N.B. de ANÁLISIS

El tema de discusión fue el informe pericial que hizo la División Lavado de Activos de la Policía Federal sobre documentación secuestrada a la Municipalidad, que corresponde al período que va de septiembre de 2017 a mayo de 2018.

Para contraponer las conclusiones de ese informe que advirtió sobre maniobras contables “llamativas”, reparto de publicidad oficial y contrataciones con un monto considerado abultado para la feria Tecnópolis, los defensores de Sergio Varisco citaron al subtesorero municipal, Rubén Correa.

Durante la jornada que se extendió siete horas, se pidió un careo entre la contadora responsable de la pericia y el subtesorero municipal. Pero esa propuesta fue desechada por el tribunal.

También declaró un amigo de Patricio Larrosa, imputado en la denominada causa “Narcoavioneta”. La camioneta de Larrosa, una Saveiro blanca con vidrios polarizados, fu vista por la Policía en el camino a la balsa de Villa Urquiza, el día que aterrizó la avioneta y secuestraron 317 kilos de marihuana. El testimonio del amigo de Larrosa, este lunes, resultó superabundante porque dio datos repetidos en otros testimonios.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se reanudará este martes a las 10.

Informe pericial

Haberes

Marcela Julita, sucomisario contadora de la Policía Federal, analizó documentación de la Dirección de Liquidación de Haberes y Tesorería municipal. Advirtió que personal de obra sólo tenía descuentos sindicales y faltaban previsionales, y observó que “faltaba mucha información” en legajos de personal. “Faltaban firmas y títulos profesionales”, marcó. “Se hacían transferencias de las cuentas del municipio a las cuentas bancarias de los empleados”, acotó y contrastó: “Había diferencias en las órdenes de pago porque superaban los importes que informaba la Dirección de Liquidaciones”.

Agregó que “se emitían cheques en concepto de haberes, librados a nombre de la Municipalidad que posteriormente se volvía a depositar en una cuenta del municipio”. “Para el banco el movimiento era cero”. Calificó a esa maniobra como “llamativa” y añadió que “hubo otras operaciones para pasar dinero de una cuenta a otra”, en lo referente a liquidación de haberes. “Es una modalidad inusual”.

Julita sostuvo que fue a las “planillas de cajas” para observar esas operaciones y deslizó: “Quizás hicieron una simulación de pagos”. “No me demuestra que esos cheques fueron emitidos con el propósito de abonar haberes”.

Detalló que se trataba de “masas de dinero muy grande” y en un tramo de su declaración refirió a “255 millones de pesos”. “El manejo no es claro. Esto no debería suceder en Contabilidad porque los cheques deben estar librados a la orden del prestador del servicio. Es desprolijo y ahí pueden suceder deslices”, concluyó y reafirmó: “Esto debe interpretarse como una maniobra para ocultar el verdadero destino”.

Publicidad

Otro de los puntos periciales fue la distribución de 28 millones de pesos en concepto de publicidad, en el período referido de septiembre de 2017 a mayo de 2018. “Tomamos una muestra al azar de prestadores de publicidad. Encontramos gente que tributaba por rubros que no tenían nada que ver con publicidad, como por ejemplo venta de carne o pompas fúnebres, o gente que estaba dada de baja y para la AFIP no existía. Pensamos que podía haber simulación de pagos o facturación apócrifa”, dijo. Advirtió que buscaron los domicilios fiscales de los prestadores pero algunos resultaron “inexistentes”.   

Fue al detalle con el caso de Ángela Pineda, madre de la funcionaria Griselda Bordeira. “Se trata de una persona jubilada, con domicilio fiscal desconocido, que fue contratada como personal de limpieza y facturó en el rubro publicidad. Las facturas de esa mujer coinciden con las emitidas por Blanco Johana, porque tienen una caligrafía que a simple vista es igual”.

También aseguró que encontraron órdenes de pago “duplicadas”. “Había órdenes de pago para Noticias Entre Ríos con el mismo número que una orden de pago para Alicia Cuestas. En el sistema figuraban pagos publicitarios que en las planillas eran para un solo proveedor. Es desordenado y desprolijo”.

Tecnópolis

Un tercer punto pericial fue el análisis de contrataciones para la feria Tecnópolis. “Nos llamó la atención de una factura de 2 millones 900 mil pesos para la contratación de 120 baños químicos. La licitación no especificaba la cantidad de baños, lo sacamos de una nota periodística que dio un funcionario. Hicimos una proyección y nos dio un precio estimativo entre 400 y 500 pesos por baño. Lo comparamos con el precio en Mercado Libre, donde se alquilaban a 60 pesos los baños”, sostuvo.

Contrapunto

Rubén Correa es contador y subtesorero de la Municipalidad de Paraná. “La Tesorería hace controles y si todo está debidamente autorizado, se emite una orden de pago. Nuestro control no se superpone con los de otras áreas. Tal vez tenemos un mecanismo muy anticuado pero es seguro porque se puede seguir el rastro de todo”, declaró.

Dijo que el informe pericial de la División Lavado de Activos “tiene muchas observaciones incorrectas”, y que su propia función de perito para la Justicia provincial y nacional no le permite “hacer afirmaciones” si no tiene toda la documentación.

Posteriormente aseguró que él mismo facilitó “toda la información” requerida a Tesorería por parte de la Policía Federal y eso le valió varias repreguntas de los jueces del tribunal.

Más adelante fue consultado por órdenes de pago duplicadas y descartó que existieran pero cuando se le mostraron ejemplos concretos admitió que “le llama la atención”.   

También refirió a la contratación de personal. Afirmó que hasta el mes pasado había 6.097 empleados pero algunos contratos no se renovaron. “En diciembre de 2016 había unos 5.500”, contestó a una pregunta puntual de la jueza Noemí Berros.

Sobre la maniobra de extracción de dinero de las cuentas municipales para abonar haberes y  posterior depósito en las mismas cuentas, lo vinculó a las retenciones patronales.

Descartó que pueda haber salida de fondos municipales y no quede registro.

Más contadoras    

Silvina Oshtadt, contadora de la División Lavado de Activos de la Policía Federal sumó su testimonio al informe pericial. Declaró en el mismo sentido que su compañera Julita. Coincidió que la documentación secuestrada era “confusa”. Puntualizó sobre el caso de Ángela Pineda y Johana Blanco. “En un momento ella tuvo problemas para demostrar el cumplimiento del servicio”, acotó sobre la primera mujer. “La caligrafía de las facturas de Pineda con Blanco parecían la misma”, subrayó.

Al igual que Julita refirió a Tecnópolis y la contratación de baños y vallado; los legajos de personal; las órdenes de publicidad que consideraron duplicadas y los depósitos de cheques en cuentas municipales emitidos desde las mismas cuentas.

Romina Veraldo testificó en la misma línea pero no pudo dar tantos detalles porque no recordaba.

Por último declaró Luis Kokil, policía federal a cargo de la División de Lavado de Activos. Refrendó el trabajo de las contadoras. “Hicieron chequeos de la información, algunos resultados dieron negativos y otros positivos”, reconoció.