Jorge D’Agostino es actualmente diputado nacional y además presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR). Cuenta que la diputación es el primer cargo electivo que tiene y asegura que le gusta mucho la labor que se realiza en el Congreso, aunque aclara que le genera mucho cansancio por los viajes que debe realizar semanalmente, sin embargo, afirma sentirse “muy satisfecho”. Es oriundo de Viale, donde actualmente reside. Estudió abogacía en la UNL y se recibió en 1983. Además es docente en la UNER y en la UCA de Paraná.

A medida que se avanza en la investigación, la defraudación en ATER (Administración Tributaria de Entre Ríos) sigue creciendo. Ya son casi 40 millones de pesos los desaparecidos por compensaciones sin respaldo documental, pero un tercer período (2008/2004) sumaría otros 20 millones. O sea, 60 millones, que con multas e intereses se iría a casi el doble. Aparecen los mismos empresarios, muchos de ellos muy cercanos al gobierno de turno, como Pietroboni, Galuccio -también denunciado nuevamente-, Derudder, Paviotti y el hotel Salto Grande de Concordia, cuyo gerente general es Mariano Caprarulo, presidente de la Cámara de Exportadores del Citrus y una de las personas que más viajó con Sergio Urribarri por diferentes puntos del mundo. Son varios los funcionarios de Economía preocupados por el avance de la causa y no se descarta posibles renuncias. En esta edición de ANÁLISIS, un extenso informe y la nueva lista de denunciados.

Distintas localidad de la provincia de Entre Ríos ya tuvieron la visita de los evaluadores designados para llevar adelante pruebas de aptitud física, con la idea de detectar talentos que formen parte de la delegación argentina que participará de la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Es para chicos y chicas nacidos en los años 2000 y 2001.

Un fuerte debate se ha desencadenado ante el intento de la Legislatura entrerriana de sancionar una nueva ley sobre uso de plaguicidas. Distintas organizaciones cuestionan el texto porque su permisividad y reducción de controles, vulneran la salud y los ecosistemas. Además lo califican de anticonstitucional, así como violatorio de los principios de no regresión y progresividad, resguardados por tratados internacionales sobre derechos humanos. El anuncio de ciudadanos y activistas ambientales de realizar un acampe y vigilia frente a Casa de Gobierno obligó al Senado a posponer la sesión donde se iba a tratar el polémico proyecto. Igualmente se prepara una campaña de firmas y no se descarta interponer un recurso de amparo en caso de que la iniciativa prospere.