(de ANALISIS)

Pasaron más de dos años del inicio de aquella jornada en la que el sargento García descubrió a Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y María Victoria Álvarez retirando $271.920 de los cajeros automáticos de la sucursal de Avenida Ramírez y Don Bosco del Nuevo Banco de Entre Ríos. A estas detenciones se le sumó la de Hugo Mena, quien estaba esperando en su casa ubicada en la zona este de Paraná el dinero recaudado, en una práctica habitual para los integrantes de la banda que coordinaba los contratos truchos de la Legislatura.

Actualmente se está en la etapa final de Investigación Penal Preparatoria (IPP), a la espera de que se concluya con el análisis pericial de todos los contratos durante el periodo 2008/2018 en ambas cámaras legislativas. En la misma está trabajando la contadora de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un ayudante y el perito de parte puesto por los abogados defensores, Cristian Dumé, muy allegado al letrado Emilio Fouces, ya que es también contador público del Club Estudiantes. Se espera el dictamen pericial para poder elevar la causa a juicio, algo que para los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro debe darse de inmediato una vez que se obtengan los resultados contables. Se entiende que, en principio, el juicio podría ser en el segundo semestre del año próximo, aunque también se tiene en cuenta que en esa faz final del 2021 también habrá elecciones legislativas en el país y la provincia.

Se trata de una causa que tiene 154 testimoniales que generaron 228 horas de entrevistas. Un expediente de gran magnitud que debe ser analizado por los contadores con la demora producida por las restricciones vinculadas a la pandemia del Covid-19.

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) habló con Leopoldo Lambruschini, abogado -junto a su socio Julio Federik- de algunos implicados políticos en la causa, como los casos de Pedro Guillermo Guastavino, Sigrid Kunath y Juan Orabona -entre otros- quien se refirió al estado actual de la causa y como trabajan en la defensa. “La causa está en etapa de recolección de pruebas. Pero desde fines del año pasado se planteó una incidencia de la determinación del monto presuntamente sustraído, el MPF tenía un informe pericial, algunas defensas plantaban que debía hacerse formalmente una pericia contable, que dispuso la jueza de Garantías. Comenzó a ejecutarse a fine del año pasado y continúa hoy con diversas prórrogas, todavía no se ha terminado”, dijo el abogado.

“Acá son varios imputados y por lo tanto el grado de intervención a uno y otro no es el mismo, por lo tanto si bien hay puntos en que ciertas defensas coinciden en planteamientos en otros no tanto. Particularmente en lo que hace a nuestros defendidos hay cuestiones que se plantearán en su momento; tienen que ver con el grado de intervención en los hechos y con los fundamentos que dio el MPF para vincularlos entiendo que pueden ser opinables y otra cuestión de índole jurídica por la subsunción legal de los hechos. Son dos delitos diferentes, uno es razonable que es el peculado pero en la asociación ilícita es opinable y en su momento lo plantearemos”, acotó luego.

“A mí me parece un error identificar el tipo penal de asociación ilícita con la pluralidad de intervinientes. Que intervengan muchas personas en un hecho delictivo, coordinadamente y con cierta estabilidad temporal eso no necesariamente es una asociación ilícita, que tiene sus particularidades que hace que un tipo penal que anticipa la configuración del delito a actos que son preparatorios, que no tienen que ver con la comisión estricta de un delito. En este caso el peculado. Requiere requisitos que es bastante discutible que se encuentren en este caso”, agregó.

Respecto a la demora que está teniendo la causa, Lambruschini valoró: “El volumen de información que tienen que procesar lo contadores es muy grande, y seguro esto se ha visto obstaculizado por las restricciones propias por la pandemia del Covid. Una cosa es lo que pasa en la opinión pública y otra lo que pasa en el Poder Judicial que se rige por sus propias reglas, la celeridad que se le requiere al Poder Judicial es un requisito de imposible cumplimiento por los términos que se requiere socialmente, no son los mismos estándares par una actuación judicial y sobre todo para fundar una condena y poner en prisión a una persona. Requieren contralores, reaseguros que hacen que los procesos no tengan la celeridad que la opinión pública requiere”.

