(De ANÁLISIS)

Desplegando una estrategia inusual, la administración entrerriana comenzó a mostrar una realidad que, como tal, es ineludible y tiene su centro en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. De diciembre a esta parte quien asumió la responsabilidad de conducir el organismo, el politólogo Gastón Bagnat, ha tratado, aplicando todos los medios legales vigentes a su alcance, de adoptar medidas que “al menos” pongan el freno a un déficit que en abril superó los 19 mil millones de pesos. 

Frigerio y el presidente de la Caja, Gastón Bagnat.

Los planes de Frigerio para salvar la Caja de Jubilaciones

Una situación que ya lleva mucho tiempo y comentarios, pero que está en un punto donde se torna ineludible buscar caminos posibles para no llegar a situaciones donde haya que aplicar hachazos en lugar de bisturí. 

Un problema heredado. Sin duda. Del que todo el arco político entrerriano y los beneficiarios del sistema previsional son conscientes. Si se mira el derrotero institucional está claro que todas las administraciones de la última década han admitido la existencia del problema, pero entre comentarios y amagues, todo siguió aumentando una bola de nieve que si no se detiene pondría en riesgo al Estado mismo. 

Si nos retrotraemos en el tiempo se puede bucear en los discursos de apertura de los períodos ordinarios de la Legislatura y en aquellas exposiciones que dan cuenta del estado general de la administración. Hubo menciones más o menos profundas sobre el tema y hasta se esbozaron compromisos para buscar soluciones que quedaron solo en eso: esbozos. 

Los más de 118 mil aportantes al sistema están pensando en jubilarse alguna vez, los 63 mil beneficiarios actuales quieren seguir percibiendo el premio de sus esfuerzos sin inconvenientes y para que todo eso suceda, aparece como ineludible plantear reacomodamientos a un sistema que cruje. 

Nada mejor que poner todo esto en contexto, para que se entienda y, sobre todo, evitar malos entendidos. 

Cuando Bagnat expresa los detalles de su gestión remarca que la idea es cumplir la ley. En el mientras tanto, así como toma contacto con el periodismo, mantiene diálogos con los bloques legislativos opositores y oficialistas. Habla con los gremios y tiene en cuenta las definiciones políticas del gobernador: sostener la Caja en la órbita provincial, no tocar las edades para acceder al beneficio y mantener el 82 por ciento móvil. 

Argumentos para el trabajo que significan un punto de partida con el que todos los actores del sistema van a coincidir. No es poco, podría arriesgarse que desde el inicio hay coincidencias y solo habrá que ocuparse de encontrar mecanismos para que la Caja siga funcionando de manera eficaz. 

El horizonte no está exento de escollos, pero se debe reconocer que se han tomado caminos hasta ahora inexplorados. Mientras se trabaja con nuevos organigramas, sin incorporar personal, se hizo un reclamo a la Nación. Entre Ríos fue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por fondos adeudados que, según los cálculos del personal de la Caja, superan los 4 mil millones por cuatro años en los que Anses no realiza transferencias. 

Es que en los años ‘90 Entre Ríos no transfirió su sistema a la órbita de la Nación y con eso preservó beneficios que se pretenden sostener. 

Contexto para el entendimiento y presentación de los márgenes de acción, para tratar de encontrar una salida que sostenga derechos que todos los beneficiarios del sistema estatal entrerriano consideran propios. 

Desde 1992, cuando se conoció un estudio actuarial del sistema previsional que sirvió de base para la tan apreciada ley 8732, ha pasado mucha agua bajo el puente. 
En tiempos de desacralización del Estado, el gobierno de la provincia encara una tarea que sus antecesores solo comentaron.