Por Natalia Buiatti
Entre 2007 y 2008, poco más de 30 personas que cobraban salarios del Consejo General de Educación (CGE) percibieron sobresueldos a partir de la liquidación de adicionales por hijos a cargo o hijos diferenciados, entre otros conceptos. El tema es que no debieron cobrar esos beneficios, porque nunca entregaron la documentación respaldatoria para pedirlos. En cada caso, los montos de dinero rondaron entre los 2.000 y 3.000 pesos, y fueron sumados a los sueldos de empleados de la administración central como a los salarios de personal que se desempeñaba en algún centro educativo de la capital entrerriana.
Las anomalías fueron detectadas en el seno del área de Liquidaciones de la provincia. Hubo auditorías internas, el inicio de un expediente, sumarios, incomodidades laborales, cesantías, una investigación en Fiscalía de Estado y el pase de ese papeleo a la Justicia ordinaria para cerrar los procesamientos.
Ya en manos del juez de Transición Número 3, Gustavo Maldonado, en el expediente con carátula “Medina Sergio y otros / Peculado”, de los más de 30 procesados quedaron 27 cuando el magistrado sobreseyó a cuatro que devolvieron el dinero percibido indebidamente. Los involucrados en la denuncia fueron acusados por presunta violación a los artículos 260 y 261 del Código Penal -que prevé una pena que va de 1 mes a 3 años de prisión en el caso de que el funcionario público diere a los caudales una aplicación diferente de aquella a que están destinados, o prevé una pena que va de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que sustrajese efectos cuya administración le haya sido confiada-. No todos enfrentan exactamente la misma imputación. La causa está a un paso de ser elevada a juicio oral. La instancia de debate, según se precisó a este medio, tendrá lugar el próximo año en las salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Desde el lugar deacusado
Alberto Moyano contó una serie de vaivenes y acontecimientos extraños desde que el cobro indebido de sobresueldos en el CGE saltó a la luz. Llegó pasada la media mañana de un día cálido a la redacción de ANÁLISIS. Unas semanas antes, había enviado un correo electrónico en el que manifestó ser parte de la cesantía determinada en la Resolución 1.300/2012 por parte de las autoridades del Consejo de Educación. En ese mensaje virtual, Moyano adelantaba que junto a Sergio Medina, Gastón Sánchez y Daniel García se encontraba con un procesamiento firme. “La causa está avanzando y yo quiero publicar todo sobre cómo fue en verdad la auditoría del CGE y cómo la Fiscalía de Estado eliminó del expediente muchas pruebas que la Justicia ignoró”, dijo el ex empleado del Estado.
(Más información en la edición gráfica número 1032 de ANALISIS del 05 de noviembre de 2015)
