El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves por la tarde de la inauguración del predio donde funcionará el Parque Industrial de Santa Elena, una obra que todavía arrastra un capítulo pendiente en la Justicia por presuntas irregularidades en el uso de fondos destinados a su construcción.
El acto se realizó alrededor de las 15 sobre Avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 3, y contó con la presencia del intendente Domingo Daniel Rossi; su esposa, la senadora departamental Patricia Díaz; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y el diputado Bruno Sarubi.
A decir verdad, lo que quedó formalmente inaugurado fue un amplio predio cercado, con un arco de ingreso, algunos caminos internos y red eléctrica instalada. Hasta el momento no trascendió el interés concreto de empresas para radicarse en el lugar.
Durante la actividad, Rossi celebró la apertura del espacio y sostuvo: “Inauguramos oficialmente el Parque Industrial de Santa Elena, un nuevo espacio moderno, sin impuestos y con todos los servicios para que se instalen las empresas. En Santa Elena impulsamos un municipio que facilite a la producción y se generen oportunidades. Este es el camino, un logro histórico para la ciudad. Un punto de partida, para que en los próximos años se desarrolle a su máximo nivel”.
El proyecto, sin embargo, continúa bajo investigación judicial. La causa está a cargo del fiscal Gonzalo Badano y se originó tras una denuncia pública presentada en 2025 por Ariel Juárez, coordinador local de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), quien reclamó precisiones sobre el destino de casi 170 millones de pesos transferidos al municipio en octubre de 2023 para el desarrollo del Parque Industrial.
En la causa hubo movimientos: en febrero de este año el fiscal Badano solicitó a Rossi que designe abogado defensor en el marco del legajo Nº 285545, caratulado “Municipalidad de Santa Elena s/ Actuaciones de Oficio”. Además, precisó documentación sobre gastos.
Aquella notificación generó malestar en el presidente municipal. Inmediatamente, difundió en sus redes sociales algunos datos sobre lo realizado hasta entonces: "El 5 de febrero de 2024 se ejecutó la primera obra en el Área Industrial, a cargo de la Constructora Godoy SRL (adjudicada por la licitación pública N° 14/2023), por un monto de $18.536.482,65 destinado a la limpieza de terrenos (obra N°1). Se ejecutó el 100% del cerramiento del cerco perimetral y 100% de las aperturas de calles. Por todo esto el municipio Invirtió del aporte $111.058.218,87 y, a su vez, Invirtió recursos municipales por $7.550.989,20”, dijo.
Y agregó: “Mientras se realizaban los llamados a licitación y se ejecutaban las obras, el dinero en la cuenta única generaba intereses favorables. Con lo cual, en solo 8 meses se generaron recursos con los plazos fijos por $84.875.683,65. En mayo de 2025 se culminó la Licitación N° 15/2024, destinada a la nueva infraestructura de la red eléctrica del parque por un monto de $40.329.661,38. Y en junio de 2025 se terminó la obra por la Licitación N° 16/2024, destinada a la creación del sector de servicios comunes del parque, por un valor de $52.630.655,35”.
De la visita y posterior recorrida por el Hospital y el Centro Pediátrico también participó Carlos Guillermo Reggiardo, el asesor legal del municipio y abogado personal de Rossi, además de editor de la web La caldera, desde donde a diario se fustiga y se ridiculiza a enemigos políticos del intendente de Santa Elena. Se trata del letrado que está cerca de ir a juicio por el supuesto delito de coacciones contra la jueza Carolina Castagno.
Esta causa se originó tras la denuncia de que el letrado habría intentado amedrentar a la magistrada para forzar su apartamiento de un tribunal que debe juzgar presuntos sobreprecios en la obra de pavimentación de varias cuadras en Santa Elena en 2014. El 14 de abril, la jueza Paola Firpo rechazó un pedido de sobreseimiento, como así también el planteo de recusación en su contra.
Una práctica extendida en el país
La ceremonia oficial sobre un terreno destinado a un futuro parque industrial, sin inversiones comprometidas ni empresas con decisión de radicación, no constituye en la Argentina un episodio aislado. El relevamiento periodístico y la propia normativa nacional de los últimos años permiten identificar un patrón sostenido de inauguraciones simbólicas que no se traducen en actividad productiva.
Un relevamiento del Diario de Cuyo de San Juan identificó tres parques industriales sanjuaninos que recibieron subsidios entre 2010 y 2012 a través de un programa nacional y siguen inactivos: los que se levantaron en Jáchal, San Martín y 9 de Julio, a cargo de las municipalidades.
El predio de Jáchal cuenta con 29 hectáreas, cierre perimetral con alambrado olímpico, agua potable, planta cloacal y una parte asfaltada; pese a esa infraestructura, no logró radicar ninguna empresa. El parque de San Martín, según declaraciones de su intendente Cristian Andino, fue inaugurado el 7 de diciembre de 2011; más de una década después continúa vacío.
El propio jefe comunal admitió que desde 2015 ofreció el predio sin éxito.
Chaco y Buenos Aires
El Parque Industrial de Puerto Vilelas, en la provincia del Chaco, fue calificado por la prensa local como "un gran fantasma" por la sucesión de anuncios oficiales que no se concretaron y por obras iniciadas que quedaron paralizadas.
En la provincia de Buenos Aires, el Parque Industrial II de La Plata recién obtuvo la habilitación provincial en marzo de 2025, pese a que el espacio de casi 85 hectáreas ubicado en el kilómetro 50 de la Ruta 2 fue adquirido en 2006 por la Comuna para funcionar como un segundo parque industrial, con espacio para 157 lotes y atraer la radicación de más de 100 nuevas empresas. Diecinueve años después de su adquisición, sólo dieciséis firmas habían comprado parcelas y apenas cinco funcionaban activamente.
El diagnóstico del propio gobierno nacional
En diciembre de 2024, mediante el Decreto 1077/2024, el Poder Ejecutivo Nacional derogó el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) y el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. En los fundamentos oficiales, el gobierno sostuvo que los Aportes No Reintegrables se otorgaron de forma arbitraria a determinados distritos y que, en muchos casos, no fueron utilizados para cumplir con los objetivos previstos.
Agregó que la mayor parte de los ANR otorgados no tenían por destino promover el desarrollo de los parques industriales sino llevar adelante algunas obras, que en muchos casos no fueron realizadas y que en muchos casos fueron utilizados con fines políticos para favorecer a gobiernos amigos. De los 309 ANR otorgados, poco más de la mitad cuenta con rendición de cuentas.
