“Como en todo arranque, en la primera audiencia se le leerán a Vitali los hechos imputados y se le hará conocer la prueba en su contra. Después, de no haber cuestiones preliminares que plantear, se lo invitará a que declare. Si lo hace, se lo escuchará y si opta por guardar silencio o declarar cuando esté más avanzado el debate, se comenzará con los testimonios”, anticipó a ANÁLISIS DIGITAL Rubén Pagliotto, uno de los integrantes de la defensa.

Vitali será juzgado por el presunto delito de peculado en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a servir de prueba y custodiados reiterados, por la sustracción de elementos que se encontraban en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná; y por otros hechos posteriores calificados como presuntos delitos de amenazas perpetradas en un contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de arma de guerra y peculado en concurso ideal con elementos custodiados.

Aramberry explicó a El Diario que “Fiscalía llega convencida, luego de sistematizar toda la prueba con la que se cuenta, de la acusación que se va a materializar en la audiencia de debate, no sólo por la causa por la sustracción de las armas sino también por otros dos casos que se siguen contra el imputado, por una serie de amenazas contra una persona y por una tenencia ilegítima de arma”.

En este sentido, el fiscal precisó que “el arma sería o estaría dentro de un lote de armas que estaban para ser destruidas, y las amenazas no son contra una testigo sino contra otra persona, que en su momento desde Fiscalía se consideró que la persona podría ser testigo por el contacto que tuvo el imputado con una testigo de la causa principal, lo que se tuvo en cuenta para fundar un pedido de medidas de coerción, pero no se inició una causa penal”.

Por su parte, Malvasio añadió que “en principio el imputado Vitali llega a juicio privado de su libertad, con la medida cautelar más gravosa, debido a que su situación procesal se agravó a partir del segundo hecho, en el que se le encontró un arma de fuego, que es una de las armas faltantes del Poder Judicial”, y añadió, en relación a tres personas que fueron imputadas y resolvieron su situación procesal acordando penas condicionales en un juicio abreviado, que “obviamente que necesitamos mantener la prisión preventiva de Vitali para que los testigos que tengan que deponer en la etapa de juicio puedan declarar libremente, eso es lo que vamos a solicitar en la audiencia del 8 de marzo, habida cuenta que la prisión preventiva vence ese día y Fiscalía está convencida de que Vitali debe continuar con el arresto preventivo hasta que finalice el debate, justamente para que todos los testigos –y no sólo aquellos que fueron imputados y resolvieron su situación procesal con una condena– puedan declarar libremente”.

Malvasio sostuvo que “esta es una causa que realmente avergüenza a Fiscalía, debido a que tenemos sentado en el banquillo de los acusados a una persona que trabajó para el Poder Judicial, una persona a quien se le tenía una confianza absoluta y que hoy la tenemos sentada como imputado en función de que defraudó las expectativas”, que en su labor se depositó.

A partir de la autocrítica, Malvasio señaló que la investigación de realizó con mucha responsabilidad y hermetismo, habida cuenta que se estaba investigando a un reconocido funcionario judicial, que además era comisario.

En ese sentido opinó que “esto demuestra el principio de objetividad que tiene el MPF y que ante la noticia criminis o ante el conocimiento de un hecho ilícito, se investiga con la misma seriedad a toda persona que está sindicada como autora de un hecho”.

Finalmente Aramberry sostuvo que “la expectativa que tiene el MPF es dar el mensaje que toda persona que aparece relacionada a una causa se la investigue, sea quien fuere, y luego, con el mismo criterio de objetividad se evalúe si existe mérito para continuar la causa contra esa persona, y en este caso había sobrada evidencia para avanzar hasta el juicio”.

El debate presentará una situación especial. Pagliotto firmó, el 12 de noviembre de 2016, el pedido de juicio político contra la ex presidente del STJ, Claudia Mizawak. Se trató del expediente administrativo Nº 2898 de la Cámara de Diputados caratulado “Mizawak, Claudia Mónica s/ Juicio político por mal desempeño en sus funciones.

Uno de los cinco puntos fue por “grave negligencia, inidoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia, en relación al robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal”. Otro firmante del jury fue Guillermo Mulet, quien ha promovido innumerables denuncias contra funcionarios de la anterior gestión de gobierno.

Foto: Entre Ríos Ahora.