Revés para los policías en la causa por Gabriel Gusmán

La definición implica un avance para la investigación que está paralizada desde hace más de un año. (foto ANALISIS DIGITAL)

La Sala I de la Cámara de Casación de Paraná confirmó este miércoles que la causa por el homicidio de Gabriel Gusmán, por el que están señalados dos integrantes de la Policía de Entre Ríos, continúe con la acusación privada en manos de la querella. Esta definición implica un avance para la investigación que está paralizada desde hace más de un año, cuando fue archivada por la Fiscalía.

 

Según Uno, la resolución emitida por la Cámara no hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la defensa de los policías contra la resolución dictada por el vocal unipersonal de Juicio y Apelaciones Nº 9, José María Chémez, el 28 de mayo de 2021, la que en consecuencia fue confirmada. A su vez, Chémez había confirmado un fallo en el mismo sentido de la jueza de Garantías N° 8, Elisa Zilli, con lo que ya son tres definiciones judiciales a favor de la conversión de la acción pública en privada.
 

Esta decisión judicial apunta a destrabar la investigación por el asesinato ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná, cuando Gabriel Gusmán murió por una balazo en la nuca durante operativo policial. Hasta el momento, los uniformados que intervinieron en ese operativo, Diego Íbalo y Rodrigo Molina, no fueron citados a declaración de imputados.

 

La resolución de la Sala I de Casación fue por unanimidad de los miembros del tribunal, Marcela Davite, Hugo Perotti y María del Luján Giorgio.

 

Gatillo fácil

 

El Procurador General, Jorge Amílcar García, había argumentado en audiencia de casación a favor de mantener el archivo de la causa. Dijo García que no se trata de algo definitivo, sino provisorio, y que la investigación podría reabrirse si surgieran nuevas pruebas. También consideró falso que Gusmán haya sido víctima de gatillo fácil, como asegura la querella, y defendió el accionar de los policías que fueron a intervenir en un conflicto de balaceras en el barrio Capibá. Aseguró incluso que el joven disparó contra los policías. A la posición del Procurador adhirió el defensor Miguel Cullen.

 

Por su parte, el abogado José Iparraguirre, quien lleva adelante la querella junto a su par Lucía Tejera, expuso en sentido contrario. Sostuvo que no es probable que la causa pueda abrirse porque "ha quedado absolutamente claro que el Ministerio Público Fiscal tiene una posición tomada con respecto a lo que ocurrió el 25/09/2018 cuando perdió la vida Gusmán". Tejera agregó que la actitud de la Fiscalía "reviste un intento de responsabilizar a la víctima y olvida la grave afectación a los derechos humanos".

 

La abogada Tejera mencionó que "la Policía de Entre Ríos tuvo acceso al legajo de investigación fiscal contrariando todos los protocolos de derechos humanos, incluso sugirió pruebas para culpabilizar a la víctima". Añadió que si bien se dio intervención a fuerzas nacionales para realizar las pericias, "el levantamiento inicial de las pruebas lo hizo la propia Policía de la provincia, las ropas fueron entregadas dos días después del hecho y estaban limpias según la pericia de Gendarmería nacional. Todas estas irregularidades, hablan de la falta de exhaustividad en la investigación".

 

Juicio sin fiscales

 

La resolución de esta miércoles de la Cámara de Casación ­avaló la postura de la querella en cuanto a la conversión de la acción pública en privada. Davite entendió que "la constitución del Querellante Autónomo no impide que la Fiscalía disponga la reapertura de la investigación si es que la situación, por la que ordenó el archivo, varía".

 

"La conversión de la acción no configura una orden para que la Fiscalía actúe de un modo u otro, porque el Ministerio Púbico Fiscal es un órgano independiente. Tal es así que, si antes de la realización del juicio, la Fiscalía decidiera la reapertura de la investigación, ambas partes acusadoras -Querella y Fiscalía- deberían volver a coexistir en un mismo proceso" , remarcó.

 

A su turno, Perotti indicó que "la víctima (previamente constituida en parte querellante) se encuentra habilitada para convertir la acción pública en privada y continuar con la acusación en forma autónoma. En otras palabras, es perfectamente admisible la celebración de un juicio oral, con la sola presencia del querellante particular". Giorgio adhirió a los dos votos anteriores.

 

(Uno)
 

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