La defensa del exdiputado provincial (PJ)  y dirigente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, continuará batallando en los Tribunales para conseguir que la Justicia homologue el acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones. "Trabajamos en la presentación de un recurso de queja ante la Cámara de Casación Penal de Paraná", dijo el abogado Leopoldo Lambruschini, defensor del dirigente junto a Julio Federik.

La misma vía seguirá la Fiscalía, según adelantó la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, que destacó su sorpresa por la decisión del juez Garzón. Tras el fallo del 22 de octubre de 2020 firmado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa, que rechazó el abreviado por Allende, el mismo tribunal habilitó el recuso de Casación, que finalmente declaró nulo el rechazo, y habilitó la intervención de Garzón.

Este jueves, el juez de juicio Elvio Osir Garzón rechazó sendos recursos de apelación presentados por el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del exdiputado a la decisión del magistrado de rechazar el acuerdo en el cual aceptaba ser condenado al pago de una multa de $3 millones, una pena condicional de 2 años y 8 meses de prisión y el decomiso de dos propiedades. Garzón rechazó el recurso de apelación por improcedente.

"Ello así porque al ser el instituto del juicio abreviado, una salida alternativa al juicio oral y público, su rechazo de ninguna manera imposibilita, restringe ni evita que -en el caso de la Fiscalía- continúe en el ejercicio de la acción penal instaurada; y en el caso de la Defensa, que realice otra propuesta de salida alternativa ante otro Tribunal; por lo que no se revela un agravio concreto de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, fundado en que deba -eventualmente- transitarse por un juicio oral y público o aun por otro proceso alternativo de los que establece nuestro código de rito", argumentó Garzón en su resolución.

Consultado al respecto por Entre Ríos Ahora, el abogado Lambruschini señaló que trabaja en un "recurso de queja ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, a los fines de que revise la resolución del juez inferior".

"Al presentar la apelación, el juez debe realizar un control de admisibilidad formal, que quiere decir si el recurso es procedente. En este caso entendió que era improcedente y, por lo tanto, denegó que el caso pase a Casación", explicó.

Por ello, señaló que irán con un nuevo recurso ante el Tribunal de Casación, integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti.

El abreviado fallido

Un primer intento por cerrar los compromisos judiciales de Allende con un juicio abreviado había derivado en un fiasco. El 22 de octubre de 2020 un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo para el exdiputado. La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal.  El 30 de diciembre de 2020 ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado. En aquella decisión intervinieron los jueces Badano, Davite y Perotti.

Finalmente, el 5 de agosto de este año, el juez Garzón rechazó por segunda vez el acuerdo de abreviado. En su decisión, se centró en el cambio de calificación del delito por el que se le abrió una causa en 2018 tras la denuncia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, por coacciones, amenazas y violencia de género.

El fiscal Leandro Dato caratuló el caso en el abreviado como amenazas simples, cambio que el magistrado calificó como una «aberración jurídica», y dijo que correspondía al delito de coacciones agravadas. Y que ese delito tiene una pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva, mucho más alta que la acordada entre las partes en el abreviado.

Las causas acumuladas y el abreviado

Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su exDiana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.

El acuerdo entre Fiscalía y defensa establecía que Allende reconoce su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y con las características que les fueron reprochados, y acepta la pena impuesta: 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura.