Despidieron a trabajadores que se desempeñan en los excentros clandestinos de detención durante la dictadura y está latente que caigan un centenar de contratos. El caso del “Regimiento de Infantería 9”, en Corrientes, donde operó el represor Losito, cercano al padre de la vice. La respuesta de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El Gobierno busca vaciar las políticas de memoria. Justo en el marco de un nuevo aniversario del 24 de marzo, el fuerte ajuste en la administración pública que lleva adelante Javier Milei pone en riesgo el funcionamiento de los Espacios para la Memoria que están en excentros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar. Están en peligro un centenar de puestos de trabajo que sostienen a diario los sitios que estuvieron vinculados al terrorismo de Estado, dependientes de la secretaría de Derechos Humanos.

El vaciamiento de los Espacios de Memoria fue denunciado por el gremio de ATE y el bloque del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, a partir de una serie de despedido y de la decisión extraoficial que circuló estos días en despachos de la Rosada de que no se renovarán el próximo 31 de marzo un sinfín de contratos precarios en la administración pública que fueron renovados por tres meses cuando recién comenzaba la gestión libertaria.

Los excentros clandestinos de detención en todo el país que tiene comprometido su funcionamiento habitual son “ESMA”, “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “Virrey Cevallos” y “Olimpo”, en la Capital Federal; “La Escuelita de Famaillá”, en Tucumán; “Faro de la Memoria”, en Mar del Plata; y “Regimiento de Infantería 9”, en Corrientes.

El martes pasado la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó una protesta en la puerta de la Secretaría que depende del exjuez Alberto Baños y que tiene su despacho dentro del predio de la ex ESMA. El gremio reclamó “con urgencia” la reincorporación de 26 despedidos y la renovación de unos cien contratados, cuyo convenio laboral vence el 31 próximo.

También la Izquierda presentó en Diputados y la Legislatura de la Ciudad sendos proyectos de resolución contra la medida que afectaría a unas 600 personas contratadas bajo la modalidad eventual que dispone el Artículo 9 de la Resolución 48/2002, que regula el empleo público nacional. Aseguran que se afectaría al 90% de los trabajadores que se desempeñan en los centros de memoria. “En vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, advertir que estos hechos que amenazan las fuentes de empleo atentan también contra la lucha contra la impunidad de ayer y hoy”, reza el proyecto de resolución que firmaron los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá.

El caso singular de estos días es el del espacio de memoria “Regimiento de Infantería 9”, de Corrientes, porque recientemente fueron despedidos sus únicos tres trabajadores activos. Esa situación fue justificada a elDiarioAR desde el despacho del propio secretario Baños. “Hubo un error con personal del espacio de Corrientes que se está solucionando”, se aseguró. También fueron despedidos trabajadores del ex centro clandestino “Club Atlético”.

El espacio “Regimiento de Infantería 9 Coronel Pagola” fue inaugurado en 2022, siendo de los más recientes. Durante la dictadura funcionó como clandestino de detención, tortura y exterminio entre marzo y diciembre de 1976, y entre febrero y julio de 1977, bajo la dependencia del Ejército Argentino.

En ese regimiento militar operó durante la dictadura el represor Horacio Losito, condenado a prisión e inhabilitación absoluta perpetua por crímenes de lesa humanidad, quien justamente recibió la libertad condicional pocos días después de asumir Milei. Losito también fue declarado partícipe de la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, donde fueron torturados y asesinados un grupo de detenidos desaparecidos.

Los vínculos personales de Losito llegan a Victoria Villarruel. El represor combatió en la guerra de Malvinas junto con el padre de la vicepresidenta, con quien tuvo una estrecha relación. La segunda de Milei suele referirse a sí misma como “hija de un veterano de Malvinas”.

Luego del beneficio que le otorgó la Justicia, el 23 de febrero pasado Losito fue llamativamente homenajeado en persona por el Regimiento de Infantería de Monte, situado en la Ciudad de Apóstoles, en Misiones. Allí fue recibido por un militar con traje de fajina al grito de “¡Un veterano de guerra de Malvinas ha ingresado al regimiento!”.

La respuesta del Gobierno

“Cada uno de los trabajadores y trabajadoras cumplen tareas de conservación del patrimonio histórico; de investigación y archivo; de acompañamiento a familiares y víctimas del genocidio; de educación y formación en Derechos Humanos; de comunicación y acciones culturales comunitarias; tareas administrativas y de mantenimiento, entre otras, en estos sitios que están protegidos bajo la tutela de jueces ya que siguen aportando pruebas materiales y apoyan testimonios en los juicios de Lesa Humanidad”, afirma la iniciativa parlamentaria del FIT.

“Cada compañero sin puesto de trabajo es una familia sin sustento”, dijo también esta semana Paula Donadio, delegada ATE. En diálogo con radio AM 530, denunció que el Gobierno “no tiene una línea de trabajo” en materia de derechos humanos, sobre todo porque a más de cien días de gestión, aún no fueron designados funcionarios más allá del secretario Baños.

Desde la cartera de Derechos Humanos negaron tajantemente a elDiarioAR que el Gobierno tenga una política de vaciamiento de los espacios de memoria. “Es mentira eso. Los espacios seguirán funcionando”, fue la contestación escueta que brindó un alto funcionario. Cuando este medio repreguntó si estaban garantizados los puestos de trabajo cuyos contratos vencen el 31 de marzo, la respuesta fue el silencio.

La reconversión de los ex centros clandestinos como sitios de interés público está amparada por normas nacionales como la Ley 26.691, que define la “preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. También los protege la Ley 26.935, donde se expresa el sostenimiento y deber del Gobierno de dar continuidad a sus trabajadores y estabilidad laboral. La ex ESMA, por caso, fue declarada el año pasado Patrimonio Mundial por la UNESCO.