Por Daniel Enz (*) 

Alguna vez, allá por marzo de 1996, cuando se leyó la sentencia que condenaba al expolicía Carlos Balla, como partícipe del secuestro y crimen del escribano Rubén Calero -sucedido en 1991-, los vocales del tribunal y el fiscal Jorge Beades se tuvieron que ir por la puerta del costado por la cantidad de sillas que les arrojaron y las amenazas de golpiza, de un nutrido grupo de familiares y amigos. Pero nadie del Superior Tribunal de Justicia, ni del Colegio de Abogados, ni del gremio de los magistrados movió un dedo por los agredidos. 

El exvicegobernador Domingo Daniel Rossi también hizo llegar varios copoblanos de Santa Elena, en el 2006, cuando lo juzgaron y lo condenaron por corrupto. Llegaron en colectivo hasta Tribunales, gritaron y patotearon a quienes venían a declarar en contra del actual intendente, en la causa por los millones de dólares que tenía en el Uruguay a nombre de su madre jubilada y su exmujer empleada pública. Pero no pasó a mayores y nadie se escandalizó en la justicia. 

Gustavo Petaco Barrientos, preso desde fines de 2012, acusado de un doble homicidio que tuvo por víctimas a Matías Giménez y Maximiliano Godoy, también provocó una fuerte reacción en Tribunales. A la mañana siguiente de su detención, un grupo de casi 100 personas, con banderas y pancartas de Patronato, como así también bombos y redoblantes, llegó hasta la misma puerta del edificio del Poder Judicial para exigir la libertad del líder de la barra. En esa ocasión mostraron otra bandera emblemática, que luego lucirían a menudo en las tribunas del Estadio Presbítero Bartolomé Grella: "Quieren bajarnos. No saben cómo hacer" y el escudo del Partido Justicialista. Amenazaron a cada uno de los fiscales que investigaban el caso, pero nadie del Superior Tribunal de Justicia dijo nada. Tampoco exigió respuestas la asociación de magistrados ni el colegio de abogados. Sergio Urribarri había asumido su segundo mandato y Barrientos era un aliado importante en el club del exgobernador.  

Acá más cerca, allá por marzo de 2020, el procurador Jorge García; la adjunta, Cecilia Goyeneche; el fiscal de Género, Leandro Dato y el subjefe de Policía, José Lauman, además de otros funcionarios judiciales, no pudieron salir del edificio de Tribunales entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente porque un nutrido grupo de mujeres se apostaron en las diferentes salidas del edificio judicial para no permitir que se retiren, en repudio al accionar judicial y policial por el crimen de la joven Fátima Acevedo. Las manifestantes bloquearon los accesos de calle Laprida, Córdoba y Santa Fe e incluso la playa de estacionamiento ubicada sobre esta última arteria. "Nosotros queremos que nos den explicaciones", reiteraron, pese a la conferencia de prensa que hubo en horas de la tarde, como así también la comparecencia del comisario Lauman en el acceso principal de Tribunales, lo que le valió los más variados epítetos y escupitajos, tanto a él como a las funcionarias policiales. Además, hubo pegatinas en paredes y vidrios de Tribunales. Hubo una causa por daños, que no tuvo repercusión, pero nadie del Superior Tribunal de Justicia, ni del Colegio de Abogados ni de la asociación de magistrados salieron a decir algo al respecto. 

Pero al parecer, la semana pasada llegó a Paraná lo más parecido al Ku ku klan norteamericano o a sectores identificados con los grupos neofascistas adoradores de Hitler. No llegaron a decirlo de esa manera desde el Superior Tribunal de Justicia, la asociación de magistrados, el colegio de abogados o los sectores políticos, pero demonizaron como a nadie al grupo de mujeres enrolados en el Equipo Republicano que vino a esta capital para repudiar los fallos a favor de los corruptos o cuestionar la destitución de Cecilia Goyeneche, tal como lo hicieron en defensa del fiscal Campagnoli o por el caso Nisman.  

Nunca hubo, desde el ’83 a esta parte, una reacción tan coordinada entre sectores de la justicia y la política, para expresarse de modo contundente contra quienes le enrostraron a dos abogados -como Raúl Barrandeguy y Miguel Angel Cullen-, la defensa del exgobernador Sergio Urribarri. O sea, una situación que se vive a menudo cada vez que hay una condena por un delito grave, pero está visto que los miembros del alto cuerpo nunca se enteran, por estar dos pisos más arriba en el edificio.

