Hace un mes el fiscal General, Alejandro Moyano, pidió que Cancillería firme el acuerdo propuesto por Brasil para acceder a las declaraciones y pruebas de Lava Jato. Para el funcionario el convenio es “legal”, pero como excede las facultades provinciales planteó que debe resolverse a nivel nacional.

El año pasado el ex fiscal Anticorrupción de Córdoba, Hugo Amayusco, libró un exhorto al juez Sergio Moro para que le girara información sobre las sospechas de que se pagaron sobornos a empresas brasileñas que en 2008 pelearon por la obra de los gasoductos; OAS y Andrade Gutiérrez aparecen en la lista confeccionada por el cambista Alberto Youssef –condenado por lavado de dinero- con supuestos pagos por 36 millones de dólares. El pago se habría hecho dos meses después de que el gobierno de De la Sota licitara la obra y ganara la UTE integrada por Andrade Gutiérrez, Iecsa y Britos.

El proceso quedó trunco porque en 2013 -en el marco del enfrentamiento de la provincia con el kirchnerismo- la Nación no firmó las garantías y se cayó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes). Después Schiaretti relicitó la obra que está en ejecución; una de las contratistas es Odebrecht.

Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros son los legisladores que varias veces denunciaron judicialmente la sospecha de coima. En octubre último viajaron a Curitiba y se reunieron con los procuradores Paulo Galvao y Laura Goncalves Tessler, dos de los 13 fiscales del Lava Jato y les entregaron documentación sobre el caso cordobés.

Cuando el ex fiscal Amayusco recibió la respuesta de Brasil de que sin acuerdo no podía enviarse la información, giró la causa a Moyano. En ese marco, en su dictamen el fiscal plantea que el acuerdo propuesto “no sólo no resulta objetable a nivel constitucional, sino que por el contrario, tal limitación tiene acogimiento en nuestro ordenamiento, erigiéndose como garantía constitucional derivada del derecho de defensa en juicio”.

“Contar con la prueba requerida al vecino país, permitiría eventualmente avanzar en la investigación, logrando el correspondiente juicio y castigo de funcionarios locales y/o demás partícipes, que hubieren presuntamente intervenido en los hechos de supuesta corrupción estatal denunciados”, agrega.

Fuente y foto: La Nación