Salarios, desigualdad y pandemia

Por Antonio Tardelli (*)

Desbordado de dudas, el universo dispone hoy sin embargo de alguna que otra certeza. Por ejemplo: el mundo, ya muy desigual antes de la sopa de Wuhan, será menos equitativo todavía cuando la Tierra haya dejado atrás esta prolongada pesadilla. Otra verdad de perogrullo: todos los fenómenos sociales deberán ser observados a través de ese prisma común en que se convirtió el coronavirus.

Se trata de un caleidoscopio que en todos los terrenos (acaso con la sola excepción de la ciencia, que algo pudo haber aprendido en este tiempo) nos ofrecerá un dibujo desagradable. Mañana el mundo será peor pese a las vanas ilusiones que cierta parte de la humanidad se forjó hace quince meses. No hay remedio: el que a la pandemia ingresó perdiendo saldrá de ella perdiendo por una  diferencia mayor.

Los más débiles la han enfrentado y la enfrentan con menos recursos que el resto. A la salida estaremos más jorobados; cuando todo haya acabado volveremos a las peleas previas, a los conflictos anteriores, pero en relaciones de fuerza más desfavorables.

Eso se sabe. Se sabe también que la lucha por reducir o suprimir los abismos de desigualdad tienen que ver, antes que nada, con la transparencia. Vale para todos los temas.

Por tanto, lógicamente, también para uno en particular: el problema de los ingresos.

En su último ejemplar, la revista Por Más publicó un atractivo informe referido a los salarios que en sus diferentes niveles abona el gobierno de la provincia de Entre Ríos. El artículo, firmado por el periodista Sebastián Martínez, se titula Altibajos de una pirámide despareja.

Desde el título se advierte que la cuestión remite a un problema de proporciones. O de desproporciones. De equivalencias que faltan. De inequidades que abundan.

También tiene que ver con la opacidad. Tiene que ver con el hecho objetivo de que, a esta altura de las cosas, hay rincones del Estado que siguen siendo oscuros, inaccesibles.

Surge del artículo información relevante. Por ejemplo:

- Principal empleador de Entre Ríos, el Estado provincial destina el 80 por ciento de sus recursos a abonar sueldos y jubilaciones.

Cumplir con esas retribuciones comporta para el Estado, a valores de marzo de 2021 e incluyendo los correspondientes aportes patronales, una erogación de 10 mil millones de pesos mensuales.

Más de la mitad de los agentes públicos perciben una remuneración que está por debajo de la línea de pobreza que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha fijado en 58 mil pesos.

- El 61% de los docentes y de los policías gana menos de 50 mil pesos.

Algunas agencias del gobierno corren con ventaja: el 46 por ciento de los empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el 41 por ciento de los judiciales ganan más de 85 mil pesos.

- Varios funcionarios del Poder Ejecutivo superan los 201 mil pesos que el gobernador percibió como retribución en el mes de febrero: son entre otros el presidente del Tribunal de Cuentas (493 mil pesos), el presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (311 mil pesos), el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (280 mil pesos), el director de la ATER (276 mil pesos), el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (270 mil pesos), el presidente de Enersa (224 mil pesos), el fiscal de Estado (211 mil pesos) y el jefe de Policía (205 mil pesos).

Un senador provincial gana 455 mil pesos; un diputado, la misma cifra.

Un vocal del Superior Tribunal de Justicia percibe un salario de 872 mil pesos; el procurador general, 838 mil pesos; el fiscal general del Superior, 729 mil pesos; un juez de primera instancia, 325 mil pesos.

- La vicegobernadora cobra mensualmente 122 mil pesos.

Las autoridades de Enersa se mostraron remolonas para brindar la información requerida a través de los mecanismos legales correspondientes y que son de cumplimiento obligatorio para los funcionarios. Al responder el pedido, incluso, hicieron expresa reserva de iniciar acciones judiciales por los eventuales daños y perjuicios que a “la seguridad de las personas” pudiera ocasionar la difusión de la noticia. El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) no respondió el pedido de acceso a la información pública formulado por el periodista.

- Un asesor de cámara legislativa gana 271 mil pesos; un director de Despacho, 320 mil pesos; un secretario de cámara, 346 mil pesos.

Se trata, en fin, de un cuadro de dispersión y de desigualdad. De opacidad y de  injusticia.

Esa fotografía injusta –otra vez– no puede sino ser observada en el contexto más amplio, global, del mundo en pandemia.

Una vez que acabe todo, y el planeta enfermo dé lugar al planeta convaleciente, emergerá un escenario en el que todo estará por hacerse. Enfermo de desigualdad –de desigualdad crecida y perfeccionada–, pedirá a gritos la intervención de la política para enmendar las cosas, morigerar el daño y revertir el sentido del actual  proceso de distribución de los bienes.

La realidad exige que se opere sobre ella. Será una invitación a actuar que interpelará a miles de millones de humanos. Será una prueba que podrán asumir incluso quienes, con el optimismo de la voluntad, apostaron en algún momento a que el virus terminaría gestando un humano más virtuoso. Habrá que ver.

Ocasiones para demostrarlo no faltarán.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS

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