Las mujeres cuestionadas, la mayoría de ellas jubiladas procedentes de Buenos Aires, se excedieron en el escrache ante el estudio de Barrandeguy y lo reconocieron así públicamente en una nota que le hiciéramos por radio esta mañana. "Dichas personas, disconformes con actos o decisiones de las instituciones republicanas, canalizaron sus reclamos a través de métodos agresivos, violentos, intimidatorios, con insultos e injurias personales, afectando la honorabilidad de magistrados, profesionales y legisladores en cumplimiento de sus funciones y como integrantes del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia", indicaron desde el Superior Tribunal de Justicia. Obviamente, fueron más allá y les abrieron causas por le pegatina de calcomanías de 4 x 5 cm en containers de residuos y algunos afiches con los rostros de quienes votaron en contra de Cecilia Goyeneche, como así también por levantarle la voz a Barrandeguy y a Cullen, quienes al parecer, en más de 40 o 50 años de carrera nunca vivieron situaciones similares, lo que resulta extraño. Además, la respuesta del poder hizo que se publicara en algunos medios los nombres y apellidos de todas las mujeres que concurrieron a Tribunales.

La pregunta que uno se hace es: ¿fue para tanto el episodio? ¿tan mal se sintieron los abogados defensores y los jueces? ¿No hay una sobreactuación respecto de los hechos, tratando con ello de poner de qué lado están los malos de una película y de qué lado se encuentran los buenos y necesarios para esta sociedad entrerriana?

¿Es más importante que la opinión pública ponga en foco a estas mujeres que se manifestaron en Tribunales -quizás gritando más fuerte de lo debido y cometiendo el error de alguna manera acosar a Barrandeguy hasta su estudio jurídico- y no la andanada de pedidos de sobreseimiento por delitos de corrupción que se han venido presentando en las últimas semanas, para beneficiar a los corruptos, en base a la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, de diciembre del año pasado, que acorta los tiempos de la investigación? Y que incluso motiva hasta pedidos de sanción para alguna fiscal, de parte de esos mismos abogados, por supuestos excesos en sus dichos en la audiencia, atentando contra su libertad de expresión y de opinar sobre lo que está pasando. Esos abogados han dicho lo que se les antojó en los últimos meses, contra fiscales y periodistas, en las audiencias que se emitieron en vivo y en directo por internet, pero nadie les dijo nada. 

Está claro que se está cambiando el eje de las cosas. Está claro que después de la destitución de Cecilia Goyeneche, vocales, jueces y abogados quieren más venganza y más cabezas rodando. Quieren meter miedo en fiscales, en investigadores policiales, en funcionarios judiciales, en periodistas, para que no se metan más con la corrupción; para que nadie más deje al descubierto los chanchullos con dineros públicos. Ni los de antes, ni los de ahora. Es mejor meterse con las "viejas locas", con "las patoteras", según las definen ellos; con las que vienen a reclamar algunas cosas y no lo hacen de modo correcto y ordenado. Porque al fin de cuentas, para eso debe estar la justicia, según el criterio de los superiores.

En toda democracia debemos respetar las decisiones del Poder Judicial. Si estamos en desacuerdo, disponemos de los recursos para apelar y obtener o no, sus revocaciones. Es lo que está ocurriendo en el caso Goyeneche, donde acá en Entre Ríos se escribió un primer capítulo. Falta la última palabra que está en la Corte Suprema de Justicia.

Veremos si el máximo tribunal de la Nación está de acuerdo con un juicio en donde uno de sus jurados es el padre de un acusado por corrupción o en un juicio donde luego que renunciaron 16 abogados consiguieron uno al efecto para que la acuse. Cualquier parecido con las comisiones especiales que prohíbe la Constitución Nacional no es coincidencia.

Las denuncias anónimas de corrupción a jueces o los escraches por ejercer el derecho de defensa son manifestaciones teñidas de cierta violencia que debemos repudiar, en todos los casos y más aún lo deben hacer las más altas autoridades del Estado y de la organización de los abogados. Pero lo que estamos viendo no es eso, sino pronunciamientos parciales, para unos si y para otros no. Es la alineación de todos "a la carta", al servicio de quien fue condenado a ocho años. Y no es así la cuestión. No debe ser así.

(*) Texto del autor, consignado en el comienzo del programa Cuestión de Fondo de este miércoles 15 de junio de 2022, de Canal 9 Litoral de Paraná.