De los testimonios que hay en la causa, a los cuales accedió la edición papel de ANÁLISIS, el 70% de los contratados no reconoció su firma en dichos contratos, facturas o cheques endosados. La IPP demostró que era Beckman la encargada de falsificar las firmas necesarias para cometer el ilícito.

Allí se observa que un grupo familiar, con órdenes y aval de más arriba, se aprovecharon de las necesidades de las personas que requerían una ayuda por parte del Estado. Algunos contratados firmaron los contratos y otros fueron engañados. Ninguno cumplía funciones en el Poder Legislativo que los contrataba.

Incluso, de la investigación se desprende que había contratados que no sólo no pisaron nunca la legislatura sino que trabajaban en ámbitos privados como pueden ser los negocios familiares de Mena/Beckman, algunos medios de comunicación y agencias de publicidad.

Por ejemplo, una empleada del minimercado de Mena/Beckman reconoció: “Tengo un contrato de $30.000 pero Flavia me da $3.000. Hace cuatro años que lo hago y también está otra señora conmigo”. También contrataron a una joven que ayudaba en la panadería del minimercado familiar y a su padre que era remisero: los contratos eran de $35.000 pero les pagaban $3.000 por mes. Mena contrató entre 2016 y 2018 a un carpintero para realizar trabajos en su casa al que le daban $2.000 por mes de los $30.000 que figuraban en el contrato.

Los acusados aseguraban que era “todo legal” y que no se preocupen porque “hay mucha gente involucrada en esto y no nos van a tocar”. “Esto viene de años y no va a haber nunca problemas”, le dijeron a una mujer contratada en diputados según consta en la causa.

“Nosotros te damos esta ayuda social, vos firmá acá y después te avisamos para que pases a cobrar”, le decían los reclutadores y coordinadores a los futuros contratados. Nunca le informaban respecto al monto total del contrato y por eso buscaban ocultarlos, algo que hacían con los cheques que se ponían boca abajo en la mesa para que sean endosados. “Vamos rápido porque estoy apurada”, les decía Beckman para imprimirle celeridad a los trámites. 

Incluso, cuando algún ciudadano iba al negocio familiar para consultar por las presuntas ayudas sociales, le hacían firmar una solicitud que en realidad se transformaba en un contrato. A esas personas no se les pagaba ni un porcentaje mínimo del dinero establecido por el contrato y se enteraban cuando la AFIP los intimaba por la deuda que le generaba el trámite.

Uno de los contratados, en la tv

En el programa televisivo también se entrevistó a Ricardo Antivero, uno de los contratados que explicó cómo funcionaba el mecanismo del ilícito que investiga la Justicia. “La verdad que fue como un engaño todo esto, cuando tomé conciencia me di cuenta de la realidad, vi que se aprovechaban de nosotros y con el tiempo me fui dando cuenta que se provechaban de la necesidad de todos. En el primer tiempo nos daban unos cheques, nos esperaban en un estacionamiento de calle 25 de mayo y 9 de julio, íbamos al Bersa, cobrábamos 5.000 pesos, volvíamos y entregábamos la plata a al señor Mena y a su señora, nos daban 400 pesos y nos pagaban el monotributo. Esto fue todo de boca en boca, por un amigo que me pregunto si estaría dispuesto a recibir un plan una cosa así, me explicó cómo era la situación. Como tenía una gran necesidad en ese momento, accedí”.

En cuanto a sus sensaciones a más de dos años de iniciada la causa, Antivero expresó: “Quiero que se haga justicia, porque yo accedí a hacer esta denuncia en su momento justamente por eso, porque vi que estaba realmente mal esto, es parte de lo que necesitamos para que el país cambie”. Y agregó: “Es una impotencia tremenda, se ha cometido una injusticia, con tantas pruebas y testimonios que no se haya llegado a nada en la causa es una sensación de impotencia, como si la Justicia no funcionara para algún lado”.

