Pablo Federico Palá fue suspendido por seis meses, sin goce de sueldo, en su cargo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos. Según supo ANÁLISIS, el agente de informática estaba dispuesto a renunciar pero antes de que eso ocurra, desde el organismo provincial se lo suspendió sin goce de haberes.

A mitad de semana se conoció que el Gobierno de Entre Ríos apartó de sus funciones al agente Alexis Lesa. Ambos, Palá y Lesa, empleados del Estado provincial y vinculados al Grupo Octógono, son investigados como presuntos espías. Siguieron los pasos del exagente de la Side, Antonio Stiuso, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado antes de la data de muerte del fiscal Alberto Nisman.

Director de Informática y otro funcionario provincial, procesados por espionaje ilegal

Como publicó la revista ANÁLISIS en su edición de esta semana, la novedad sobre la confirmación del procesamiento de ambos por parte de la Cámara de Casación Federal el viernes pasado, provocó un tembladeral en el Gobierno provincial.

Los dos agentes del Estado entrerriano fueron procesados en primera instancia por el juez  federal Julián Ercolini y esa decisión fue confirmada posteriormente por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. La denuncia fue presentada en 2015 por la candidata presidencial Patricia Bullrich y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Espías, contratos y millones

“En ese expediente, el exagente de inteligencia de la exSIDE, Antonio Stiuso, se presentó como querellante y aportó datos que mostraron los ingresos ilegales y sin orden judicial de la AFI a la base de datos de la Dirección General de Migraciones para saber su paradero horas antes de la muerte de Nisman. De haber hecho esas consultas se responsabiliza a los entrerrianos Lesa y Palá, quienes no solamente fueron indagados por el espionaje que concretaron, sino que, además, quedaron involucrados en la causa madre por el crimen del fiscal Nisman.

En la investigación de espionaje se suman ingresos similares respecto de la exesposa de Nisman y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En todos los casos, según el fallo ‘se activó una dirección IP asociada a un domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos’”, se cuenta en el informe periodístico que publicó este jueves la edición impresa de ANÁLISIS, que revela el recorrido de cada uno de los agentes investigados en la administración pública provincial, los contactos políticos y los movimientos que desplegaron desde Paraná.