La Asociación Civil Entre Ríos sin Corrupción cuestiona fuertemente el cambio de estructura que se aplicó en el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
La transparencia institucional volvió a instalarse en el centro del debate público entrerriano luego de que la Asociación Civil Entre Ríos sin Corrupción cuestionara la falta de fundamentos técnicos suficientes en una reforma estructural impulsada por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos mediante la Acordada N° 343, aprobada el pasado 5 de febrero de 2026.
La entidad dio a conocer un informe elaborado tras analizar la respuesta oficial brindada por el organismo de control a un pedido de acceso a la información pública formulado en el marco de la Ley Provincial N° 11.191. El requerimiento buscaba acceder a la totalidad de los antecedentes vinculados a la reforma, entre ellos informes técnicos, dictámenes jurídicos, intervenciones de Fiscales de Cuentas y demás actuaciones administrativas que respaldaran la modificación aprobada.
Sin embargo, según sostuvo la asociación civil, de la documentación remitida “no surge una motivación concreta, verificable y suficiente” que permita comprender las razones institucionales que llevaron adelante una transformación considerada de relevancia para el funcionamiento interno del Tribunal.
Desde la organización remarcaron que la publicidad de los actos administrativos no resulta suficiente si las decisiones públicas carecen de una fundamentación clara y accesible. “La transparencia no sólo exige publicidad de los actos, sino también la adecuada fundamentación de las decisiones públicas, especialmente cuando provienen del órgano encargado de controlar la legalidad y el uso de los recursos del Estado”, señalaron.
El planteo adquiere una dimensión institucional sensible debido a que el Tribunal de Cuentas es el organismo constitucional encargado de ejercer el control externo del sector público provincial. En ese marco, Entre Ríos sin Corrupción consideró indispensable que cualquier modificación estructural cuente con estudios previos y argumentos técnicos explícitos que permitan evaluar su necesidad, impacto y legalidad.
A ello se suma otro aspecto observado por la entidad: el elevado número de cargos ejercidos de manera interina dentro de la planta funcional del organismo, incluso en áreas vinculadas con la toma de decisiones estratégicas. Para la asociación, esta situación amerita una reflexión institucional sobre los efectos que la falta de estabilidad funcional podría generar en un ente cuya misión central es garantizar controles sobre la administración pública.
“Resulta legítimo preguntarse si una estructura de control puede fortalecerse sin estudios técnicos previos, sin fundamentos claramente explicitados y con altos niveles de interinidad en funciones estratégicas”, expresaron desde la organización.
El informe difundido también ratifica la decisión de la entidad de continuar utilizando las herramientas previstas tanto por la Constitución Provincial como por la legislación de acceso a la información pública para promover mayores niveles de transparencia, participación ciudadana y fortalecimiento de los organismos de control.
Finalmente, la asociación reafirmó su compromiso con la defensa de los principios republicanos, la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información pública, en un contexto donde los debates sobre calidad institucional y control del Estado vuelven a ocupar un lugar central en la agenda provincial.
El documento de Asociación Civil Entre Ríos sin Corrupción
