficialista: “Es una copia del DNU anterior con el agregado del artículo 76 que delega poderes legislativos al presidente de la Nación. El Presidente tiene dos facultares legislativas, una son los DNU y otra la delegación. Pero eso no cambia el fondo de la cuestión, sobre todo con el fallo de la Corte”.

Constitucionalistas

El constitucionalista Daniel Sabsay indicó que el fallo de la Corte Suprema para la Ciudad de Buenos Aires habilita el camino a los gobernadores para acudir a esa instancia si se llega a aprobar la ley: “La propuesta es una burla a la Corte que ya estableció que su criterio regirá para futuro casos similares y que ya dijo que es competencia originaria para conflictos de este tipo. Es un mamarracho lo presentado, absolutamente inconstitucional. Si los gobernadores acudieran, se resuelve en un segundo a su favor”.

Los gobernadores prefieren evitar tener que recurrir a la Corte porque ese paso incluye un enfrentamiento político abierto que la mayoría no tiene interés en generar. En ese contexto echan mano al antecedente de los pactos fiscales, que siempre requirieron de adhesión de las legislaturas provinciales.

Para Antonio María Hernández, constitucionalista y exconstituyente, admite ante este diario que esa posibilidad “mejoraría” la norma pero ratifica que “hay una caída del federalismo para profundizar el presidencialismo; esta iniciativa es inconstitucional. Pedir la adhesión de las provincias sería una ‘salida elegante’ pero la iniciativa es una barbaridad; las provincias debieran ser muy celosas en la custodia del federalismo”.