Si bien se mostró de acuerdo con un “sistema progresivo” de salidas, observó como un “grave riesgo” que la repercusión por la salida de presos que cumplen condenas por delitos contra las personas, como el músico Eduardo Vásquez o el barrabrava Rubén Pintos incentive a algún legislador a reformar el sistema de salidas. “Que a nadie se le ocurra transformar o abolir el régimen de salidas transitorias de semilibertad”, pidió.
Sus palabras no fueron al azar. El magistrado habló un día después de que se conoció que diferentes bloques de la oposición impulsarán en el Congreso proyectos para reformar el régimen de ejecución de las penas y la Ley de Servicio Penitenciario. En principio, los proyectos no tendrían demasiado destino, salvo que el escándalo siga escalando y entonces al oficialismo se le haga más complicado “cajonear” las iniciativas.
Zaffaroni apuntó que en las salidas promovidas por Vatayón Militante “no ha habido irregularidad reglamentaria” pero sí aclaro que “pudo haber una imprudencia, un error político”. El juez de la Corte sugirió que hay que cuidarse de la prensa: “Los medios pueden hacer un escándalo de cualquier cosa y hay determinadas cosas que no se deben hacer para evitar un escándalo”.
El magistrado abundó en detalles y puntualizó que las salidas de Vásquez, el acusado por el asesinato de Wanda Taddei, y de Pintos, el condenado por el crimen del barrabrava de River Gonzalo Acro, fueron “con custodia y se autorizaron conforme a los reglamentos, la autoridad penitenciaria y los jueces” y explicó que también se adjudican “como premio como conducta ejemplar, estas son puntuales, sale y vuelve siempre con custodia”. Luego, agregó: “Un procesado no puede estar en peor situación que un condenado”, publicó Clarín.
El viernes, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel había juzgado como “preocupante” la “manipulación” de presos para participar de los actos K. Pérez Esquivel dijo que “no se puede hablar de reinserción social cuando se los está utilizando políticamente”. Igual, ratificó su posición de “rehabilitar” a los detenidos para su “reintegro a la sociedad”.