El propietario, Julián Blas Krause, ya había llevado el caso a la Justicia. La causa Número 17.171, caratulada “Krause Julián Blas y Otra c/Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Desalojo”, que se tramitó en el Juzgado Civil y Comercial Número 7 hubiese supuesto una dura y vergonzante condena en contra del Estado: la sanción por haber ocupado un inmueble ajeno, en calidad de intruso, y no haber pagado el alquiler por casi dos años.

El contrato de alquiler entre Krause y el Estado entrerriano empezó en noviembre de 2007, cuando el Registro Civil abrió sus oficinas en la Avenida Alameda de la Federación.

Y todo marchó bien, al punto que en junio de 2011 se renovó el contrato, con vencimiento en mayo de 2012. Pero al poco tiempo el Estado provincial empezó a no pagar, lo que llevó al propietario del inmueble a rescindir el contrato de locación el 18 de enero de 2012.

El decreto número 2.543 del Ministerio de Gobierno, del 5 de agosto, publicado el viernes en el Boletín Oficial, reconoce que “pese a numerosas gestiones no se pudo concretar la suscripción de un nuevo contrato de locación, por lo que desde esa fecha y hasta la actualidad el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Entre Ríos ha ocupado en forma extracontractual el bien”.

Frenaron la demanda

La Fiscalía de Estado logró frenar la demanda judicial de desalojo que inició el propietario en la Justicia, y consiguió rubricar un acuerdo, saldar los alquileres impagos, y la firma de un nuevo contrato.

El decreto oficial consigna que “si bien la acción intentada es por desalojo, este tiene su razón de ser en la falta de contrato vigente, y falta de pago por el uso de la propiedad, desde el mes de enero de 2012 y hasta la fecha, razón por la cual se advierte como posible una conciliación”.

Y como el Estado tenía todas las de perder, la Fiscalía de Estado opinó que lo mejor sería llegar a un acuerdo extrajudicial con el propietario, con el pago de una suma de 245.652,35 pesos, en concepto de alquileres impagos.

Por el período enero de 2012 a enero de 2013, un valor de 12 mil pesos por mes por el alquiler del local del Registro Civil; y por el período de febrero a julio de 2013, 15 mil pesos por mes.

Nada dice el decreto que se vaya a investigar posibles irregularidades, olvidos imperdonables o responsabilidad de algún funcionario en ese papelón de los alquileres impagos.