La diputada Vilma Vázquez (JxER) impulsa un proyecto de ley para renovar el Código de Contravenciones, cuya última actualización sustancial data de 1972. La iniciativa busca brindar más herramientas a la policía, incorporar delitos digitales, como el ciberacoso, y establecer un régimen de sanciones.
La propuesta tiene como objetivo central modernizar las herramientas legales disponibles para la Policía de Entre Ríos, con el fin de fortalecer la prevención y garantizar la seguridad ciudadana.
Vázquez, en diálogo con Elonce, destacó la urgencia de la reforma ante el envejecimiento de la normativa actual. “Este código de contravenciones viene a regular la buena convivencia de los ciudadanos en lo social e institucional”, aseveró. Agregó que la normativa vigente “es vetusta porque desde el año 1972 que no se ha actualizado”.
La legisladora explicó que la normativa actual solo había sufrido una modificación parcial de un artículo en 2019, enfocado en la seguridad en el ámbito educativo. La diputada enfatizó que el nuevo Código de Contravenciones de Entre Ríos responde a nuevas problemáticas que han evolucionado con la sociedad.
El proyecto, compuesto por 254 artículos y estructurado en tres libros, incorpora un catálogo moderno de conductas que antes no estaban contempladas. Entre las nuevas figuras se encuentran la suplantación digital, la difusión de imágenes íntimas (doxing), y las agresiones contra el personal docente, de salud y de seguridad. "No tienen a veces un respaldo para que ello no ocurra", mencionó Vázquez, refiriéndose a las agresiones que pueden sufrir los agentes policiales durante el ejercicio de sus funciones.
Un cambio clave de la propuesta se centró en el régimen de sanciones. El proyecto priorizó la reparación del daño sobre la pena privativa de la libertad, promoviendo el trabajo de utilidad pública y la multa como castigos principales, y dejando el arresto para casos excepcionales. "Prioriza la reparación sobre castigos; menos arresto, más trabajos comunitarios de aquellos que no constituyen delito", afirmó Vázquez. También se incluyeron sanciones auxiliares como la clausura, la inhabilitación, los decomisos, la prohibición de concurrencia y la restricción de acercamiento, además de la introducción de instrucciones educativas.En el aspecto procedimental, la iniciativa buscó una mayor celeridad a través de la implementación de juicios orales y audiencias públicas. “Los juicios serán orales con más celeridad, con audiencias públicas”, detalló la diputada. Se establece que, en los lugares donde no exista un Juzgado de Contravenciones, podrá actuar el Juzgado de Paz. El proyecto prevé también la mediación y conciliación como vías alternativas para la resolución de conflictos.
Otro punto relevante fue la creación de una unidad de control de ejecución de la sanción, especializada en garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas. Asimismo, se propuso la creación de un registro digital de contravenciones con la figura de la cancelación automática a los dos años si la persona no registra nuevas faltas.
La diputada informó que la iniciativa se encuentra actualmente en trabajo de comisión y que se invitará a “diversos actores” a que colaboren en la elaboración de la ley, incluyendo a abogados y asesores de la Policía de Entre Ríos.Finalmente, Vázquez señaló que la ley se alinea con la legislación de siete provincias argentinas, además de respetar la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución Provincial.
