Censo 2022: una lamentable omisión

Censo 2022: una lamentable omisión

Por Beatriz Arbasetti (*)

 

Los argentinos nos aproximamos al nuevo censo en mayo y una vez más se ignora a los ciudadanos con discapacidad. Pareciera redundante recordar las garantías establecidas por la Constitución de la Nación Argentina, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, además de la Ley 24901 sobre Prestaciones en Habilitación y Rehabilitación de las Personas con Discapacidad, suscripta por todas las provincias. Existen organismos oficiales para atender una problemática que padece al menos un 10% de los ciudadanos, cualquiera sea su edad. (Agencia Nacional de la Discapacidad (antes Co.Na.Dis.) y el I.Pro.Di. en Entre Ríos).

Ya en el censo de 2010 –Año del Bicentenario-, sorprendió que se recogieran datos estadísticos sobre estado y características de las viviendas, pero ninguno acerca de la condición de sus habitantes.

La Asociación Paranaense de Síndrome de Down (As.Pa.Si.D.) y el CGE hicieron un registro provincial de personas con discapacidad en el año 2000. Las escuelas remitieron datos de sus jurisdicciones. Se contabilizaron cerca de 3000 individuos, entre los que no se incluyó a adultos mayores y no escolarizados.

En la actualidad la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) lleva adelante su propio censo nacional digitalizado.

En esta indagación censal de todo el país el INDEC no tiene en cuenta la discapacidad. Sólo en un módulo se alude a personas con “dificultades visuales y auditivas, limitaciones para caminar, subir escaleras, comer, bañarse o bien, problemas para comunicarse, recordar o concentrarse”. Obviamente se circunscribe a adultos mayores, pero en modo alguno refleja casos complejos e irreversibles: parálisis cerebral, autismo, trastornos neurológicos, síndromes varios.

Se desaprovecha una oportunidad histórica para mejorar la calidad del relevamiento, en orden a precisar el tipo de asistencia que deben brindar las obras sociales y el Estado, la magnitud de las asignaciones especiales y de la cobertura necesaria en salud.

Es decir, se recopilará información equívoca e incompleta por ignorar esta población.

Institucionalmente sabemos que el porcentaje de discapacitados presenta un incremento relativo, por lo cual sería primordial conocer francamente el estado de situación para un mejor y más justo abordaje.

Tal exclusión en el censo 2022 impedirá nuevamente el diseño de políticas públicas para estos ciudadanos y, por lo tanto, no se asignará presupuesto para su asistencia ni las obras sociales atenderán sus necesidades.

Se acaba de anunciar la presentación, por parte del Poder Ejecutivo, de un proyecto de ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad cuyo número se estima en 4.000.000. En realidad no hacen falta más leyes, sino que se cumplan las existentes.

La operativa adoptada por el Indec se reitera, y el censo así configurado no arrojará datos verdaderos, atentando contra la dignidad de las personas con discapacidad y avasallando sus DDHH constitucionalmente garantizados, que se dice proteger. Negar la existencia de esta minoría desmiente el remanido slogan político de la “igualdad de oportunidades”.

En pleno siglo XXI resulta inadmisible “invisibilizar” los discapacitados. La actitud ética de una sociedad se valora por el lugar que ella otorga a los más débiles.

Por lo antedicho, reclamamos la incorporación, al corpus ya elaborado, de un módulo amplio y específico sobre discapacidad porque restan aún dos meses y medio para la fecha prevista.

A los fines de una sencilla solución, apelamos a la concientización y solidaridad de las autoridades intervinientes en la confección del presente censo sobre un tema social tan sensible.

 

(*) Profesora. La nota cuenta con el apoyo de padres de As.Pa.Si.D.

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