El Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia que efectuó la Iglesia al médico odontólogo Jorge Claudio Sapetti, a quien acusó de haber usurpado el edificio donde funcionó el Asilo San Antonio, en Paraguay e Italia, informó Entre Ríos Ahora.

La novedad la dio a conocer el abogado Cristhian Panceri, representante legal de Sapetti. “Fiscalía no hizo lugar al pedido de allanamiento y tampoco a la denuncia de usurpación. La Iglesia no tiene ningún derecho real sobre esa propiedad, y tampoco se acreditó que la ocupación haya sido en clandestinidad como señalaron en la denuncia”, indicó el letrado.

La Iglesia acudió a la Justicia luego de que se ventilara públicamente el escandaloso desenlace que tuvo la negociación que mantuvo durante cinco años con la congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad para la transferencia del imponente edificio de Paraguay e Italia, contiguo a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad.

Qué dice la denuncia

El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, junto a los curas de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Mario Alberto Haller y Horacio Alejandro Correa, denunciaron penalmente al odontólogo Jorge Claudio Sapetti, por el delito de usurpación luego de haber tomado posesión del edificio que ocupó el Asilo San Antonio, en Paraguay e Italia, y que habría sido transferido mediante una operación inmobiliaria por la comunidad de las religiosas Franciscanas Terciarias de la Caridad.

En la presentación judicial –con el patrocinio del abogado Mario Martínez- la curia hace un recorrido histórico de ese edificio que se levanta contiguo a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, y señala: “En el año 1965, monseñor Adolfo Servando Tortolo crea la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, procediendo posteriormente el Instituto Hermanas Franciscanas Terciarias de la Caridad a donar el inmueble donde se halla construido el templo”.

Entonces, se inicia un uso compartido de las instalaciones, “a través de un permiso otorgado por la congregación religiosa de las instalaciones ubicadas en el predio contiguo al templo, sito en calle Italia 396, esquina Paraguay (exAsilo San Antonio), destinado a catequesis de niños y adolescentes”. En 1971, se instala la Liga de Madres de Familia, que luego crea un centro de recreación para niños. Actualmente, en el edificio en litigio funcionan las aulas de catequesis, la Infancia Misionera, el Grupo Magnificat, Cáritas y Cielo Nuevo, un grupo de jóvenes que prepara comida que luego reparte a gente en situación de calle.

“Sin perjuicio del uso del inmueble otorgado por el Instituto Religioso a la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad para las actividades pastorales, se vienen realizando innumerables gestiones en procura de obtener la compra del inmueble realizadas a través del Arzobispado de Paraná, el párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad  y los miembros de la comunidad parroquial”, dice la denuncia judicial.

Después de la presentación en tono coloquial, avisa que ya se dio intervención al Vaticano a través del nuncio en Argentina, Miroslaw Adamczyk, al arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, al Episcopado, y al prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, cardenal Joa Braz de Aviz.

La piedra de toque de este escándalo inmobiliario que involucra a la Iglesia de Paraná ocurrió el último 14 de julio: ese día, Puiggari recibió “sorpresivamente una nota” enviada por la superiora general del Instituto Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, mediante la cual pone en conocimiento que el inmueble había sido vendido al señor Jorge Claudio Sapetti (nunca antes se había efectuado tal anuncio pese a las tratativas que se venían realizando) y solicitaba arbitren los medios para que el párroco haga entrega de las llaves”.

La respuesta del Arzobispado a la comunidad religiosa ocurrió el 2 de este mes, cuando el vicario general de la curia, Eduardo Hugo Tanger envió una carta documento “advirtiendo la sorpresa y desaprobación de la venta, y requiriendo se informe en el plazo de 5 días si se ha dado cumplimiento con las disposiciones del Código de Derecho Canónico para la enajenación de bienes”. El día 6 de agosto, mientras el cura Horacio Correa celebraba misa, la escribana Marie Constance Berduc certificó la toma de posesión del inmueble por parte del odontólogo Sapetti.

“Al ingresar al lugar –detalla la presentación judicial- se encuentra (el cura Correa) con tres personas que se identifican como Jorge Claudio Sapetti, Adrián Pagana, cerrajero, y el doctor Cristhian Julio Panceri”. Añade que en el acta notarial que redactó la escribana Berduc “se dejó constancia que el señor Sapetti había ingresado al inmueble no por la puerta del frente sino por la puerta trasera y desde otro inmueble de titularidad de la congregación religiosa, procediendo al cambio de cerraduras y clausurando, a través de una cadena con candado, una reja que comunica el templo con el inmueble referido”.

La denuncia anticipa que la Iglesia también promoverá una demanda para reclamar “la nulidad de la venta en razón de estar configurada una enajenación en clara violación del Código de Derecho Canónico y cuya aplicación en el ámbito del derecho interno resulta obligatorio por el Concordato celebrado entre el Estado Argentino y la Santa Sede”.

“Es decir –agrega- que el señor Sapetti, aunque invoque la existencia de un derecho real de dominio –cuya validez es cuestionada-, no puede tomar la posesión por vía violenta, sino que debió ejercer las acciones posesorias o reales correspondientes, careciendo de la facultad de tomar la posesión extrajudicialmente”. Tras eso, señala que se está “ante un acto de toma de posesión por vías de hecho, configurativo prima facie de un ilícito”.

“Queda claro que el señor Sapetti, obrando sin el consentimiento de los tenedores del inmueble sito en calle Italia 396 (…) ha ingresado mediante violencia y clandestinidad, procediendo a despojar a los miembros de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad del inmueble cuya tenencia legítima detentaban y de todo el mobiliario de propiedad de ellos existentes en el lugar”, señala la denuncia.

La curia hizo intervenir a otra escribana, María Josefina Alarcón, que el 9 de agosto le requirió a Sapetti “la restitución inmediata y dentro de 24 horas del inmueble y de todo el mobiliario existente en el predio sito en calle Italia 396”.

Al final, la Iglesia reprocha a Sapetti por manifestaciones “totalmente deshonrosas contra la Iglesia Católica y contra sus fieles, lo que podrá ser pasible de la comisión de delitos contra el honor  por lo que oportunamente se requerirá la retractación correspondiente”.