Una de cada 10 hectáreas en el Departamento La Paz se encuentra en manos extranjeras, según el informe publicado por el Conicet junto a profesionales de la Universidad de Buenos Aires que relevó las tierras extranjerizadas en todo el país. Se trata del lugar de la provincia con mayor cantidad de campos comprados por foráneos. Al respecto, el ingeniero agrónomo Pablo Benetti, quien trabaja en la zona con pequeños y medianos productores y es el referente de la Federación Nacional Campesina en La Paz, analizó esta realidad, que vinculó con la pérdida de soberanía nacional y la dificultad de los pequeños productores para acceder a tierras productivas. Asimismo, en diálogo con el programa El Séptimo Día, el ingeniero advirtió sobre el impacto social y ambiental derivado de la concentración de la riqueza y contrastó las políticas actuales con los modelos de colonización agraria que fomentaban el arraigo rural y el desarrollo local.
—¿Qué impresiones tiene sobre el informe del CONICET y de la UBA sobre la realidad de las tierras extranjeras en la provincia, en particular en el departamento de La Paz?
—El mapa interactivo realizado por científicos del CONICET y profesores de la UBA demuestra algo que en la zona ya se conocía. Esto no es nuevo; en los años 90 hubo más de 20.000 hectáreas compradas por capitales holandeses en la zona sur del departamento La Paz. También existen casos como el de Douglas Tompkins en Laguna Blanca o un coto de caza de capitales estadounidenses detrás de San Gustavo. Este informe pone números y relieve la situación, especialmente en el marco del planteo nacional de eliminar la Ley de Tierras, que impedía que más del 15% de la superficie quedara en manos extranjeras. La liberación de este límite permitiría la compra masiva por capitales extranjeros. Entre Ríos tiene un 9% de su superficie extranjerizada, y el Departamento de La Paz específicamente alcanza casi un 10%, con unas 60.000 hectáreas de un total de 600.000. Además de la extranjerización, esto revela una concentración de la tierra en manos de capitales nacionales, empresas y figuras de la política o el deporte. O sea, no es una cuestión solamente de la extranjerización, sino que genera todo un impacto social, ambiental y económico en la zona.
—¿Se trataría de establecer otro modelo?
—A nivel nacional preocupa la extranjerización de tierras en fronteras, en la pampa húmeda y en zonas con minerales o petróleo, lo que genera una pérdida de soberanía nacional. En Entre Ríos, esto implica la pérdida de la posibilidad de acceder a la tierra para pequeños productores y familias rurales. Hoy es inaccesible, con valores de 3.000 o 4.000 dólares la hectárea.
—¿Existe algún tipo de control para el extranjero que viene a comprar tierras? ¿Se conoce el origen de los fondos o qué injerencia tiene el Estado cuando alguien quiere comprar, por ejemplo, 3.000 hectáreas a la vera del río?
—No hay controles efectivos. Aunque existen normativas para justificar fondos, el blanqueo de capitales ha permitido ingresos cuestionables. Tenemos el caso en La Paz de un mexicano, exintendente de Cancún (Gregorio Sánchez Martínez) cuestionado por narcotráfico y trata de personas, que compró una estancia de 1.200 hectáreas cerca del río. Hubo una investigación mediática en su momento, pero él sigue teniendo sus tierras, las cuales están arrendadas actualmente. Es una zona estratégica con salida por tierra y agua.
—Hay un discurso que dice que el extranjero invierte y genera trabajo y producción ¿Esto genera movimiento económico para la gente de la zona de La Paz?
—Es muy poco lo que “derrama”. Por ejemplo, la estancia de Tompkins trajo gente de afuera; incluso uno de sus administradores, que vino de Buenos Aires, es hoy senador nacional por La Libertad Avanza (Joaquín Benegas Lynch). Muchas veces esas tierras se dan en arrendamiento y ni siquiera las producen ellos mismos. Si esas 1.200 hectáreas estuvieran en manos de 10 o 15 productores, el impacto sería distinto. En el pasado existieron políticas de Estado que crearon colonias como la 3, la 14 o San Carlos, donde se entregaban tierras para que la gente se instalara y produjera alimentos para los pueblos. La política actual de liberar totalmente el acceso a la tierra es contraria a ese arraigo.
—Sobre aquellas políticas de acceso a la tierra ¿se trataba de financiamiento para pequeños productores, de tierras fiscales? ¿Cuál es la propuesta de la Federación Nacional Campesina?
—En su momento existió el Consejo Nacional Agrario, que compraba tierras, usaba tierras fiscales o expropiadas por cuestiones judiciales para subdividirlas y generar colonias. Se entregaban con planes de cuotas o créditos blandos. Esa ley se derogó en 1976 y no existe más. Un ejemplo reciente en Entre Ríos fue la Colonia Guardamonte, donde se expropiaron tierras por una cuestión judicial y se permitió que productores accedieran con proyectos productivos. Planteamos que esa política debe replicarse. También habría que investigar tierras entregadas durante la dictadura, como un caso de una persona con más de 5.000 hectáreas fiscales recibidas en condiciones que deberían revisarse.
—¿No hay nada que obligue al extranjero a que el lugar sea productivo, para que no sea solo una compra especulativa?
—Existió la “renta presunta”, donde se cobraba un impuesto superior si una tierra apta para la agricultura no se ponía en producción. Hoy eso no existe; el impuesto inmobiliario rural se calcula por zona y productividad potencial, pero pagas lo mismo si la producís o no. No hay incentivos para producir, lo que facilita que la tierra sea una inversión financiera, comprándola para esperar que suba su valor en lugar de generar trabajo y movimiento económico en la zona.
—En esta nueva ola privatizadora del gobierno nacional ¿se ha abierto la posibilidad de privatizar tierras del Estado?
—Está en discusión la venta de tierras que pertenecen al INTA. El INTA tiene estaciones experimentales en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay que se usan para desarrollar tecnología y nuevas variedades para productores de todos los tamaños. Ya se vendió un predio en Capital Federal y el resto de las hectáreas están bajo la lupa para su venta. Aunque no he escuchado específicamente sobre las tierras del Ejército o del ferrocarril en esta zona, es probable que se pongan en venta dentro de esta ola actual.
