Radiografía del saqueo

Solo de 2022 a 2024, ENERSA pagó a la empresa de los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul más de 1.300 millones de pesos por encima de lo que deberían haber cobrado por el pésimo servicio de seguridad, con sobreprecios y sobrepagos de casi 900%. Una investigación interna detalló el esquema de corrupción mediante el cual se produjo el saqueo a la empresa provincial, con la complicidad de los funcionarios que consintieron o miraron para otro lado en cada contrato y las numerosas y voraces adendas, según se informó a ANÁLISIS. Es la otra cara, hasta ahora desconocida, de la investigación de las coimas de la causa Securitas que se tramita en el Juzgado Federal de Sandra Arroyo Salgado. Un mecanismo que había comenzado muchos años antes de los allanamientos de 2024. Poco antes del cambio de Gobierno en 2023, el Directorio aprobó una “autoindemnidad” para evitar consecuencias por lo que ya sabían que podía suceder. Esta informaciónen poder de las autoridades aún no fue llevada a la Justicia para determinar responsabilidades penales o para que ENERESA recupere el patrimonio sustraído.

José Amado

Los resultados de la investigación interna ordenada por el Directorio de ENERSA luego del escándalo por la causa de las coimas pagadas por las empresas Securitas y Tornell a funcionarios de la distribuidora provincial de energía, arrojó conclusiones categóricas acerca de las complicidades internas en todo el proceso de las licitaciones del servicio de seguridad, en la confección de los pliegos, en las firmas de los contratos y, sobre todo, en la composición de la fórmula por la cual se determinaban los frecuentes y sucesivos aumentos del costo del servicio de seguridad. El daño a la empresa quedó demostrado, según una Comisión de Investigación conformada para tal fin, tanto por el “menoscabo patrimonial” debido al pago de exagerados sobreprecios, como por el “perjuicio extrapatrimonial” que causó el impacto en la opinión pública de los hechos de corrupción ocurridos durante varios años.

“ENERSA pagó por un servicio que no recibió (…) y quienes debían controlar permanecieron en silencio”, es una de las conclusiones más punzantes del informe sobre el cual informaron a ANÁLISIS fuentes con conocimiento del mismo, realizado por dicha Comisión que estuvo integrada por el gerente de Asuntos Estratégicos, Eduardo Asueta, la abogada y jefa del Sector Legales,Carolina Marani, y el gerente de Recursos Humanos, Adrián Ledesma. Pasó casi un año desde la presentación de los resultados de la investigación y los responsables de haber participado por comisión u omisión en los hechos de corrupción no fueron denunciados ante la Justicia para determinar responsabilidades, según se confirmó desde Tribunales.

La investigación realizó una cronología de las cuatro licitaciones del servicio de seguridad desde 2006 hasta la de 2022, detalló las compulsivas y voraces adendas de redeterminación de precios, las irregulares cesiones de los contratos de una empresa a otra, los servicios y productos que se pagaron y no se recibieron, la vista gorda de quienes tenían el deber de analizar y observar cada paso, y hasta encontró decisiones insólitas del Directorio en busca de impunidad como la aprobación de una “autoindenmidad” para todos los gerentes y síndicos de ENERSA y la contratación de un seguro de responsabilidad civil para ellos mismos, poco antes del cambio de gobierno en 2023.

También se informó que los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul recibieron pagos de casi 900% más de lo que la empresa les debería haber pagado por el servicio de seguridad, con un monto superior a los 1.300 millones de pesos, solo en los dos últimos años de contrato, entre 2022 y 2024. “Se duplicaba el valor del incremento de costo”, se indicó. ¿Por qué se pidió calcular solo sobre estos dos años? Porque si abarcaban los años previos, se encontrarían obligados a informar la situación al Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que investiga las coimas entre 2016 y 2019, periodo en que la empresa Securitas tuvo la concesión del servicio de seguridad. Y, al parecer, aún hay funcionarios que vienen de aquella época y no quieren que se mezclen los tantos.

La investigación chocó con algunas dificultades teniendo en cuenta que los responsables internos de la empresa habían borrado todas las pruebas posibles, como el daño y vaciamiento de los discos rígidos de las computadoras o la desaparición de los chips de los celulares corporativos.

La madre de la corruptela

Las irregularidades en la contratación, prestación y pago del “servicio de custodia, vigilancia y seguridad interna de personas, bienes y establecimientos” fueron un montón, pero la principal se trató de la fórmula polinómica de actualización de precios que tiene su origen en la licitación del año 2006, elaborada por la propia empresa oferente, no por ENERSA.

En 2005, el gobernador Jorge Busti caduca la concesión a EDERSA y se la otorga a ENERSA, una sociedad anónima con el 100% de las acciones del Estado provincial. Hasta 2006, el servicio de seguridad era prestado por ELITE. El 18 de junio de 2006 se aprueban los pliegos para el llamado a licitación del mismo, donde se aclara que “la fórmula será el único factor por el cual se podrá incrementar el costo de la hora hombre (precio unitario del servicio)”. Decía que las partes debían reunirse cada seis meses para discutirlo, de acuerdo al aumento del costo laboral y la inflación. El Directorio lo aprobó por unanimidad. 

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1170, del día 21 de mayo de 2026)