Comenzaron las audiencias en donde se discute la remisión a juicio de la causa que investiga el enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. El Ministerio Público Fiscal busca llegar al juicio mientras que los abogados defensores intentan que el expediente culmine en esta instancia.
Son 22 jornadas previstas en donde los fiscales y abogados defensores intentarán persuadir al juez Mariano Budasoff respecto al devenir del expediente iniciado en diciembre del 2015. Por parte de Fiscalía estuvieron presentes en la primera jornada Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull, mientras que por parte de las defensas estuvieron Miguel Cullen e Ignacio Díaz en representación de Urribarri, mientras que José Velázquez en patrocinio del empresario paraguayo.
Durante la primera audiencia los defensores replicaron argumentos ya rechazados en este mismo proceso. "Debemos sostener y ratificar en un todo lo que sostuvimos en la contestación por escrito. Nos opusimos a que esta causa se eleve a juicio. Como primer punto debemos traer a discusión lo que entendemos no puede dejarse de lado, lo atinente a la duración que ha tenido este proceso y la facultad que tiene el Estado para perseguir a una persona, en una causa que tiene la gravedad que tiene, teniendo en cuenta una serie de derechos constitucionales", dijo Cullen en su primera intervención.
Los abogados insistieron en que se violaron los plazos razonables y que el delito prescribió. Se basan en que la causa se abrió en diciembre del 2015 y recién la declaración de imputado de Urribarri fue en 2023: "A partir de ese momento comenzamos a sostener que el tiempo prolongado empezaba a conculcar un derecho básico de la defensa. No es un planteo novedoso, lo hemos realizado. Hemos llegado a través de queja hasta el STJ. Se nos rechazó porque no llegamos a la instancia intermedia, que es esta instancia donde lo volvemos a plantear".
Se indagó sobre los alcances del artículo 67 del Código Penal en el cual se refiere a la suspensión de los plazos mientras tanto el acusado siga ostentando un cargo en la función pública. Urribarri dejó de ser gobernador en diciembre del 2015 pero continuó como diputado provincial hasta finales del 2019. Además, luego de pocos meses en donde volvió al llano, Urribarri fue designado embajador argentino en Israel y Chipre en mayo del 2020.
Velázquez agregó un planteo de inconstitucionalidad respecto al artículo en cuanto entendió que Cardona Herreros sufría desigualdad durante el proceso ya que el empresario no fue ni es funcionario público.
"Es cierto que existe la disposición legal que suspende los plazos mientras el acusado es funcionario, pero la interpretación debe ser armónica con la Constitución", insistió Cullen y comparó el caso de Urribarri con el del expresidente Carlos Saúl Menem y la decisión de la Corte Suprema de Justicia que definió la prescripción de los delitos por los cuales se acusó al riojano de haber vendido clandestinamente armas a Ecuador y Croacia.
En esa línea, afirmó: "No encontramos ningún argumento racional para que la causa se haya elongado este plazo a la hora de determinar el crecimiento patrimonial de un sujeto. Desde el momento que se abrió la causa el propio Urribarri ofreció su levantamiento bancario. No encontramos justificativo alguno por la extensión de 8 años desde la apertura de causa hasta la indagatoria".
Por su parte, los fiscales Badano y Ramírez Montrull rechazaron los planteos defensivos y explicaron que durante este mismo proceso los abogados realizaron planteos similares que ya fueron denegados: "Cuando uno analiza lo actuado, los argumentos son exactamente los mismos que se brindaron anteriormente y ya fueron resueltos anteriormente", dijo Badano. Ramírez Montrull profundizó y dijo: "Las circunstancias no han variado, se trató el tema, se analizó toda la situación y se rechazaron los planteos. Los plazos fueron respetados en esta investigación".
"Entendemos que atentos a que todos estos planteos ya fueron realizados en este mismo proceso, deben ser rechazados como ya ha ocurrido, son exactamente los mismos y ya fueron resueltos", insistieron los fiscales.
El propio Badano explicó que Urribarri no dejó de ser funcionario público durante varios años desde el inicio de la investigación que comenzó dejó de ser gobernador. Es por esto que la indagatoria por la causa de enriquecimiento ilícito llegó a Urribarri recién en el 2023 cuando el exgobernador había dejado de ser embajador y había vuelto a ser un ciudadano común. Cabe recordar que la renuncia de Urribarri a la Embajada Argentina en Israel y Chipre recién se terminó de concretar en mayo del 2022 y desde allí se retomó el conteo del plazo en base al artículo 67 del Código Penal.
Ramírez Montrull además relativizó los dichos de Cullen ya que las defensas insistieron en que no había motivos para explicar la extensión de la investigación en tiempos donde la información está colgada en internet y se consigue con supuesta velocidad. El fiscal enumeró una serie de procedimientos interjurisdiccionales que requerían de traslado de documental, nuevos allanamientos y otras demoras típicas de una causa compleja como es una investigación de enriquecimiento ilícito.
La tramitación de las audiencias de remisión de la causa a juicio, pedida en 2023 por Fiscalía, continuarán los días 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril, a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1 de los Tribunales de Paraná.
