Director: Daniel Enz
La Reina, en el apogeo de su estrellato, en la cúspide de su poder, está sin embargo desnuda. Un tácito pacto de seguidismo envuelve a sus simpatizantes, adherentes y no constructores, e impide que una elemental racionalidad se imponga sobre los aspectos emocionales que, claro que sí, pueden intervenir en la práctica política mas no tanto como para conducir al absurdo. Hay componentes institucionales desgraciados en la decisión presidencial de ser coronada por su hija y en su opción de elevarlo a “él” a idéntica jerarquía que Dios y la Patria entre los entes ante quiénes rendir cuentas. Pero hay un estadio previo, menos formal y más humano, menos protocolar y más cotidiano: la Presidenta hace el ridículo. No se lo advierten.
Definitivamente, la política es cosa de hombres, al menos para el peronismo entrerriano y, naturalmente, extensivo a la oposición. De los 90 cargos de primera línea que surcan el entorno más chico del gobernador Sergio Urribarri, apenas una docena tiene aroma de mujer y el resto será ocupado por hombres. La supremacía de los varones es notable tanto en la Legislatura provincial como en la conformación del gabinete provincial, donde el género femenino está relegado a un absoluto segundo plano. En el caso del gabinete de la Municipalidad de Paraná el tema es aún peor. De modo recurrente la participación de la mujer que imaginan los políticos a cada momento es apenas el discurso seductor de circunstancia indispensable para juntar votos, pero que luego muta rápidamente y termina siendo tan siquiera un pergamino del olvido y el abandono. Los tiempos han cambiado hoy: en la bolsa cotiza mucho más La Cámpora que la histórica militancia de la rama femenina del justicialismo.
“Vamos a combatir el narcotráfico”, dijo el gobernador Sergio Urribarri, el día que volvió a asumir en el cargo. Sin embargo, ni el Estado entrerriano ni el gobierno nacional tiene políticas claras para avanzar en la lucha contra la droga. Toxicología de la Policía de Entre Ríos dispone de un bajo presupuesto y no tiene vehículos, ni equipamiento para investigaciones. Mientras tanto, el negocio del narcotráfico creció como nunca en esta provincia, en los últimos diez años. Cada vez son más las ciudades y poblados más chicos cruzados por este flagelo. La cocaína se vende al mismo nivel de la marihuana -lo que mueven cifras millonarias mensualmente-, pero también se instaló el éxtasis y desembarcaron las cocinas de droga. Y un dato preocupante: por qué se están instalando en Entre Ríos inversores colombianos, cuyas vinculaciones con este negocio resultan evidente, aunque nadie lo quiera ver.
A una década de las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, ANALISIS se propuso recordar a los tres entrerrianos que perdieron su vida producto de la feroz represión desatada en aquellos días. Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel Rodríguez, en circunstancias diferentes pero envueltos en la misma tragedia, abandonaron este mundo en medio de una de las mayores crisis políticas, sociales y económicas que atravesó la Argentina. En la mayoría de los casos, los crímenes cometidos esos días a lo largo y ancho de todo el país permanecen bajo el signo de la impunidad, y nuestra provincia no constituye una excepción.
El gobierno de Sergio Urribarri se enfrenta a desafíos por cumplir en esta segunda gestión que –sea por falta de tiempo, de voluntad política o de consenso– no pudo realizar durante el primer mandato. En un sondeo entre empleados estatales, gremialistas, políticos y funcionarios surge como prioritario que la Provincia recupera poder de decisión independientemente de la Casa Rosada, que pueda decidir sus obras públicas y no que vengan encarpetadas desde Buenos Aires. Que se garantice la libertad de expresión no sólo en los medios de comunicación sino entre la militancia de un partido de gobierno que quedó herido en su base por la pelea de un gobernador y su antecesor. Que se apruebe una reforma administrativa que haga viable el ejercicio de la función y que los tiempos contables sean más ágiles, porque hoy si un ministerio quiere funcionar se ve obligado a violentar normas contables. Que se aprueben normas claras de ingreso a la administración pública y que la agenda del gobierno incluya las propuestas de colectivos sociales que hoy no tienen llegada al poder. Esas son algunas de las demandas al gobernador reelecto.
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El País
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