El gobierno de Mauricio Macri comenzó un proceso de venta de campos del Ejército en distintos puntos del país. En Mendoza, por ejemplo, puso en liquidación un campo destinado para la cría de caballos, conocido como “La Remonta”, que tiene 7 mil hectáreas. Uno similar existe en el departamento entrerriano de Uruguay, al que también se conoce como “La Remonta”, que posee 4.931 hectáreas destinadas a la cría de caballos de raza y explotación agropecuaria. En el gobierno anterior, las tierras militares eran explotadas por el Estado nacional, pero Macri derogó el decreto que daba sustento a esas operaciones estatales y licitó la explotación que muchas veces queda en manos de grupos concentrados. En el principal campo que el Ejército tiene en Entre Ríos, la explotación se limita sólo a 292 hectáreas y quedó en poder de una cooperativa de Galarza. La licitación para explotar el resto de las tierras del Ejército en esta provincia fue declarada desierta y, aunque todavía no lo dicen abiertamente, sobrevuela el fantasma privatizador sobre esas grandes extensiones, como está ocurriendo en otras provincias.

Desde hace más de cinco años Marcela Canalis dirige el Museo de Bellas Artes Dr. Pedro E Martínez, una de las mayores casas del arte de la provincia, implementando políticas claras, con líneas que juegan entre la innovación y el rescate del patrimonio. Periódicamente se ofrece a los entrerrianos muestras prolijas y bellas, que se han logrado a través de la consolidación de un equipo de trabajo que busca constantemente ejercer una mirada sobre las obras que el museo incorpora desde hace más de 90 años y también del arte actual.

Es abogada y hace bastante tiempo trabaja en los Tribunales de Paraná. Pamela Martínez no es cualquier empleada judicial, es la reina del Carnaval de Gualeguaychú y su figura recorre los largos pasillos del palacio de Justicia. Dice que su vida es el carnaval y que dejará de bailar…algún día.

Pese a los contendientes de ese infame negocio denominado “grieta”, siempre hay algunas razones para tener esperanzas. La ciudadanía ratifica que es más sensata que sus dirigentes y con sólo dar a conocer sus opiniones obligó al Gobierno a cambiar su encuadre del asunto y preocuparse por la desaparición de Santiago Maldonado como “cuestión de Estado”. De esto, y de unas cuantas cosas más, se habla en esta columna.

En la Uader todo se paga con horas cátedra. Un fotógrafo, un chofer, pauta publicitaria o un disertante local o extranjero cobran con esta modalidad que les genera un recibo de sueldo, aportes de ley y el alta en Iosper. El desmanejo es consecuencia de la inexistencia de una estructura de cargos que ninguna autoridad reclama. El gobierno provincial no quiere destinar ni un peso más de los más de 1.000 que invierte al año. Las autoridades no quieren perder el poder que les brinda el manejo discrecional de las horas. Y en la Legislatura hay una comisión bicameral de Uader que nunca se reunió y ni siquiera está conformada. Los trabajadores carecen de estabilidad laboral y denuncian que la renovación de las horas, que de ser cada un año pasó a ser cada seis meses, tiene que ver con cuestiones políticas, ideológicas y hasta personales. El ordenamiento que promueve Bordet llegó a Uader, pero sin criterio claro. Se dieron de baja equipos de trabajo, pero a la vez se contrataron choferes y secretarios. Y nadie pudo articular para que, por ejemplo, el personal de la escuela Normal no deba usar solo agua para higienizar el inmenso edificio, por falta de un presupuesto mínimo para lavandina y trapos de piso.

Casi el 50 por ciento del empleo registrado en Entre Ríos pertenece al sector público, ya sea del ámbito nacional, provincial o municipal. Así se desprende de un estudio del Consejo Empresario de Entre Ríos que señala una inquietante tendencia, al menos entre 2012-2016. En este período, la masa salarial en el Estado entrerriano se incrementó un 10,02% frente al 0,3% en el sector privado. Este aumento también ha sido datado por el Ministerio del Interior, que tiene un índice de 57,69 empleados provinciales por cada 1.000 habitantes, lo que ubica la situación local a mitad de tabla frente a otros distritos, pero muy por encima de Santa Fe y Córdoba. Según se evaluó, la distorsión que revela el estudio conlleva una mayor presión tributaria que hace menos competitiva a la provincia. El creciente déficit de la Caja de Jubilaciones es otro aspecto negativo.