Nogoyá: una demanda de desalojo complica al municipio

La Municipalidad de Nogoyá enfrenta una demanda de desalojo que inició en octubre último la Asociación Bomberos Voluntarios de esa ciudad, que procura así  recuperar el predio donde ahora funciona el Centro de Integración Comunitaria (CIC). El pleito se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1, a cargo del juez Juan Pablo Orlandi.

El CIC de Nogoyá funciona desde 2007 en un predio propiedad de Bomberos, en Marconi y Federación. El Municipio ocupó esa propiedad a partir de la firma de un contrato de comodato. Pero ese acurdo venció en 2015: entonces se pactó una renovación por 5 años más. Llegó a su fin el 15 de mayo de 2020. Desde entonces se desarrolla un pleito: el Municipio sostiene la permanencia del CIC en ese lugar; Bomberos pretende recuperar la propiedad.

El abogado Augusto Lafferriere, representante legal de la Asociación Bomberos Voluntarios de Nogoyá, afirmó que el predio que ocupa el CIC “es propiedad de Bomberos Voluntarios y a nuestro criterio está ocupando por el Municipio de Nogoyá sin título legítimo jurídico alguno que lo habilite. Por eso se emitió el mandato y se diligenció para constatar cómo es ocupado el predio para luego proceder al desalojo por la fuerza pública”.

En declaraciones a FM Del Éxodo, que reprodujo Paralelo 32, Lafferriere contó: “A esta situación se llega por una cuestión tan insólita y bizarra donde dos instituciones de bien público que representan a la comunidad como son Bomberos Voluntarios y el Municipio de Nogoyá no se han puesto de acuerdo a pesar de los intensos reclamos del propietario del inmueble para que le devuelvan el predio o bien procedan a abonar un pago mensual por el uso que están haciendo de las instalaciones”.

“No entendemos este accionar poco razonable por parte de las autoridades locales, porque no se logra vislumbrar segundas intenciones o algún rédito político. Tal vez uno en su vida privada puede actuar con cierto desapego a la ley, pero cuando representa a la comunidad no es muy decoroso que no se cumpla a rajatabla con la letra de la ley”, deslizó el abogado.

Respecto de cómo se llegó a la situación actual, detalló que durante la intendencia de Faustino Schiavoni se firmó un contrato de comodato, que se aprobó a través  del Concejo Deliberante con el correspondiente decreto municipal. Dijo que en Bomberos “se asentó todo en actas, se incluyó en los balances y se realizaron todas las formalidades para celebrar un contrato de 15 años de vigencia, venciendo en 2018. El único pago que obtendría Bomberos por ese contrato, que venía comprometida en sus números productos de la crisis del 2001, eran las mejoras en la ocupación que el municipio realizara en el lugar. Finalizado el comodato, nos encontramos con que el ocupante se niega sin fundamento alguno a devolver un inmueble ajeno. Esa es la síntesis del caso”.

En el pleito ahora intervino el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que viajó a Nogoyá y se entrevistó con el intendente Rafael Cavagna (Juntos por el Cambio) y la senadora departamental Flavia Maidana (Frente Creer). El intendente dijo que están trabajando en encontrar una solución al conflicto: si bien reconoció que el terreno es propiedad de Bomberos, dijo que las mejoras se hicieron con fondos de Nación, de Provincia y del Municipio.

Consultado por Entre Ríos Ahora, el fiscal de Estado dijo que acudió a Nogoyá para interiorizarse porque el CIC involucra fondos y acciones de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos. “Hay una causa de desalojo que todavía no fue notificada. Lo que intentamos hacer es resolver ese conflicto que implique mantener el CIC donde está, porque se han hecho construcciones que le dan un valor y una funcionalidad que no se puede dejar de lado. Además, Bomberos tiene espacio mucho más que suficiente. Ellos no acceden a firmar un contrato de locación, pero creo que se va a terminar resolviendo, con la intervención de todas las partes”, explicó.

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