La activista Keili González exige la reincorporación de integrantes de la comunidad trava-trans a las que no se les renovó el contrato con la municipalidad.
También se aprobó que el Estado “garantizará el acceso a la vivienda a las familias trans, disponiendo del 1% del total de las adjudicaciones de lotes o viviendas con financiamiento municipal, provincial y nacional”.