Milei asistió al acto de jura de los diputados electos.
Con la convocatoria a sesiones extraordinarias ya oficializada, el Gobierno nacional activó el andamiaje político y legislativo para avanzar con uno de los proyectos insignia de Javier Milei: la reforma laboral. La Casa Rosada busca acelerar los tiempos, ordenar la negociación con gobernadores y bloques parlamentarios, y garantizar que la discusión comience de inmediato en el Senado, donde se definirá el primer tramo del recorrido.
Según confirmaron fuentes oficiales, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado podría quedar constituida el jueves 11 de diciembre, y será presidida por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA). La designación constituye una excepción impulsada por el Ejecutivo para asegurar el control del debate. “Patricia encabezará los debates para la reforma laboral. Una vez aprobado y terminadas las extraordinarias, renunciará a esa comisión”, remarcaron cerca de Milei.
El período de extraordinarias, previsto entre el 10 y el 30 de diciembre —y que podría extenderse a enero de 2026 si los tiempos lo exigen— incluirá también el tratamiento del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal.
Una ofensiva política con roles estrictamente definidos
En Balcarce 50 reconocen que la reforma laboral enfrenta un escenario más complejo que el Presupuesto. “El Presupuesto siempre es más sencillo de aprobar. Las reformas son más ambiciosas y más duraderas”, admitió un legislador oficialista. Por eso el Gobierno ordenó una distribución milimétrica de responsabilidades.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, trabajan para alinear a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. En paralelo, Bullrich se concentrará en los senadores y el presidente de Diputados, Martín Menem, hará lo propio en la Cámara Baja. “Estamos ordenadísimos. Somos soviéticos. Régimen militar”, ironizó un funcionario para describir la coordinación interna.
Qué propone la reforma
El texto, elaborado por Luis Caputo, Federico Sturzenegger, María Ibarzábal, Carlos Guberman, Julio Cordero, Santiago Caputo y Juan Pazo, plantea una “modernización” integral del sistema laboral, con énfasis en la reducción de litigios y costos indemnizatorios.
Uno de los puntos centrales es clarificar aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo para limitar la discrecionalidad judicial al fijar indemnizaciones. Aunque no habrá topes —se mantiene un salario por año trabajado—, el proyecto busca reducir lo que en el oficialismo califican como “excesos” de ciertos fallos laborales.
También se prevé invertir parcialmente la carga de la prueba en casos de daños y perjuicios y establecer un criterio uniforme de actualización basado en IPC + 3% anual.
El Gobierno sostiene que la adecuación de convenios colectivos a realidades regionales permitirá generar más empleo, con incrementos estimados de hasta 17% en el noroeste argentino. Como parte de la negociación, los gremios mantendrían el control de sus cajas sindicales. Sin embargo, la resistencia persiste: el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, volvió a manifestar su rechazo tras reunirse con Santiago Caputo.
Tiempos ajustados
La intención del Ejecutivo es que la reforma obtenga media sanción en el Senado durante diciembre y que Diputados complete el trámite en febrero, antes del inicio del período ordinario. Bullrich ya se prepara para encabezar la comisión desde el 11 de diciembre y acelerar el debate para llegar al 1° de marzo con la “modernización laboral” vigente.
Mientras tanto, en el Gobierno impera el realismo: saben que el poroteo es más ajustado que con el Presupuesto, pero confían en que el ordenamiento de interlocutores y la presión política permitirán avanzar en uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión libertaria.
Fuente: Noticias Argentinas, Sofía Rojas; Ámbito, Liliana Franco.