De nuevo en cuanto al mecanismo de recaudación con los contratos truchos, el hombre recordó: “Nos dimos cuenta a los meses nomás, los primeros meses nos reclutaban en la casa de Mena o en el negocio por los rincones o en un local de calle Alem, nosotros cobrábamos pero mucha gente se iba con la plata, por eso cambiaron la modalidad: nos daban un cheque endosado, nos daban la factura y ellos tenían una persona, un tal Luna que ya falleció, era el encargado de salir, lo veníamos mientras lo esperábamos, salía iba al banco. Eran altos así de cheques, los talonarios nuestros lo tenían ellos. Nos daban 400 pesos en esa época, y figuraban a nombre nuestro. Venían firmados por el vicegobernador Lauritto, y en la segunda gestión por el vicegobernador Cáceres. Nos hicieron firmar contratos de muchas hojas pero nunca nos dejaron leer nada”.

Tal como dijo Antivero, el mecanismo fue cambiando y perfeccionándose. Cuando todo ocurría en la casa del matrimonio Beckman/Mena, los contratados debían retirar los cheques, cobrarlos y luego llevar el dinero a Mena que los esperaba en la playa de estacionamiento de calle 25 de Mayo pasando 9 de julio. El problema fue que algunos contratados no volvían con el dinero y eso motivó que alquilen un local en calle Alem en donde los contratados endosaban el cheque y ahí mismo se le pagaba el porcentaje que les correspondía.

Otros testimonios

En la causa existen otros testimonios que prueban el ilícito y vinculan a algunos funcionarios políticos que serán investigados en una segunda parte de la investigación: “A mi me convocó personalmente Sergio Urribarri, en el 2010, para que sea su asesora”, dijo Silvina Ferreyra, contadora contratada entre 2011 y 2017.Además, reconoció ser “contadora externa” de las empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera y las contrataciones que investiga la Justicia.

A Ferreyra se le preguntó: “¿Por qué hay un cheque del BERSA, emitido el 12 de octubre de 2013, a su nombre y cobrado por Emiliano Giacopuzzi?”. Ella respondió: “Nunca me enteré de eso que me dicen”y luego acotó que conocía a Giacopuzzi de las empresas de Aguilera.

Algo parecido ocurrió con el facturero de una joven de Gualeguay: secuestraron las facturas en la casa de Aguilera, a quien la joven sólo dijo conocerlo de vista. N.C. dijo que trabajaba en el PAMI de Victoria por la mañana y que hacía tareas en Diputados por la tarde. Nunca había realizado trámites para gestionar el talonario de facturas.  

Principales recaudadores 

En la causa constan quienes fueron los principales contratados cobradores de cheques, tanto en Diputados como en Senadores. Cada uno de ellos hacía esa función para contratados de ambas cámaras. En la justicia se duda de que la mayoría de los cobros fueran a parar directamente a manos de las personas titulares de esos cheques. Incluso hay varios casos de falsificaciones de endosos, lo que se suma a idénticas metodologías en facturas y contratos. Varios de ellos están imputados en la causa.

--Germán Luna. Sobrino de Hugo Luna, allegado a Hugo Mena y Flavia Beckman. Tenía contrato en Diputados. Cobró 661 cheques, por 11.528.000 pesos.

--Rubén Eusebio Duro. Contrato en el Senado. Cobró 713 cheques, por 11.264.720 pesos.

--Nélida Eva Flores. Jubilada. Era esposa de Hugo Luna. Cobró 664 cheques, por 10.680.000 pesos.

--Irene Marcela Galli. Madre de Esteban Scialocomo, uno de los imputados. Contrato en el Senado desde el 2014. Cobró 571 cheques, por 10.160.000 pesos.

--Hilda Inés Piacenza. Cobró 524 cheques, por 9.471.000 pesos.

--Carlos Alberto Moya. Empleado municipal en el Concejo Deliberante y contratado de Walter Clivio en el Senado. Cobró 517 cheques por 9.164.307 pesos.

--Leonor Estela Benítez. Contratada en Diputados. Cobró 559 cheques por 8.888.000 pesos.

--Alexandra Cáceres. Contratada de Diputados. Cobró 537 cheques por 8.441.000 pesos.

--Andrea Demartín. Cobró 465 cheques por 8.260.000 pesos.

--Micaela Duro. Contratada de Senadores. Hija de Rubén Duro. Cobró 487 cheques por 8.132.297 cheques.