Una adolescente fue abusada en un dispositivo del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf), en Paraná. La denuncia se investiga en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, donde ya se concretaron las primeras medidas de prueba. Pero el caso, gravísimo, es apenas un síntoma, una señal de alarma sobre una dramática realidad: una institución sin recursos, maltratada invariablemente por la política que expone a menores vulnerados en lugar de protegerlos.
Natalia Buiatti
Lo que se contará a continuación es una secuencia que involucra a dos jóvenes. Una de las personas atraviesa esta condición de minoridad con problemáticas de salud mental. La otra persona está en situación de riesgo por el consumo de drogas. En ambos casos hay derechos vulnerados y se usarán pseudónimos para resguardar las identidades.
María tiene 14 años. Sostiene un vínculo dañino con su mamá y ha puesto en riesgo su propia vida. Eso la llevó hasta el dispositivo de alojamiento transitorio La Cigarra, que gestiona el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf) en Paraná.
Pedro tiene 17 años. Su vínculo problemático con las drogas y los consumos que también ponen en riesgo su vida y la de su entorno, lo hicieron coincidir con María en el mismo espacio y el mismo momento.
La Cigarra es un lugar de tránsito mixto para niñes y adolescentes. Funciona en calle Cervantes 361, donde antes estaba la residencia Chicos de la calle. Los últimos días de septiembre, mientras el único operador a cargo del lugar estaba cocinando, Pedro violó a María en una de las habitaciones del piso superior. La chica se movió como pudo porque estaba lastimada. Fue a pedir ayuda a la única mujer que encontró en su camino: una empleada de la línea 102 -que también funciona en el mismo espacio-. La operadora hizo los avisos pertinentes y María fue trasladada al Hospital San Roque. Allí recibió asistencia y contó que había sido violada. Se hizo la denuncia y comenzaron las actuaciones judiciales.
A cargo de la investigación quedó la fiscal Sandra Terreno. Se hizo una Cámara Gesell y posteriormente hubo una acusación formal. “Imagino que la cuestión institucional por omisión y demás se podrá analizar una vez que se lo pueda responsabilizar penalmente al joven y ver si la falla es administrativa, o puede ser penal que es mucho más grave. Pero ahora no se puede adelantar más. Habrá que ver cómo es la situación, pero no hay justificativo para que estas cosas sucedan”, dijeron a ANÁLISIS en ámbitos judiciales.
(La nota completa en la edición 1116 de la revista ANALISIS del jueves 12 de noviembre de 2020)
